Tegucigalpa, Honduras. El diputado Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso Nacional, informó este domingo que Honduras analiza construir una cárcel de máxima seguridad en el sector de Naco, Cortés, tomando como referencia algunas características del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
En una entrevista, Bertrand explicó que la decisión de construir un nuevo centro penitenciario ya está tomada, aunque todavía se evalúa si las instalaciones ubicadas en Naco pueden aprovecharse para el proyecto. El legislador señaló que en ese lugar ya existe una inversión considerable de fondos públicos que no ha sido utilizada.
“Este sector de Naco ya tiene una inversión fuerte, de una inversión de varios cientos de millones de lempiras que se ha hecho ahí en tiempos pasados y que lastimosamente no ha sido utilizado”, expresó el diputado.
Sin embargo, más adelante estimó que la inversión identificada hasta ahora podría situarse entre 50 y 70 millones de lempiras, por lo que consideró necesario realizar una evaluación técnica antes de determinar cuánto de la infraestructura existente puede aprovecharse.
Bertrand indicó que el director del Instituto Nacional Penitenciario, el general Walter Amador Lacayo, se desplazó al lugar para inspeccionar las instalaciones y elaborar un informe sobre el estado de la obra. Con ese diagnóstico, las autoridades esperan establecer qué trabajos adicionales serían necesarios y cuánto costaría completar el proyecto.
El parlamentario explicó que la intención es incorporar características similares a las del Cecot salvadoreño, especialmente en materia de vigilancia, aislamiento de reclusos de alta peligrosidad y control estatal de las actividades dentro de los centros penitenciarios. Según dijo, el objetivo es impedir que las estructuras criminales continúen coordinando delitos desde las cárceles.
Sobre el plazo de construcción, Bertrand mencionó que El Salvador tardó ocho meses en levantar su centro penitenciario y señaló que Honduras espera manejar un tiempo similar. No obstante, aclaró que el calendario dependerá de las condiciones de la infraestructura disponible y de que el establecimiento cuente con todos los requisitos de seguridad necesarios.
La capacidad del nuevo centro todavía no está definida. El diputado afirmó que el Instituto Nacional Penitenciario deberá determinar si el país necesita 10.000, 15.000 o 20.000 espacios para reclusos.
También defendió las reformas aprobadas en el Congreso que contemplan condiciones más restrictivas para personas privadas de libertad acusadas de terrorismo, entre ellas mayores limitaciones para salir de sus celdas y recibir visitas, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista.
Bertrand agregó que el Congreso también analiza posibles cambios relacionados con la responsabilidad penal de los menores de edad. Entre las opciones mencionó aumentar las penas máximas aplicables a adolescentes, actualmente de hasta ocho años según su declaración, o reducir la edad punible.
Argumentó que estas medidas buscan evitar que las pandillas y otras estructuras criminales utilicen a menores para cometer delitos. Estas propuestas, sin embargo, requieren un análisis legal y legislativo antes de convertirse en decisiones definitivas.
El diputado también señaló que el Congreso podría discutir la posibilidad de denunciar tratados internacionales de derechos humanos si considera que determinados compromisos dificultan la aplicación de las medidas de seguridad que se estudian.
Aclaró que no existe una decisión tomada al respecto y que el tema tendría que analizarse con las distintas bancadas. Sus declaraciones se produjeron después de una visita de una delegación hondureña a El Salvador, en la que se conoció el modelo penitenciario de ese país.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que sostuvo una reunión con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para conversar sobre reformas legales y estrategias contra la delincuencia organizada.
Las autoridades hondureñas buscan definir los alcances del proyecto penitenciario en los próximos meses, mientras continúan las evaluaciones técnicas y las discusiones legislativas relacionadas con la política de seguridad.
