San Pedro Sula, Honduras. Representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) llegaron ayer al edificio La Gran Vía para levantar un acta sobre la situación que atraviesan empleados municipales que fueron reintegrados por orden judicial, pero que permanecen relegados a un pasillo de un edificio donde operan oficinas municipales.
El Conadeh constató la situación de los empleados al apersonarse al edificio La Gran Vía, donde están ubicadas algunas oficinas municipales, entre ellas la Gerencia de Desarrollo Humano, el Archivo Municipal y otras dependencias.
El grupo, entre el que hay personas de la tercera edad, permanece en un pasillo de ese edificio, sin un sanitario y con altas temperaturas, según constataron inicialmente inspectores de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social tras las denuncias realizadas por los afectados.
Los empleados trabajaron durante años en distintas dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula. Algunos acumulaban más de 19 años de antigüedad y otros apenas comenzaban su vida laboral cuando fueron despedidos entre 2022 y 2023.
Según el acta de la Secretaría de Trabajo, los inspectores encontraron a trabajadores reintegrados cumpliendo su jornada en pasillos, sin escritorios, mobiliario, equipo tecnológico, herramientas ni funciones determinadas.
Además, entre el grupo hay personas de la tercera edad que ya presentan problemas de salud y han sido atendidas por personal del 911.
En el acta levantada por los inspectores de Trabajo también se describen condiciones ambientales desfavorables, entre ellas calor, polvo, radiación solar y filtraciones de agua durante la época lluviosa.
Entre los trabajadores reintegrados hay asistentes, auxiliares administrativos, policías municipales, inspectores, promotores, coordinadores y trabajadores vinculados a programas comunitarios. Fueron despedidos de sus cargos, ganaron las demandas y fueron reintegrados.
Ayer, los representantes del Conadeh se hicieron presentes en el denominado “pasillo del sufrimiento” y constataron la situación. Los empleados explicaron que les tomaron declaración, consignaron la denuncia y levantaron el listado de las personas afectadas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) es el órgano constitucional autónomo de Honduras encargado de garantizar, promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los habitantes. En este caso, su intervención está relacionada con la situación denunciada por los empleados.
Reacciona el sindicato
El presidente del sindicato, Ramiro Amaya, explicó que fue informado de la situación, y añadió que esta semana la Secretaría de Trabajo, por medio de la Inspectoría, hará la comprobación para verificar si la municipalidad subsanó las infracciones señaladas en el acta de emplazamiento.
Posteriormente, si no se subsanaron las infracciones, se procederá a aplicar multas, que son individuales. Aún pendiente queda una audiencia de descargo para evitar llegar al pago de la multa, que se aplica de manera individual por cada uno de los afectados.
Las resoluciones judiciales que aparecen como antecedente del expediente ordenaron la reincorporación de los trabajadores y el pago de sus derechos.
Todas esas demandas suman casi 22 millones de lempiras que la alcaldía debe pagar y la cantidad sigue subiendo al no cumplir las sentencias judiciales, informe algunos abogados a LA PRENSA.
Esos 22 millones corresponden a salarios caídos, prestaciones, intereses y otros beneficios que han dejado de percibir, según los apoderados legales de las personas afectadas.
La gerente de Desarrollo Humano, Tania Zúniga, explicó que en una sesión corporativa donde se abordó el tema de los despidos y reintegros se informó que actualmente la municipalidad tiene que pagar L48 millones por demandas laborales.
Hay que señalar que la Corporación Municipal ya está al tanto de lo que ocurre, según consta en el acta de la sesión corporativa ordinaria realizada el viernes 14 de agosto de 2026.
En esa sesión, el regidor Armando Calidonio solicitó que se brinde al Pleno Corporativo un informe detallado de las deudas correspondientes a demandas laborales que cuentan con sentencia firme, incluyendo la cantidad de estas y los nombres de los demandantes. Fue entonces cuando el alcalde Roberto Contreras pidió a la gerente de Desarrollo Humano su participación.
