Tegucigalpa, Honduras. El proceso de reducción del aparato estatal ejecutado por la Comisión Técnica Liquidadora acumula más de 2,200 despidos de empleados públicos, mientras las autoridades analizan la supresión de nuevas dependencias para evitar la duplicidad de funciones y gastos presupuestarios.
Entre las estructuras estatales eliminadas mediante decretos del Poder Ejecutivo destacan la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos, el Programa de la Red Solidaria y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Como parte de la reestructuración administrativa, la Comisión Técnica Liquidadora también evalúa propuestas para fusionar o adscribir entidades como la Secretaría de la Mujer y el Instituto Hondureño de Turismo a otros despachos ministeriales.
“A nivel de comisión, hemos despedido a más de 2,200 personas. A nivel de Planificación Estratégica, yo he pagado más de 160 millones de lempiras en prestaciones”, manifestó Leonel Núñez, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora.
Paralelamente al desembolso de las prestaciones laborales, la comisión ha comenzado a remitir expedientes con posibles hallazgos de irregularidades a los organismos estatales de fiscalización y persecución penal.
Los informes entregados incluyen auditorías sobre la suscripción de convenios presupuestarios y la contratación de personal en dependencias suprimidas, donde se habrían identificado hechos que podrían trascender el ámbito administrativo.
“Se nos ha pedido información sobre algunos convenios, se nos ha pedido información sobre algunas personas; todo se ha ido entregando conforme lo han solicitado ellos”, explicó Núñez.
El funcionario detalló que la documentación aportada permite distinguir entre faltas de carácter administrativo, que podrían dar lugar a reparos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), y conductas dolosas que podrían estar tipificadas en el Código Penal.
“Yo creo que sí hay cierta información, hay ciertos hechos que constituyen delito, pero también hay ciertos hechos que constituyen reparos de parte del Tribunal Superior de Cuentas”, aseveró Núñez.
Despidos obedecieron a la supresión de instituciones
De acuerdo con las indagaciones desarrolladas durante el cierre operativo de las dependencias, los posibles hallazgos podrían derivar en investigaciones y eventuales requerimientos fiscales por delitos contra la administración pública.
Entre las figuras penales que podrían ser objeto de análisis por parte de las autoridades figuran la administración fraudulenta, la apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad y el encubrimiento en el manejo de caudales públicos.
Las investigaciones del Ministerio Público podrían requerir análisis financieros, incluida la revisión de cuentas bancarias y bienes inmuebles a nombre de exfuncionarios y personas de su entorno familiar.
“Lógicamente, un delito no se prueba solamente documental; hay que hacer una investigación, esto quiere decir revisión de cuentas, de bienes, bienes a familiares, hermanos, primos, padres, para poder saber si existe algún tipo de vinculación”, subrayó Núñez.
Respecto al perfil de los trabajadores desvinculados, las autoridades aclararon que los despidos obedecieron a la supresión de las estructuras jurídicas de las secretarías y no a criterios de filiación política. Según esa explicación, las medidas alcanzaron a empleados afiliados a distintos partidos políticos.
El cierre de la Secretaría de Planificación Estratégica implicó el desembolso de más de 160 millones de lempiras para pagar prestaciones laborales a más de 700 exempleados. Además, 153 personas promovieron acciones contencioso-administrativas.
La revisión de la eficiencia del gasto público también apunta a nuevas dependencias en las que se detecte duplicidad de atribuciones con otras instituciones del Poder Ejecutivo.
“En el caso particular, yo creo que hay una duplicidad entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Hondureño de Turismo; ahí debería cerrar una de las dos. Y yo creo que la Secretaría de la Mujer debería ser adscrita a Derechos Humanos”, enfatizó Núñez.
