La apresurada licitación pública lanzada por el gobierno saliente de Xiomara Castro para encontrar un nuevo operador de Base Fija (FBO) del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales respondería más a intereses particulares que a un objetivo de mejorar la calidad de los servicios aeronáuticos, según expertos consultados.
El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) publicaron los términos de referencia para la administración de un espacio privado dentro del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, específicamente el área donde funcionaba la antigua terminal de pasajeros y que actualmente es utilizada para vuelos privados.
La licitación pública nacional LPN-EHISA-SAN-035-2025, abierta a empresas nacionales y extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos, tiene como objetivo seleccionar a un Operador de Base Fija (FBO, por sus siglas en inglés) encargado de atender vuelos privados y ejecutivos. El operador deberá gestionar hangares, plataformas, salas VIP y otros servicios vinculados a la aviación corporativa y privada.
El proceso contempla un área total de 15,652 metros cuadrados, distribuidos en 4,152 metros cuadrados de oficinas y hangares, así como 11,500 metros cuadrados de plataforma, con ocho posiciones para aeronaves tipo A-B y dos para helicópteros.
El adjudicatario asumirá la administración integral del espacio, incluyendo mantenimiento, reparación de instalaciones, atención al cliente y prestación de servicios complementarios como transporte terrestre, catering y planificación de vuelos.
Además, deberá garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de aviación civil, seguridad operacional y medioambiente. La licitación fue publicada el 26 de diciembre de 2025 y establecía como fecha límite para la presentación de ofertas el 8 de enero de 2026, dejando menos de dos semanas hábiles para la preparación de propuestas técnicas y económicas.
Horas después de hacerse público el proceso, el Gobierno amplió el plazo hasta el 14 de enero, otorgando seis días adicionales. La modalidad contractual será un arrendamiento neto triple, bajo el cual el operador asume todos los costos de operación y mantenimiento, mientras SAN y Ehisa conservan la propiedad y supervisión del espacio.
Tras el paso de las tormentas Eta e Iota en octubre y noviembre de 2020, Ehisa, como administradora del aeropuerto, otorgó a la organización sin fines de lucro Aeroclub San Pedro Sula la administración de la terminal antigua, donde opera el FBO, conocido como vuelos privados. Previamente, InterAirports había operado esta área mediante concesión, al igual que los cuatro aeropuertos internacionales del país.
Las instalaciones fueron recibidas en condiciones precarias debido a los daños ocasionados por las inundaciones. La organización tuvo que realizar una inversión cercana al millón de lempiras, financiada mediante un préstamo, para restaurar y habilitar el espacio en tiempo récord. Durante ese proceso también se detectaron inconsistencias administrativas.
Desde entonces, el contrato ha sido ampliado anualmente por períodos de 12 meses y se han ejecutado inversiones superiores a los seis millones de lempiras para mejorar la logística y la calidad del servicio.
Pese a estos esfuerzos, el Gobierno no notificó al actual operador sobre el lanzamiento de la licitación. La organización decidió no participar debido a las condiciones establecidas, entre ellas la obligación de asumir el mantenimiento de una plataforma que actualmente se encuentra en mal estado.
El contrato tendría una vigencia de un año y requeriría una inversión aproximada de 7,000 lempiras por metro cuadrado. Multiplicado por los 11,500 metros cuadrados de la plataforma, el monto asciende a unos 80.5 millones de lempiras, una cifra que expertos consideran inviable de recuperar en tan corto plazo.
Operan en promedio 15 vuelos privados internacionales
“Las bases de licitación son ridículas. Darle mantenimiento a esa plataforma con un contrato de un año no es viable para nadie en su sano juicio, porque la inversión no se recupera. Parece que estuvieran hablando de una terminal comercial o de carga que genera millones de lempiras al año”, afirmó uno de los expertos consultados.
También se señala que la operatividad del restaurante, que también funciona como sala de espera, una área que era antes un basurero, sería operada por otro licitante.
Actualmente, operan en promedio 15 vuelos privados internacionales y unos 10 vuelos privados nacionales al mes. Sumando los vuelos de las tres escuelas de aviación que funcionan en el lugar, el promedio mensual ronda los 50 vuelos. Estas escuelas no pagan tarifas de aterrizaje como parte de una política de Aeroclub de fomentar la aviación en Honduras.
Los ingresos mensuales ascienden a unos 800,000 lempiras, de los cuales alrededor de 300,000 se destinan al pago de planilla de unos 15 empleados, 200,000 al mantenimiento y un 6 % de los ingresos brutos se paga como canon al Estado.
Un plan de inversión de seis millones de lempiras para la construcción de dos hangares grandes, uno mediano y mejoras a la casa club no pudo concretarse debido a la falta de respaldo de las autoridades responsables de la operatividad del aeropuerto.
Entre los requisitos técnicos y operativos de las bases de licitación piden experiencia en la operación o gestión exitosa para la administración de un FBO, capacidad para ofrecer un servicio al cliente profesional, cortés y atento en todas las fases de las transacciones de FBO.
Todo titular de un certificado de operador de servicios especializados aeroportuarios habilitado en servicios de operador de base fija, deberá contar con el certificado de operador de servicios especializados aeroportuario emitido por la AHAC (Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil) así como vehículos e insumos adecuados según los servicios que brinde.
Aunque ya se mencionan nombres de empresarios y escuelas de aviación interesados en presentar ofertas, uno de los requisitos exige experiencia comprobada en la operación o gestión exitosa de un FBO, condición que sí cumple el actual operador, que ha manifestado su disposición a someterse a una evaluación y a renegociar condiciones contractuales.
“Para cumplir con los requisitos de la licitación, el operador tendría que triplicar o cuadruplicar los precios de renta de hangares, oficinas y servicios, lo que afectaría directamente a la aviación en Honduras”, advirtió el experto.
Para diversos sectores, el gobierno saliente de Xiomara Castro debería abstenerse de impulsar este tipo de procesos a pocas semanas de que Nasry Asfura, presidente electo para el período 2026-2029, asuma el cargo.
