San Pedro Sula, Honduras. Durante años trabajaron en distintas dependencias de la Municipalidad de San Pedro Sula. Algunos acumulaban más de 19 años de antigüedad y otros apenas comenzaban su vida laboral cuando fueron despedidos entre 2022 y 2023, durante la primera administración del alcalde Roberto Contreras.
Después de permanecer entre dos y cuatro años fuera de la comuna, varios ganaron sus demandas y fueron reintegrados a sus puestos por orden judicial. Sin embargo, una inspección de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social constató que su regreso no significó recuperar las condiciones laborales que tenían antes.
La Secretaría de Trabajo encontró a trabajadores reintegrados cumpliendo su jornada en pasillos, sin escritorios, mobiliario, equipo tecnológico, herramientas ni funciones determinadas.
En un acta levantada por los inspectores de trabajo también se describen condiciones ambientales desfavorables, entre ellas calor, polvo, radiación solar y filtraciones de agua durante la época lluviosa.
Despidos y demandas ganadas
La historia comienza entre 2022 y 2023 en la primera administración de Roberto Contreras. Según el acta emitida por la Secretaría de Trabajo, 23 trabajadores, entre ellos asistentes, auxiliares administrativos, policías municipales, inspectores, promotores, coordinadores y trabajadores vinculados a programas comunitarios, fueron despedidos de sus cargos, ganaron las demandas y fueron reintegrados.
No todos eran empleados recientes. El expediente registra casos como el de Serafín Castellanos Fernández , quien acumulaba 19 años y 19 días de antigüedad al momento de su despido. Otros tenían más de seis, siete, nueve, 12 o incluso 16 años de servicio.
Las resoluciones judiciales que aparecen como antecedente del expediente ordenaron la reincorporación de los trabajadores y el pago de sus derechos. En resumen, ganaron sus demandas laborales.
Todas esas demandas suman casi 22 millones de lempiras que la alcaldía debe pagar y la cantidad sigue subiendo al no cumplir las sentencias judiciales, informe algunos abogados a LA PRENSA.
Esos 22 millones corresponden a salarios caídos, prestaciones, intereses y otros beneficios que han dejado de percibir según los apoderados legales de las personas afectadas.
La Secretaría de Trabajo explica que las sentencias establecían el retorno a los cargos que desempeñaban anteriormente o puestos equivalentes en categoría, funciones, remuneración y condiciones laborales, pero no ocurrió así.
La mayoría comenzó a regresar a la Municipalidad el 2 de febrero de 2026, otros fueron reincorporados durante enero y febrero, pero al día de hoy no tienen funciones asignadas y deben esperar la decisión de los encargados, en un pasillo.
Tras ganar sus casos en los juzgados y conociendo el don humano que el alcalde Roberto Contreras y su esposa, Zoila de Contreras, dicen tener, ellos esperaban que sus derechos fueran respetados.
La realidad quedó evidenciada el 12 de mayo de 2026, cuando un inspector de Trabajo realizó una inspección extraordinaria en el cuarto nivel del edificio Gran Vía, ubicado en la esquina opuesta de la municipalidad sampedrana.
En ese edificio y en ese nivel se encuentran la Gerencia de Recursos Humanos, el Archivo Municipal y otras dependencias municipales.
La investigación había sido solicitada a raíz de denuncias presentadas por trabajadores de la Municipalidad y por la representación sindical del SIDEYTMS.
Uno de los objetivos era determinar si se estaban cumpliendo materialmente las sentencias de reintegro y si existían condiciones laborales adecuadas para quienes habían regresado.
Lo que encontró el inspector quedó plasmado en el acta y se evidencia en fotografías, donde se observa a los trabajadores durante su jornada en un pasillo de circulación, no en puestos de trabajo habilitados.
El acta señala que debían cumplir horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 5:00 de la tarde, pero que permanecían período durantes prolongados en situación de inactividad por falta de asignación de tareas determinadas.
La misma Secretaría de Trabajo concluye que el espacio es un área de circulación interna de visitantes, usuarios y empleados, no un área destinada a prestar servicios laborales.
El acta describe la contradicción de los trabajadores que deben cumplir una jornada ordinaria, pero que, según la inspección, permanecían en inactividad por falta de tareas.
La autoridad laboral demostró además que esto evidencia una falta de restitución material de las condiciones inherentes a los puestos reconocidos judicialmente.
Condiciones inhumanas
Pero las dificultades no terminan con la falta de funciones. El lugar donde permanecen los trabajadores, según la inspección, los exponen a condiciones ambientales desfavorables, entre ellas calor, polvo, radiación solar y filtraciones de agua durante la época lluviosa.
También se señaló la falta de un espacio adecuado para consumir alimentos y la ausencia de suministro permanente de agua potable.
Las condiciones sanitarias fueron otro punto observado: el acta indica que uno de los dos servicios sanitarios de la oficina de Archivo Histórico, situado en el mismo piso donde se encuentra la Gerencia de Recursos Humanos, es compartido con más de 40 empleados que permanecían en el pasillo.
Durante la inspección, la Secretaría requirió a la Municipalidad que acreditara la fecha efectiva de reincorporación de los trabajadores al régimen obligatorio del IHSS y demostrara la continuidad de las cotizaciones.
Pero, según el acta, la Municipalidad no presentó la información y documentación necesaria para verificar el cumplimiento de esas obligaciones.
Por eso, la autoridad laboral requirió que se presentaran informes, planillas y comprobantes de pago que permitieran determinar la continuidad de las cotizaciones y evitar afectaciones en los períodos de afiliación y derechos de seguridad social.
El expediente incorpora, además, un episodio que agrega tensión a la relación entre algunos empleados reintegrados y la administración.
Así, el expediente revela que el conflicto no se limita a dinero o condiciones físicas. También existe una disputa alrededor de cómo se está desarrollando la relación laboral después del reintegro.
El presidente del Sindicato municipal, Ramiro Amaya, dijo que han buscado un acercamiento con las autoridades, pues son 26 empleados en problemas en este momento.
“Ellos denunciaron en la unidad de inspección del Ministerio de Trabajo y la secretaría falló a favor de ellos”, indicó.
"Es lamentable porque las condiciones en que están los compañeros es grave. El ambiente en que están no reúne las condiciones, les pagan y sin hacer nada, dentro de ese grupo estaba, Marta Dolores Rivera Pineda, una empleada que tenía problemas de salud y se agravó por la situación muriendo en julio reciente", reveló el presidente del sindicato.
“Hay personas que se han visto afectadas de la presión y el 911 ha tenido que llegar a asistirlas, aun enfermos llegan a ese pasillo porque tienen miedo de que los despidan”, dijo.
Estamos claros que la Corporación Municipal aprobó una partida para pagar los derechos laborales de las personas que despidieran y existe una sentencia judicial y no entendemos porque no lo hacen, manifestó.
LA PRENSA buscó en su oficina a la Gerente de Recursos Humanos de la municipalidad, Tania Ortiz, pero no se encontró en su lugar de trabajo.
De acuerdo a un acta corporativa del mes de junio se aprobaron L55 millones para pagar compromisos laborales con los trabajadores por lo que el dinero está en las arcas municipales para cumplir los compromisos.
