La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre los procesos de supresión, liquidación y adscripción de varias secretarías e instituciones del Estado, en el que reveló una serie de hallazgos que serán remitidos a los órganos de control para su investigación.
El informe, presentado en el Salón Morazán de Casa Presidencial, fue expuesto por el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, junto a los demás comisionados, en cumplimiento del decreto PCM 04-2026.
Durante la comparecencia, los integrantes de la comisión detallaron avances financieros, medidas de redistribución de bienes estatales y posibles irregularidades relacionadas con pagos, contratos de comunicación, uso de recursos públicos y pérdida de información institucional.
Entre los hallazgos más relevantes, la comisión identificó indicios de uso de fondos públicos con fines político-partidarios, incluyendo gastos en alimentación, material promocional y servicios de difusión.
También se reportó la permanencia en planilla de personal sin evidencia de haber prestado servicios efectivos, por lo que los expedientes serán trasladados a las instancias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Otro de los puntos que encendió las alarmas fue la desaparición de memorias y discos duros de equipos institucionales. Los comisionados advirtieron que no se trata únicamente de la pérdida física de dispositivos, sino de información pública cuyo destino se desconoce.
La comisión anunció que promoverá las denuncias formales correspondientes, debido a que la pérdida o sustracción de ese material podría comprometer documentación oficial de las instituciones intervenidas.
Contratos de comunicación bajo revisión
El informe también señala registros documentales de altos costos por servicios de transmisión y difusión, con facturas que consignan valores equivalentes aproximadamente a 70,000 lempiras por minuto de transmisión.
Según la Comisión Liquidadora, esos expedientes serán remitidos a auditoría técnica y financiera para establecer si los montos contratados son razonables y si existió o no afectación al patrimonio del Estado.
La revisión alcanzará contratos, pagos, comprobantes y documentación relacionada con servicios de comunicación, difusión y promoción institucional.
Pagos y ahorro por arrendamientos
En el balance financiero, la comisión informó que se han pagado prestaciones laborales por un monto de 126,486,843 lempiras.
De esa cantidad, aún permanecen pendientes aproximadamente cinco millones 463 mil 715 lempiras con 85 centavos.
Asimismo, la Comisión Liquidadora reportó un ahorro estimado por cancelación de arrendamientos de 2,927,377 lempiras mensuales, lo que equivale a 35,127,802 lempiras al año.
Los comisionados afirmaron que estas medidas forman parte del proceso de reducción del gasto público y reordenamiento de recursos estatales.
Instituciones culturales y Red Solidaria bajo la lupa
En el informe también figuran instituciones vinculadas al área cultural y social. La Dirección General de Cinematografía aparece con más de 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales, cuya proporción entre inversión y beneficio público será sometida a auditoría.
Por su parte, el Instituto de la Memoria, según la comisión, presentaba escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención.
Otro caso señalado corresponde a la construcción del Hospital Neonatal de Occidente. De acuerdo con documentos del Tribunal Superior de Cuentas citados por la comisión, la obra presenta apenas un avance del 27%, pese a pagos estatales que superan los 118 millones de lempiras.
A esto se suma que el equipo biomédico adquirido permanece almacenado, mientras las garantías ya comenzaron a correr, lo que ha generado advertencias sobre una posible pérdida de elegibilidad de financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
Transferencia de bienes
La Comisión Técnica Liquidadora informó además la transferencia de 5,083 bienes, valorados en aproximadamente 38 millones 625 mil 497 lempiras, a otras instituciones del Estado.
Según los comisionados, el objetivo de estas acciones es proteger el patrimonio estatal, reducir gastos innecesarios y redistribuir recursos hacia áreas consideradas prioritarias, como salud y educación.
El informe será remitido al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público para que se investiguen los hallazgos y se deduzcan las responsabilidades que correspondan.
