Tegucigalpa, Honduras. Un severo descontrol financiero y una desviación de los objetivos institucionales marcaron el funcionamiento de la Secretaría de Planificación Estratégica, según los hallazgos del proceso de auditoría, saneamiento y liquidación encabezado por la Comisión Técnica Liquidadora.
El informe documenta contratos millonarios con ciudadanos extranjeros, gastos elevados en alquiler de edificios e infraestructura, incremento en la renta de vehículos y compra de pasajes aéreos, además de proyectos de carácter propagandístico y solicitudes políticas ajenas al desarrollo nacional.
Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, explicó que fue juramentado el 2 de marzo de 2026 y que cuatro días después acudió a la Secretaría de Planificación Estratégica para conocer la situación del personal y las condiciones financieras de la institución.
Uno de los principales hallazgos fue el crecimiento del presupuesto anual, que pasó de 74 millones de lempiras en 2022 a 458 millones en 2023, 1,002 millones en 2024 y 1,694 millones en 2025. Para el ejercicio actual, el Congreso Nacional aprobó 604 millones de lempiras destinados exclusivamente al cierre y liquidación.
Como parte de las medidas correctivas, la comisión eliminó una planilla mensual cercana a los 25 millones de lempiras, en la que figuraban más de 820 empleados. La acción permitió ahorrar más de 180 millones de lempiras en nueve meses y cubrir el pago total de las prestaciones laborales.
Millonarios gastos cuestionados
Entre los gastos cuestionados figura un contrato superior a 54 millones de lempiras, otorgado por un período de 18 meses a la empresa Consultora Iskra Global, S. de R. L. Los recursos se justificaron para realizar diagnósticos y asesorías sobre las familias más poderosas del país, así como para perfilar a medios de comunicación, periodistas y empresarios.
Según el informe, esas actividades también contemplaban promover la narrativa del socialismo democrático y editar miles de ejemplares de textos sobre fascismo y neofascismo, que habrían sido entregados a operadores políticos en Venezuela con fondos estatales. Núñez cuestionó que se pagara esa cantidad por identificar a diez familias poderosas, atacar a medios de comunicación y formular recomendaciones para difundir esa ideología.
La auditoría también identificó que en 2025 se gastaron más de 14 millones de lempiras en boletos aéreos y viáticos de hospedaje para ciudadanos de Cuba, Rusia, Argentina y Venezuela. Según el informe, los objetivos oficiales de esas visitas no estaban debidamente justificados ni documentados en las oficinas de planificación.
Núñez mencionó el caso de un profesor de ajedrez procedente de Venezuela, a quien se le habrían cubierto hotel, transporte y alimentación durante su estadía de un mes en Honduras. Según lo expuesto por el funcionario, el visitante supuestamente impartió clases a más de 600 docentes en 1,400 centros educativos durante diciembre, una actividad que cuestionó porque las escuelas estaban cerradas.
Los gastos también alcanzaron el rubro de transporte: el alquiler de vehículos superó los 20 millones de lempiras en 2025, mientras que en años anteriores el monto máximo reportado había sido de 3.3 millones. La comisión documentó, además, proyectos propagandísticos y solicitudes políticas ajenas al desarrollo nacional para su remisión al Ministerio Público.
