Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional buscará acelerar la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad mediante una moción que exhortará a varias instituciones del Estado a comenzar cuanto antes las gestiones para definir el terreno, conseguir los fondos y poner en marcha el proyecto, luego de la visita de diputados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, anunció que la iniciativa busca respaldar al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que avancen en la planificación y construcción del nuevo recinto, destinado a albergar a integrantes de maras, pandillas y estructuras del crimen organizado declaradas terroristas.
“Vamos a presentar una moción para respaldar al Ejecutivo, a Finanzas y al Instituto Penitenciario, para que comiencen la búsqueda de recursos, identifiquen los terrenos, los módulos y el diseño, y que esa cárcel se empiece a construir lo más pronto posible”, expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La moción pretende acelerar la aplicación del artículo 6 del Decreto 84-2026, que ya autoriza al Instituto Nacional Penitenciario a gestionar la construcción y el equipamiento de nuevos establecimientos, así como a la Secretaría de Finanzas a identificar fondos nacionales o internacionales y recurrir, si es necesario, a la emisión de bonos de deuda pública para financiar las obras.
Zambrano adelantó que, si el pleno respalda la moción, convocará a representantes de Finanzas, Seguridad, Defensa y del INP para una reunión de trabajo en la que se comenzarán a definir las alternativas disponibles. También se prevé la participación de otras instancias vinculadas con las labores de inteligencia y combate al crimen organizado.
“Tenemos que empezar a definir dónde se puede construir, cuánto puede costar, cuántos privados de libertad podrán permanecer en ese centro y cuáles son las fuentes de financiamiento”, manifestó Zambrano.
Entre los asuntos pendientes está determinar la capacidad que tendrá el establecimiento, su diseño, los terrenos disponibles y el mecanismo para costear la obra. Aunque el decreto autoriza la búsqueda de recursos y la emisión de bonos bajo determinadas condiciones, todavía deben definirse el presupuesto y las características específicas del proyecto.
El titular del Congreso aseguró que la intención es iniciar la construcción durante este año y estimó que las obras podrían extenderse entre ocho y diez meses. Sin embargo, ese plazo depende de que las instituciones concreten los estudios, la ubicación, el financiamiento y los procedimientos necesarios para ejecutar el proyecto.
“Esto sí o sí tiene que hacerse. No es algo que vamos a dejar para después, porque es una urgencia en la lucha contra la criminalidad”, afirmó el presidente del Legislativo.
La iniciativa surge después de que una delegación de diputados hondureños visitara el Cecot salvadoreño para conocer su infraestructura y funcionamiento, incluidos los controles penitenciarios, la tecnología, las audiencias virtuales y la atención médica.
Los legisladores plantean estudiar qué prácticas pueden adaptarse a las condiciones de Honduras, sin que la visita implique que todas las medidas observadas vayan a implementarse automáticamente.
Zambrano vinculó la construcción de la cárcel con la necesidad de fortalecer la respuesta estatal frente a las pandillas y garantizar mayor seguridad en barrios y colonias. Aseguró que el Congreso respaldará las medidas que considere necesarias y que también exigirá resultados a las instituciones responsables de aplicarlas.
“Existe voluntad política desde el Congreso y estamos comprometidos con que Honduras recupere la paz y la tranquilidad. Vamos a impulsar esta iniciativa junto con el Poder Ejecutivo”, sostuvo Zambrano.
Uno de los puntos donde más ha sonado la posibilidad de instalar el nuevo recinto penitenciario es Naco, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
La zona ha sido mencionada públicamente como una alternativa para desarrollar una cárcel de máxima seguridad inspirada parcialmente en el modelo salvadoreño.
No obstante, la ubicación definitiva todavía debe ser determinada por las autoridades. La decisión tendrá que acompañarse de la evaluación del terreno, los costos, la capacidad del centro y las opciones de financiamiento antes de que la construcción pueda avanzar.
