San Pedro Sula, Honduras. El anuncio del Gobierno, la semana anterior, de que asumiría temporalmente el cobro del Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACVP), aplicado al precio del diésel, reabrió el debate sobre cuál es la mejor estrategia para enfrentar los altos precios de los carburantes en el mercado internacional.
La medida, equivalente a unos 12 lempiras por galón, significa, en la práctica, una eliminación temporal del impuesto para el consumidor final.
Las autoridades justificaron la decisión por el fuerte impacto que el alto costo del diésel tiene en sectores como el transporte de carga y, por extensión, en la distribución y el precio de los alimentos, la producción agrícola y la economía en general.
Sin embargo, esta acción también representa un cambio en la estrategia de las autoridades para enfrentar la crisis de precios, que durante la mayor parte del año han intentado contener mediante subsidios.
¿Cuál es, entonces, la diferencia entre ambas medidas? Y, más importante aún, ¿Cuál de las dos estrategias representa un mayor beneficio para los consumidores al menor costo para el gobierno?
Sacrificio fiscal
La ecuación parece bastante sencilla, y así lo defiende el economista Martín Barahona: los subsidios representan un gasto considerable para el gobierno y, puesto que una parte importante del costo del combustible proviene de los impuestos, parece lógico que reducirlos o eliminarlos, como se hizo recientemente con el diésel, sea la mejor solución. De esa forma, argumenta Barahona, los subsidios serían “innecesarios”.
La lógica es que recibir menos ingresos tributarios resulta preferible a gastar en subsidios. Sin embargo, la situación no es tan simple como pudiera parecer a primera vista.
De acuerdo con informes de prensa, el Estado hondureño percibe entre 12 mil y 14 mil millones de lempiras anuales mediante los impuestos a los combustibles. Por ello, eliminar o reducir estos gravámenes implicaría un considerable sacrificio fiscal para el Gobierno, equivalente a aproximadamente el 7.5% de los ingresos tributarios.
Al respecto, Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, declaró que congelar durante seis meses el impuesto a los combustibles tendría un impacto fiscal calculado en 6,600 millones de lempiras.
“Esos 6,600 no es que estén de gratis, hay que pagarlos”, comentó el funcionario, quien señaló así que sería necesario realizar ajustes en el presupuesto de las finanzas públicas para cubrir la brecha que dejaría en la recaudación la reducción o eliminación de este impuesto.
Pero entonces, ¿son los subsidios el camino a seguir?
Focalizar los subsidios
Para el analista económico Rafael Delgado, ambas estrategias representan dos caras de la misma moneda, pues las dos implican un gasto o sacrificio financiero.
“Lo común a ambas cosas es que ambas requieren de lo que llamamos un sacrificio fiscal. Aumentar el subsidio y mantener el impuesto es como meterle dinero en una bolsa y sacarle el dinero por la otra bolsa”, observa.
La principal diferencia, explica el economista, es que una medida implica menores ingresos por impuestos, mientras que la otra supone mayores gastos.
Delgado critica que, con el esquema actual de subsidios y suspensión de impuestos, se beneficia a todos por igual, independientemente de su capacidad económica.
“El subsidio es una medida que así como está diseñada en estos momentos, beneficia a todos. Al pobre que solo tiene una motocicleta y beneficia también al que tiene cinco carros en su casa”.
Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Coalición Patriótica de los Combustibles, expresa un punto de vista similar al señalar que “el 78% de los hondureños se movilizan en transporte (público)”.
Según su planteamiento, las medidas destinadas a enfrentar los altos precios solo benefician directamente a entre el 12 y el 14% de los hondureños que habitualmente se movilizan en su propio vehículo.
Delgado también observa que, por ahora, el costo de los subsidios es menor que el de la alternativa de reducir los impuestos. “Por concepto del impuesto sobre los combustibles, el año pasado creo que se recaudaron alrededor de 12 mil a 13 mil millones de lempiras, y por concepto de subsidios, el gobierno eroga alrededor de 7 mil millones de lempiras”, indica.
Por ello, considera que la estrategia de los subsidios todavía ofrece a las autoridades cierto margen de maniobra para administrar la crisis sin renunciar a parte de sus ingresos tributarios.
Sin embargo, aunque los subsidios presentan ciertas ventajas frente a la reducción de impuestos, eso no significa que deban aplicarse indiscriminadamente.
Delgado recomienda establecer subsidios focalizados en quienes más los necesitan, como las personas que se movilizan en motocicleta o quienes poseen un solo automotor.
Esta focalización es especialmente necesaria, señala Rodríguez, de la Coalición Patriótica, al advertir que “el problema que tiene (Honduras) es que las finanzas públicas son muy débiles”.
Por ello, considera que las finanzas del país no son lo suficientemente sólidas para sostener subsidios y congelamientos de precios durante períodos prolongados, especialmente cuando se desconoce cuánto durará la situación.
Rodríguez advierte que depender de los subsidios es una salida “fácil y populista”, que también resulta onerosa a largo plazo.
¿Y el ahorro?
Sin embargo, los subsidios y la reducción de impuestos no son las únicas alternativas para enfrentar las constantes alzas en los precios de los combustibles.
“Nosotros solo estamos pensando en medidas fiscales”, analiza Delgado, antes de referirse a una medida sobre la que, a su juicio, se habla poco. “Yo no he escuchado hasta ahora nada del gobierno respecto a promover el ahorro del combustible”, critica.
Rodríguez coincide con esta apreciación y propone medidas dirigidas a regular el uso del parque vehicular, entre ellas, establecer horarios diferenciados en las jornadas de trabajo y cerrar calles y carreteras en horas y lugares determinados. No obstante, lamenta que “muchas de ellas no son muy populares y por eso no lo hacen todavía”.
Por su parte, Delgado propone medidas adicionales a las implementadas hasta ahora e insta a tomar decisiones que, según señala, siguen pendientes: una renovación estructural de la red vial y la modernización del transporte público, utilizado por la mayor parte de la población.
“No solamente tenemos que trabajar en el bacheo y pavimentación de calles o apertura de nuevas calles, sino que lo que necesitamos es la creación de un sistema eficiente de transporte público de personas (...) ya hay suficientes ejemplos de ciudades latinoamericanas que han trabajado en la estructuración de un sistema de transporte público que resulta beneficioso, porque no solamente descongestiona calles, sino que mejora también el aire de la ciudad, menos estrés en el ciudadano y redunda en otros beneficios”, plantea.
En síntesis, el Gobierno ha privilegiado los subsidios porque permiten intervenir de forma temporal y gradual en los precios, mientras que economistas y otros sectores han planteado la reducción de impuestos como una medida más directa, aunque considerablemente más costosa en términos de recaudación.
El problema de fondo radica en cómo equilibrar el alivio para los consumidores sin desmedro de las finanzas públicas.
