La creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, con funciones de custodia, control operacional y respuesta ante incidentes graves dentro de las cárceles, es una de las medidas contempladas en el paquete de reformas aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 27 de octubre.
La modificación crea esta unidad especializada dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con responsabilidad sobre las personas sometidas al régimen especial de permanencia y los establecimientos o módulos de máxima seguridad.
De acuerdo con el artículo 21-A incorporado al proyecto, la Fuerza Especial Penitenciaria también ejecutaría traslados de alta seguridad y respondería ante motines, fugas y otros incidentes graves que comprometan la seguridad de los centros de reclusión.
Equipo especial en cárceles
La estructuración de este cuerpo de custodia incorpora tanto a personal especializado del Instituto Nacional Penitenciario (INP) como a elementos de las fuerzas de seguridad que ya mantienen el control operativo en las cárceles de máxima seguridad del territorio nacional.
“Parte del paquete de reformas que hemos aprobado ayer (martes) en el Congreso Nacional, una es la creación de este cuerpo élite que pasará a formar parte del sistema penitenciario de la guardia del sistema penitenciario del país”, expresó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa.
El legislador recalcó que la medida responde a una planificación integral coordinada con las autoridades carcelarias para cerrar los vacíos institucionales que durante años permitieron la operación impune de los reclusos de alta peligrosidad.
El congresista destacó que el modelo implementado busca replicar los estándares internacionales de control absoluto en reclusorios especializados, garantizando que los terroristas sentenciados cumplan sus condenas bajo un régimen estricto de aislamiento y restricción total de comunicaciones.
“Hemos dicho que de nada servirán las reformas que habiliten a la Policía Nacional, a la Policía Militar capturar a estas organizaciones denominadas terroristas, si al final cuando entren al sistema penitenciario del país no se tiene un control absoluto y total de ellos”, afirmó Bertrand.
El texto establece que sus integrantes deberán ser seleccionados, formados, capacitados, evaluados y equipados conforme a exigencias especiales que se definirán en un reglamento.
La estructura organizativa, la cadena de mando, los requisitos de ingreso y permanencia, el régimen de carrera y el funcionamiento operativo de la unidad también quedarían sujetos a ese reglamento, que emitiría el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Directivo del INP.
El parlamentario añadió que la estrategia contempla procesos continuos de depuración y fortalecimiento institucional no solo en el ámbito carcelario, sino también en todas las dependencias del Estado encargadas de procesar judicialmente a los infractores de la ley.
Para lograr una cobertura integral, las autoridades confirmaron que la presencia de este cuerpo especializado se extenderá de forma gradual hacia los diferentes centros de reclusión del sistema, priorizando inicialmente los módulos de máxima seguridad donde se concentra la mayor amenaza delictiva.
“Lo prioritario en este momento es el sistema de máxima seguridad, pero estos van a estar también en los otros tipos o en las cárceles que no sean necesariamente de máxima seguridad, de mediana seguridad o de mínima seguridad”, aseveró el diputado.
Control penitenciario
La creación de la unidad forma parte de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada por el Congreso Nacional en un solo debate. La normativa busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir estas estructuras criminales y reforzar el control en los centros penitenciarios.
Entre las medidas también figuran la identificación biométrica obligatoria en establecimientos y módulos de máxima seguridad, nuevas reglas de presentación personal para los reclusos bajo régimen especial y la facultad de detectar, inutilizar o neutralizar drones que sobrevuelen sin autorización las instalaciones penitenciarias o sus perímetros de seguridad.
Además, el decreto contempla que el personal penitenciario que facilite o tolere el ingreso de objetos prohibidos, o colabore con reclusos sometidos al régimen especial o con las organizaciones criminales a las que pertenezcan, sea puesto a la orden del Ministerio Público para que se ejerza la acción penal correspondiente.
Las reformas también elevan las penas por terrorismo para integrantes de estas estructuras a un rango de 30 a 40 años de prisión y contemplan la posibilidad de prisión de por vida para cabecillas y otras personas en los supuestos establecidos por la normativa.
