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Honduras enfrenta un escenario de violencia marcado por el "sicariato, los asesinatos por encargo y las disputas territoriales entre estructuras criminales", según el análisis del criminólogo Leonardo Pineda.
El especialista señaló que las muertes violentas responden a múltiples factores y advirtió que el fenómeno no puede atribuirse a una sola causa. Entre ellos mencionó el crimen organizado, la delincuencia común, el narcotráfico, las maras y pandillas, los conflictos territoriales, los problemas económicos y el machismo.
En las últimas 72 horas, Honduras registró el asesinato violento de seis mujeres en diferentes regiones del país. Los hechos se registraron en distintos puntos del país durante el fin de semana y el inicio de esta semana.
Entre los casos se encuentra el de Levis Pascual y Anayeli Raquel Gómez, una pareja que fue reportada como desaparecida el pasado 14 de agosto y cuyos presuntos restos calcinados fueron encontrados el 15 de agosto en Tambla, Lempira.
Ese mismo fin de semana, Dilmer Murillo y Yaneli Castro fueron asesinados a balazos en Victoria, Yoro.
A estos casos se suma el asesinato de Sharon Núñez, de 41 años, ocurrido en Tegucigalpa, así como la muerte violenta de Cindy Alvarado, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en un motel de Siguatepeque.
En Roatán, el sábado fue asesinada Daniela Ramos, de 18 años, mientras que el lunes Jackelinen Ramírez fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Tocoa, Colón. Según el Centro de Derechos de Mujeres, se contabilizan 164 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va de 2026.
Para el criminólogo, la complejidad del fenómeno exige respuestas desde diferentes instituciones y no únicamente un incremento de la presencia policial.
Más allá de las cifras de violencia, uno de los principales desafíos continúa siendo el esclarecimiento de los crímenes y la judicialización de los casos.
Pineda considera que estos datos evidencian que la respuesta del Estado no puede limitarse a incrementar la presencia policial.
A su criterio, también es necesario fortalecer las capacidades de investigación criminal, el Ministerio Público y el sistema judicial para lograr que los responsables de los crímenes sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley.
“No solamente se trata de llenar de policías y militares las calles”, planteó el analista, quien considera necesario trabajar también en las causas sociales que alimentan la violencia.
Mientras las autoridades investigan los casos más recientes, detrás de cada expediente permanecen familias que esperan respuestas, así como madres, hijas, parejas y comunidades que exigen conocer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables.