San Pedro Sula, Honduras. El alcalde Roberto Contreras pedirá hoy a la Corporación Municipal que apruebe una licitación privada y con urgencia para comprar aires acondicionados, una adquisición presupuestada en L5 millones.
Según la moción a la que tuvo acceso LA PRENSA, la propuesta busca declarar de urgencia la adquisición de unidades de climatización tipo VRF y aires acondicionados convencionales, además de autorizar que la contratación se realice mediante una licitación privada.
La iniciativa surge luego de que el concurso público LPN-MSPS/GA-01/2026 fuera declarado fracasado el 29 de septiembre de 2026, mediante el punto 14 del acta 24 de la Corporación Municipal.
El procedimiento recibió una sola oferta, pese a que cuatro empresas habían mostrado interés en participar según el acta donde se declaró fracasado el procedimiento.
De acuerdo con el expediente, las empresas interesadas fueron Aire de Honduras, Josué Abilio Parada Fonseca, quien participa comercialmente como Brycal, Reyca Air y Soluciones Ideales. Sin embargo, únicamente Aire de Honduras presentó una propuesta económica, por aproximadamente L3.42 millones.
La comisión evaluadora descalificó esa oferta al identificar incumplimientos en la documentación relacionada con la presentación de la propuesta, los documentos de mantenimiento y el formulario de precios.
Según la moción, la Gerencia Administrativa emitió el 30 de septiembre una justificación técnica en la que calificó de apremiante urgencia la contratación del sistema de climatización. El documento sostiene que no es posible repetir un nuevo proceso de licitación pública, en referencia a la Ley de Contratación del Estado.
Equipos deteriorados
La necesidad de renovar los equipos está respaldada por informes técnicos que advierten sobre el deterioro del sistema de climatización instalado en las dependencias municipales.
Cabe señalar que las oficinas donde se brinda atención a los contribuyentes se encuentran en su mayoría en Galerias del Valle, Edificio Plaza, la Gran Vía, donde permanecieron exempleados reintegrados y sin funciones aguantando calor y en condiciones que hasta Derechos Humanos documentó.
De acuerdo a las justificaciones la Municipalidad de San Pedro Sula identificó la necesidad de adquirir unidades de climatización tipo VRF y aires acondicionados convencionales para garantizar condiciones ambientales adecuadas en las instalaciones donde funcionan distintas dependencias administrativas.
Entre esas dependencias está incluida la oficina del alcalde, así como otras unidades que desarrollan funciones esenciales para la operatividad institucional y la atención a los ciudadanos.
Las evaluaciones identifican problemas como fugas de refrigerante, corrosión, deficiencias eléctricas, desgaste de ventiladores, fallas en los termostatos y daños en los compresores.
Según los técnicos, continuar con reparaciones parciales permitiría prolongar el funcionamiento de los equipos entre uno y tres años. En contraste, un sistema nuevo tendría una vida útil estimada de entre 10 y 15 años.
La Administración Municipal sostiene que estas fallas pueden afectar la atención a los ciudadanos, el desarrollo de las labores administrativas, las condiciones de trabajo del personal y el funcionamiento de los equipos tecnológicos.
L5 millones disponibles desde abril
La Dirección Técnica de Presupuesto emitió el 8 de abril de 2026 una constancia que acredita la disponibilidad de L5 millones de fondos propios municipales para financiar la adquisición que ahora es calificada de urgente.
Sin embargo, esa cantidad corresponde a una asignación presupuestaria y no representa el precio definitivo del nuevo sistema de climatización.
El costo final dependerá de las especificaciones de los equipos que se compren y de los resultados del procedimiento de contratación, si es que los corporativos aprueban la moción o prefieren por transparencia una nueva contratación pública.
Por su parte, la Procuraduría Municipal, en un dictamen elaborado el 2 de octubre de 2026, reconoce la necesidad institucional de sustituir el sistema de aire acondicionado, pero advierte que la urgencia invocada por la Administración debe acreditarse adecuadamente para justificar el uso de un procedimiento excepcional.
El dictamen no autoriza por sí mismo la contratación. Su contenido diferencia entre la necesidad de adquirir nuevos equipos y el cumplimiento de los requisitos legales para recurrir a una licitación privada.
La observación cobra importancia porque la documentación indica que la Municipalidad ya había identificado y presupuestado la adquisición meses antes.
La constancia de disponibilidad de fondos data del 8 de abril, mientras que la justificación para acudir a la modalidad privada fue emitida el 30 de septiembre, un día después de que se declarara fracasada la licitación pública.
Los regidores municipales tienen en sus manos el dictamen y deberán examinar qué motivó la urgencia y cuáles son los elementos adicionales con los que la Administración pretende justificar la licitación privada.
La moción que presentará el alcalde busca que la Corporación Municipal califique la adquisición como apremiante, apruebe la licitación privada y autorice a las dependencias correspondientes a iniciar el procedimiento.
La decisión final corresponderá a la Corporación Municipal, que deberá determinar qué circunstancias justifican recurrir a una licitación privada por urgencia para una adquisición que ya estaba contemplada en la planificación presupuestaria desde abril.
