Tegucigalpa, Honduras. Pagos por 54 millones de lempiras en asesorías, alquiler de vehículos de lujo por otros 16 millones y gastos de hospedaje y alimentación para un ciudadano cubano que habría impartido clases privadas de ajedrez figuran entre los hallazgos denunciados por la Comisión Técnica Liquidadora en la extinta Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).
Las operaciones corresponden a la administración anterior, cuando la institución estuvo bajo la dirección de Ricardo Salgado. Los señalamientos forman parte de una revisión más amplia sobre el manejo de recursos públicos en dependencias estatales eliminadas por el actual Gobierno.
El miércoles, el Ministerio Público (MP) recibió la documentación de la Comisión Técnica Liquidadora sobre unos 30 casos de presuntas irregularidades detectadas en instituciones públicas durante el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), relacionadas con el manejo de fondos, la ejecución de proyectos y la administración de bienes estatales.
El ente acusador informó que los expedientes serán sometidos a un análisis técnico y jurídico para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales. Los señalamientos corresponden a instituciones revisadas durante el proceso de liquidación de dependencias estatales.
El abogado Leonel Núñez, integrante de la comisión, informó que una de las contrataciones examinadas corresponde a un asesor de origen venezolano, por cuyos servicios se habrían desembolsado más de 54 millones de lempiras durante 18 meses.
Según el funcionario, entre los documentos revisados figura un informe que contenía perfiles de medios de comunicación y periodistas, clasificados de acuerdo con sus posiciones políticas y su influencia en la opinión pública.
Sin embargo, todavía no se ha divulgado públicamente el contrato completo, la identidad del beneficiario ni los productos que justificarían los desembolsos. Tampoco se ha establecido si los pagos se realizaron conforme a los procedimientos de contratación del Estado.
Otro de los gastos que llamó la atención de los liquidadores fue el relacionado con un ciudadano cubano a quien, según Núñez, se le cubrieron servicios de hotel, alimentación y otros conceptos para impartir clases particulares de ajedrez en Honduras.
El comisionado cuestionó quién recibió esas clases y bajo qué justificación se utilizaron recursos de la Secretaría de Planificación para financiarlas. Hasta ahora no se conoce el costo total del servicio ni la identidad de sus beneficiarios.
A estos casos se suman desembolsos por aproximadamente 16 millones de lempiras para el alquiler de vehículos, además de pagos de hospedaje para asesores extranjeros y otros gastos relacionados con alimentación, camisetas y servicios de comunicación.
La comisión también señaló que la Secretaría de Planificación habría financiado actividades correspondientes a otras dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que deberá verificarse mediante la revisión de los respectivos expedientes.
Una secretaría con presupuesto creciente
El crecimiento de los recursos asignados a Planificación es otro de los aspectos señalados por los liquidadores. Según las cifras expuestas por Núñez, la institución pasó de manejar 74 millones de lempiras en 2022 a 450 millones en 2023, y posteriormente a 1,002 millones en 2024.
Para 2025, el presupuesto citado por el comisionado alcanzó los 1,694 millones de lempiras. Esto representa un incremento de casi 23 veces respecto al monto registrado en 2022, aunque la comparación corresponde a asignaciones presupuestarias y no necesariamente a gastos ejecutados.
La Secretaría de Planificación Estratégica tenía entre sus funciones dirigir la planificación del desarrollo económico, social y ambiental del país. Fue suprimida en febrero de 2026 mediante el decreto ejecutivo PCM-004-2026, como parte de la reorganización del aparato estatal.
Los señalamientos sobre su administración se suman a otros hallazgos expuestos por la Comisión Liquidadora, entre ellos gastos en alimentación sin suficiente documentación de respaldo y contrataciones por servicios profesionales cuyos montos y resultados requieren verificación.
Expedientes en manos de la Fiscalía
El miércoles 28 de octubre, los integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora acudieron al Ministerio Público para entregar documentación relacionada con presuntas irregularidades identificadas durante la revisión de instituciones estatales suprimidas.
La Fiscalía confirmó la recepción de los informes y anunció que los equipos competentes realizarán un análisis técnico y jurídico para determinar si existen conductas constitutivas de delito y establecer las responsabilidades correspondientes.
La documentación entregada comprende además otros casos relacionados con transferencias de fondos, programas sociales, contrataciones y bienes públicos sin suficiente respaldo documental.
Hasta ahora, los hallazgos expuestos por los comisionados constituyen señalamientos sujetos a investigación. Será responsabilidad del Ministerio Público determinar si los desembolsos fueron legales, si existió perjuicio económico para el Estado y quiénes deberán responder por las operaciones cuestionadas.
