Tegucigalpa, Honduras. La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales busca fortalecer la posición de Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en medio del proceso de evaluación que enfrenta el país para demostrar avances en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Honduras inició en agosto de 2026 su proceso correspondiente a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafi, un examen que contempla 18 meses y que incluye una visita in situ en mayo de 2027, así como la presentación del informe final en diciembre de ese año.
El país debe demostrar la efectividad de su sistema de prevención y control de delitos financieros, después de haber superado su cuarta evaluación en 2015.
La aprobación de este examen es clave para evitar que Honduras sea incluida en la lista de jurisdicciones bajo vigilancia intensificada, conocida como lista gris, del Gafi. Esta clasificación puede encarecer las transacciones bancarias internacionales, dificultar la cooperación financiera y afectar la inversión extranjera.
Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró a LA PRENSA que la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento ilícito es un compromiso que todos los sectores deben respaldar.
"Honduras necesita cumplir con los estándares internacionales, incluyendo las recomendaciones del Gafi, para proteger la reputación del país, mantener la confianza del sistema financiero y evitar consecuencias negativas como ingresar a listas que podrían afectar la inversión, el comercio y el acceso a servicios financieros internacionales", explicó Sikaffy.
Ley busca fortalecer la transparencia financiera
La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, publicada el 3 de julio de 2026 mediante el Decreto No. 127-2026, establece nuevas medidas para fortalecer la transparencia financiera, combatir el lavado de activos y la corrupción, y mejorar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
La normativa también busca facilitar el acceso de Honduras a financiamiento de organismos internacionales y contribuir a que el país permanezca fuera de las listas gris y negra del Gafi.
La legislación crea el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), que será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través de una base de datos de carácter confidencial.
El registro aplica a todas las personas jurídicas y estructuras jurídicas, nacionales o extranjeras, que operen en Honduras.
La ley establece que será beneficiario final la persona natural que posea, directa o indirectamente, el 25% o más del patrimonio o capital social, o que ejerza el control efectivo por otros medios.
Si no es posible identificar a una persona bajo esos criterios, deberá registrarse de forma temporal al funcionario administrativo de mayor jerarquía, como el gerente general o administrador.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa será sancionado con multas que van de 20 a 500 salarios mínimos. En caso de reincidencia, la sanción se duplicará.
La CNBS prevé habilitar el RCBF a inicios de 2027 mediante una plataforma digital. Actualmente realiza una prueba piloto, del 29 de octubre al 30 de noviembre, con acompañamiento personalizado para las empresas participantes.
Una vez habilitado oficialmente el sistema, las entidades obligadas tendrán seis meses para presentar su primera declaración.
Honduras debe demostrar efectividad ante el GAFI
Gustavo Solórzano, comisionado propietario de la CNBS, manifestó en una entrevista con LA PRENSA que la Ley del Beneficiario Final busca fortalecer la posición de Honduras ante el Gafi, contribuir a mantener al país fuera de las listas gris o negra y facilitar el acceso a préstamos internacionales.
Solórzano explicó que el Gafi ha emitido 40 recomendaciones al país, centradas en 11 resultados inmediatos que evalúan el cumplimiento y la efectividad de las medidas contra el lavado de activos.
Destacó que Honduras no contaba con la Ley del Beneficiario Final durante su última evaluación, hace 10 años. “Evaluará la ley y también su efectividad”, acotó Solórzano.
El comisionado señaló que también están pendientes otras normativas, como el registro de proveedores de servicios de activos virtuales.
La evaluación del Gafi comenzó en agosto, contempla una visita in situ en mayo de 2027 y la presentación del informe en diciembre de ese año.
“De aprobar se resaltaría la imagen de país, que Honduras cuenta con mecanismos para prevenir el lavado de activos”, concluyó.
Transparencia y financiamiento internacional
Lenín Palencia, economista y analista financiero, declaró que una mayor transparencia fortalece la confianza de los inversionistas y facilita el acceso a financiamiento de largo plazo y con mejores condiciones.
Según Palencia, estos recursos podrían destinarse a sectores como educación, salud e infraestructura.
Por su parte, Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, explicó a LA PRENSA que la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales es clave en el marco del proceso de evaluación del Gafi y la lucha contra el lavado de activos.
“Permite cumplir las recomendaciones del Gafi y fortalece la transparencia del país y también reduce el riesgo de lavado de activos y la corrupción”.
Canales agregó que el Gafi evalúa si las instituciones financieras tienen todos los mecanismos para detectar el lavado de activos.
Con esta legislación, Honduras busca avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atender las recomendaciones del Gafi para fortalecer su sistema de prevención del lavado de activos.
El cumplimiento de estas recomendaciones y la posibilidad de evitar su inclusión en la lista gris podrían fortalecer la confianza de bancos internacionales y organismos financieros, facilitar el acceso a financiamiento en mejores condiciones y contribuir a reducir los costos de endeudamiento público.
