San Pedro Sula. La discusión de las reformas penales promovidas por el Congreso Nacional para combatir a las pandillas y otras estructuras criminales está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo pleno prevé fijar su posición institucional el martes 20 de octubre.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que los magistrados podrían abordar la solicitud durante la sesión plenaria y, si alcanzan una decisión, remitir el documento al Legislativo ese mismo día. El criterio de la Corte no será obligatorio para los diputados, pero servirá como referencia jurídica antes de continuar con el trámite de las modificaciones.
"Aunque el criterio de la Corte no es vinculante, servirá como aporte jurídico para el análisis de las reformas. El aporte busca que se establezcan leyes eficaces contra el crimen organizado y a la vez que resista también el control constitucional y, por supuesto, el respeto al debido proceso”, manifestó Duarte.
La respuesta judicial no se concretó dentro del plazo que esperaba el Congreso, que había solicitado el criterio sobre los cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal. El magistrado de la Sala de lo Penal, Walter Miranda, señaló que el Poder Judicial disponía de tres días para pronunciarse, pero la ausencia de varios integrantes del pleno retrasó la firma del documento.
Miranda también advirtió sobre las consecuencias jurídicas de avanzar con las reformas sin conocer la posición de la Sala de lo Penal. A su juicio, la falta de ese pronunciamiento podría dar lugar a impugnaciones, debido a las implicaciones que los cambios tendrían en la aplicación de las normas penales.
En el Congreso, la expectativa era recibir el documento el lunes para trasladarlo a la comisión encargada de emitir el dictamen y, eventualmente, continuar con la aprobación de la iniciativa. Así lo indicó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, quien afirmó que había conversado el viernes anterior con el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, con la expectativa de que la solicitud fuera conocida y respondida durante la semana.
Las modificaciones fueron impulsadas el 12 de octubre y buscan endurecer las disposiciones contra las pandillas, la delincuencia y el crimen organizado. Entre los cambios propuestos se contempla permitir allanamientos sin una orden judicial previa en determinadas circunstancias y extender de 24 a 48 horas el plazo para presentar un requerimiento fiscal después de una captura.
La iniciativa también plantea limitar la libertad condicional y los mecanismos de preliberación para personas condenadas por terrorismo. Debido a que el proyecto modifica dos de los principales instrumentos de la legislación penal hondureña, el Congreso solicitó la opinión de la Corte Suprema como parte del proceso de discusión.
