Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno colocó un freno temporal al encarecimiento del diésel, pero no eliminó el impuesto que grava este combustible ni abrió la puerta, por ahora, a una reducción sostenida de su precio.
Lo anunciado este sábado es una medida de estabilización por 30 días mediante la cual el Estado absorberá L12.01 por cada galón de diésel vendido en el país, un monto prácticamente equivalente al componente que actualmente se paga por concepto del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).
En términos prácticos, el consumidor no debe esperar encontrar el este lunes un diésel L12 más barato. El dinero que asumirá el Gobierno servirá primero para neutralizar el fuerte aumento que, según las autoridades, debía aplicarse en la nueva estructura semanal de precios.
“Lamentablemente para este próximo lunes el impacto iba a ser bastante grande”, explicó el ingeniero Fernando Lobo durante la conferencia en Casa Presidencial. La decisión, agregó, permitirá que “no haya movimiento de precios” en esta ocasión.
Ese detalle cambia sustancialmente la lectura del anuncio: los L12 no representan necesariamente una rebaja sobre el precio que actualmente aparece en las estaciones, sino una barrera para evitar que el consumidor absorba un nuevo incremento.
La propia Secretaría de Energía definió el mecanismo como una medida temporal para “estabilizar” el diésel. Comenzará a aplicarse el lunes 5 de octubre y tendrá una vigencia inicial de 30 días.
El impuesto no desaparece
De acuerdo a lo explicado por los funcionarios en la conferencia de prensa ofrecida este sábado 3 de octubre, en el marco del anuncio, es que el ACPV no fue eliminado.
Las autoridades aclararon que el Gobierno asumirá durante un mes un valor equivalente a ese componente tributario, pero jurídicamente no se trata de una derogación permanente del gravamen.
La tarifa vigente del ACPV para el diésel equivale a US$0.4466 por galón, según los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas. Esa carga fue establecida después de las modificaciones hechas en 2022 y, convertida al tipo de cambio utilizado actualmente en la estructura de precios, ronda los L12 por galón.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, insistió en que el Ejecutivo trasladará temporalmente ese costo de la bomba al presupuesto estatal. “Dejará de pagarlo el pueblo hondureño y lo va a asumir el Gobierno de la República”, explicó.
La diferencia no es menor. Una eliminación definitiva del impuesto reduciría de manera estructural uno de los componentes internos de la fórmula de precios. Lo adoptado ahora mantiene intacta esa estructura, pero durante 30 días será el Estado el que financiará una parte del costo.
Una respuesta después de semanas de presión
La medida tampoco llega en un vacío. Durante septiembre, el precio de los carburantes provocó protestas, paralizaciones y sucesivas reuniones entre transportistas, Gobierno y Congreso Nacional.
Solo esta semana hubo interrupciones del transporte en Cortés y Lempira, mientras días antes conductores habían realizado bloqueos en San Pedro Sula y otros puntos de la zona norte por el encarecimiento de los combustibles.
El 30 de septiembre, representantes del transporte urbano, interurbano, carga y taxis participaron en reuniones con autoridades, pero las conversaciones concluyeron sin un acuerdo definitivo y con la decisión de continuar trabajando en mesas técnicas. Entre las propuestas que llegaron a discusión estaba precisamente la reducción de la carga impositiva sobre los combustibles.
El dirigente interurbano Hedman Tinoco había advertido días antes que, sin apertura al diálogo, sectores del transporte estaban dispuestos a movilizarse en las calles. Las propias autoridades reconocieron este sábado esa presión.
“Esto obedece a ese clamor que ha tenido la población y algunos sectores a que este impuesto sea eliminado”, señaló el secretario de Energía, Eduardo Oviedo, aunque inmediatamente precisó que la respuesta gubernamental no consiste en desaparecer el ACPV, sino en asumir temporalmente su equivalente. El alivio, por tanto, funciona también como una válvula para uno de los sectores más sensibles al precio del diésel.
¿Por qué primero el diésel?
El diésel mueve buena parte del transporte público, los autobuses interurbanos, camiones, cabezales, maquinaria agrícola y vehículos utilizados en la distribución de mercadería.
Cuando aumenta, el impacto no queda limitado al propietario de un automóvil. Puede trasladarse al costo de movilizar alimentos, materias primas, productos terminados y pasajeros.
Hernández Hércules explicó que esa fue precisamente la razón para priorizarlo. “Es el combustible que más se utiliza para el transporte público, para el transporte de carga pesada y para aquellos menesteres que le van a llegar al pueblo hondureño”, señaló.
Durante 2026 el comportamiento del diésel ha sido particularmente fuerte. En San Pedro Sula pasó de L81.27 por galón a principios de año a L144.14 a finales de septiembre, un incremento de 77.36%, según datos publicados esta semana por LA PRENSA.
En ese contexto, L12 equivalen a poco más del 8% de un galón cercano a los L144. Sin embargo, ese porcentaje no significa que el consumidor recibirá ahora una reducción en esa proporción: el Gobierno utilizará el dinero para absorber las nuevas variaciones que se produzcan durante la vigencia de la medida.
El costo se mueve de la bomba al presupuesto. El alivio tampoco significa que esos L12 desaparezcan de la economía. Lo que cambia es quién los paga. En lugar de cargarlos directamente al consumidor, durante los próximos 30 días saldrán de los recursos públicos.
Hernández Hércules reconoció que se trata de dinero que originalmente no estaba destinado a ese propósito y que Finanzas deberá identificar partidas dentro del presupuesto vigente para cubrir el compromiso.
“Vamos a darle los 12 lempiras, ¿de dónde tenemos que quitar? Tenemos que buscar dentro de los renglones contingenciales cómo vamos a afectar el presupuesto vigente”, explicó.
El funcionario habló incluso de un impacto que, considerando el conjunto del esfuerzo alrededor del diésel durante el ejercicio fiscal, “podría llegar” a L1,000 millones, aunque durante la conferencia no presentó un cálculo específico del costo exclusivamente atribuible a los 30 días anunciados.
La dimensión fiscal es importante porque el ACPV constituye una fuente relevante de ingresos públicos. Solo en 2024 la recaudación total vinculada al Aporte Social y Vial ascendió a L12,014.8 millones, de acuerdo con Finanzas.
En los registros acumulados de 2026, Finanzas reportaba hasta julio L2,788.79 millones bajo el concepto de “Aporte Vial y Gasto Social” dentro de los ingresos de la Administración Central.
Por eso, cualquier alivio financiado por el Estado tiene una contrapartida: menos ingresos disponibles o la necesidad de reasignar recursos desde otros renglones.
Hernández Hércules afirmó que el Gobierno tendrá que hacerlo respetando la Ley de Responsabilidad Fiscal y la meta de déficit establecida para el año.
El problema está más allá del impuesto
El ACPV es solo una pieza de la estructura. Las autoridades insistieron en que aun si el Estado renunciara temporalmente a parte de la carga tributaria, Honduras continúa expuesta a factores externos sobre los cuales tiene poco control.
Eduardo Oviedo mencionó el aumento de los fletes marítimos, seguros y costos de refinación, además del comportamiento cambiario. “Hay que ser claros: no solamente es un tema de impuestos”, señaló.
Ese punto ayuda a explicar por qué las autoridades evitan prometer una caída del combustible en las próximas semanas.
Incluso cuando disminuye el precio internacional del petróleo crudo, la reducción no necesariamente aparece inmediatamente en los derivados. Entre el barril y la bomba intervienen procesos de refinación, transporte, almacenamiento, seguros, márgenes de comercialización, impuestos y tipo de cambio.
Para Honduras hay un elemento adicional: los combustibles son comprados en dólares. Una depreciación del lempira puede encarecer la factura local aun cuando otras variables externas den algún respiro.
“Rebajas en este momento no existen”
Fernando Lobo fue todavía más claro al referirse a las expectativas que puede generar el anuncio. “Rebajas en este momento no existen”, dijo, y definió las intervenciones gubernamentales como ayudas para “paliar el precio real”.
La administración puede amortiguar una parte del golpe usando fondos públicos, pero no está modificando los factores que determinan el precio de importación. Según Lobo, la volatilidad internacional continúa y el Ejecutivo no anticipa una normalización inmediata.
Por eso, la promesa oficial para los próximos 30 días no es un diésel más barato, sino intentar mantenerlo estable mientras el Estado cubre parte de las alzas.
¿Y la gasolina regular y superior?
El alivio tampoco se extenderá bajo el mismo mecanismo a todos los combustibles. Para la gasolina regular continuará el esquema mediante el cual el Gobierno absorbe el 70% de los incrementos semanales.
En el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico, Energía anunció que durante octubre se mantendrá un apoyo de L54 por cilindro. Para la gasolina superior no se anunció una compensación similar.
Las autoridades adelantaron, además, que pretenden focalizar progresivamente los apoyos para evitar subsidios generalizados de alto costo fiscal.
El Gobierno dejó abierta la posibilidad de evaluar la medida una vez concluido el mes. Eso significa que, terminado el plazo, existen varios escenarios: extenderla, modificarla, sustituirla por un mecanismo más focalizado o permitir nuevamente que las variaciones completas regresen a la estructura de precios. Todo dependerá del comportamiento internacional y del espacio fiscal disponible.
Mientras tanto, el Ejecutivo también prepara medidas de ahorro dentro de las instituciones públicas. Fernando Lobo adelantó que el presidente Nasry Asfura anunciará acciones dirigidas a reducir el consumo de electricidad y combustibles en el aparato estatal.
El anuncio del diésel, por tanto, contiene el problema inmediato, pero no elimina la presión de fondo. Después de un año en el que el combustible utilizado por buses, camiones y buena parte de la actividad productiva ha subido más de 70%, el Estado decidió interponerse durante un mes entre el precio real y el consumidor.
Por ahora, esos L12 serán pagados desde el presupuesto y no directamente en la estación de servicio. Pero si las condiciones internacionales permanecen adversas, la discusión dentro de 30 días volverá al mismo punto: cuánto del aumento puede seguir absorbiendo el Estado y cuánto terminará llegando nuevamente al bolsillo de los hondureños.
