San Pedro Sula, Honduras. Lenta, pero sistemáticamente, la justicia hondureña ha ido construyendo todo un arsenal legal de reformas, creación de figuras jurídicas, ampliación de delitos y levantamiento de restricciones, con el objetivo de combatir al enemigo público número uno: las maras y pandillas.
El azote de estas organizaciones criminales, calificadas ahora como terroristas, mantiene en zozobra a incontables ciudadanos hondureños. Su accionar ha llegado a controlar extensas zonas, convirtiendo barrios y colonias enteros en sus feudos particulares.
Orillados a escoger entre su vida y sus posesiones, muchos ciudadanos honrados han optado por abandonar sus hogares, llevándose consigo apenas una fracción de los bienes que tanto tiempo y esfuerzo les han costado.
Todo ello, ante la amenaza de perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos por los designios de estos grupos, que durante décadas han convertido la criminalidad en un cruel y despiadado estilo de vida.
El 2026 ha sido un año particularmente activo en materia de acciones y reformas judiciales relacionadas con las maras y pandillas. A continuación, presentamos los principales momentos y las reformas clave impulsadas hasta ahora.
Declarados terroristas
Las principales reformas penales y procesales propuestas o promulgadas este año pueden agruparse en dos paquetes.
El primero fue dado a conocer en mayo mediante el Decreto Legislativo 84-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 22 de mayo de 2026. Entre las medidas destaca la designación oficial de determinados grupos criminales como "asociaciones terroristas".
Este instrumento legal incluye las siguientes reformas:
Artículo 373 del Código Penal, sobre el delito de extorsión: establece penas de 15 a 20 años de prisión y multas de 500 a 1,000 días. Si la víctima muere, contempla la prisión perpetua. También responden como coautores quienes reciben o recolectan dinero, incluso mediante cuentas bancarias o transacciones electrónicas.
Artículos 374 y 375 del Código Penal: el artículo 374 aumenta las penas en un tercio cuando el autor pertenece a un grupo delictivo organizado o actúa para favorecerlo. La agravante también se aplica cuando se utilizan menores de edad, existe reincidencia o el delito se dirige desde el extranjero. El artículo 375 reduce la pena en un tercio por colaboración eficaz y en dos tercios si esta permite desarticular estructuras criminales. La rebaja no se aplica a los cabecillas.
Artículo 587 del Código Penal, sobre asociaciones terroristas: incluye expresamente a maras, pandillas, estructuras transnacionales de narcotráfico y asociaciones de secuestradores cuando actúan mediante intimidación colectiva, violencia sistemática o control territorial. Los directivos, promotores y financistas enfrentan penas de 15 a 20 años, mientras que los integrantes pueden recibir condenas de 10 a 15 años.
Artículo 4 del Decreto 84-2026: establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decide cuándo una organización criminal debe considerarse terrorista. El 18 de septiembre de 2026, el organismo designó como asociaciones terroristas a la MS-13, la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo.
Artículo 473 del Código Penal: sanciona el uso o la tenencia de uniformes, insignias o equipo policial o militar, auténticos o de imitación. La pena es de 5 a 8 años de prisión y aumenta a entre 8 y 10 años cuando estos elementos se utilizan para cometer o encubrir un delito.
Artículo 522 del Código Penal: tipifica la falta de registro e identificación de clientes de servicios de telefonía y comunicaciones. Establece multas de 700 a 1,000 días y de 1,000 a 2,000 días para las personas jurídicas.
Artículo 272 del Código Penal: la reforma ajusta la regulación del delito de descubrimiento y revelación de secretos, relacionado con accesos, interceptaciones y difusión ilícita.
Artículo 237-A del Código Procesal Penal: contempla la protección de víctimas y testigos vulnerables mediante prueba anticipada. En procesos relacionados con la criminalidad organizada, los jueces deben admitir y valorar pruebas sobre el contexto y la estructura criminal.
Artículo 3 del Decreto 84-2026: establece obligaciones para que las empresas de telecomunicaciones, los bancos y las entidades financieras entreguen información a las autoridades judiciales. Los plazos indicados son de 24 horas para las intervenciones de comunicaciones y de 10 días hábiles para la información del sistema financiero. También deben crear unidades permanentes de atención para colaborar con las autoridades.
Artículos 4 a 7 del Decreto 84-2026: contemplan disposiciones relacionadas con la política criminal, la determinación de las organizaciones consideradas terroristas y la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen. También autorizan la contratación directa de centros penitenciarios por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y prevén la cooperación de las Fuerzas Armadas.
Endurecimiento de las penas
Las reformas más recientes forman parte de un segundo paquete, dado a conocer este mes y que, según la información disponible en el texto original, se encuentra en proceso de aprobación.
Estas medidas buscan endurecer las condiciones de reclusión y otorgar a los operadores de justicia facultades adicionales para proceder contra los grupos delictivos y sus integrantes.
El paquete incluye las siguientes propuestas:
Allanamientos sin orden judicial: permitirían realizar allanamientos inmediatos en lugares donde operen grupos declarados terroristas, bajo la figura de "flagrancia permanente". Los procedimientos contarían con la participación de fiscales y jueces ejecutores, con revisión judicial posterior.
Cumplimiento total de la pena: se plantea eliminar la preliberación, la libertad condicional y la reducción de penas para los condenados por terrorismo. También se discute reformar el artículo 74 del Código Penal, relativo al reemplazo de la pena.
Los tatuajes como prueba: los tatuajes o símbolos alusivos a la MS-13, Barrio 18 o el Cártel del Diablo podrían utilizarse como elementos probatorios, con una pericia técnica obligatoria.
Plazo para el requerimiento fiscal: se propone ampliar de 24 a 48 horas el plazo posterior a la captura para presentar el requerimiento fiscal en casos de terrorismo.
Decreto 208-2026: esta norma complementaria, vigente desde septiembre pasado, no reforma el Código Penal ni el Código Procesal Penal, sino que modifica leyes penitenciarias y policiales. Impone un régimen de máxima seguridad con aislamiento y restricciones a las visitas conyugales y familiares para miembros de maras, pandillas y asociaciones terroristas. También crea los "Territorios de Alto Riesgo", establece restricciones para motociclistas e incorpora medidas para resguardar la identidad de los jueces.
Algo nunca visto
Para explicar el contexto de estas medidas y sus objetivos a largo plazo, LA PRENSA conversó con Marco Paz, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional.
El parlamentario calificó las medidas contra las maras y pandillas como «algo nunca visto» en Honduras y expresó su confianza en que produzcan los resultados esperados.
Paz destacó la reciente reforma a la Ley de Privación de Dominio, orientada, según explicó, a utilizar los recursos incautados al crimen organizado para financiar a los cuerpos de seguridad en su lucha contra el terrorismo de las maras.
"Se van a utilizar todos los activos líquidos que están actualmente en la OABI para fortalecer todas las instituciones de seguridad", dijo Paz, con el objetivo de que las fuerzas del orden cuenten con recursos suficientes para exigirles "resultados en campo".
En cuanto a las recientes medidas que endurecen el régimen penitenciario, el diputado señaló que los reclusos "No van a poder gozar de visitas conyugales, visitas de sus abogados va a ser una visita controlada, la visita de sus familiares va a ser igualmente controlada o a través de un equipo o a través de un vidrio".
Paz detalló que las medidas limitan el tiempo fuera de la celda a no más de una hora a la semana, además de 30 minutos diarios para hacer ejercicio.
Con el propósito de acelerar los procesos judiciales, el diputado también señaló la creación de un circuito especial de jueces para juzgar casos relacionados con maras y pandillas y agilizar su resolución.
Paz destacó, además, que los cambios contemplan determinadas medidas humanitarias en las que interviene la tecnología. "El uso de grilletes y de tecnología a privados de libertad, privados que sean, por ejemplo, (de la tercera) edad o que tengan enfermedades de base, puedan utilizar un grillete y puedan estar en sus casas con el grillete", explicó. Según añadió, esta disposición también busca descongestionar las cárceles.
Sin embargo, cualquier resultado que se espere obtener requerirá una verificación constante del cumplimiento de las medidas.
"Vamos a estar pidiendo informes trimestrales para que esto no solo quede en papel, sino que queremos ver resultados positivos en materia de seguridad", indicó Paz.
Al endurecimiento de las leyes se suma la supervisión de quienes deben aplicarlas. Al respecto, el diputado afirmó que"tiene que venir un proceso de certificación, un proceso de capacitación y un proceso de depuración, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y en los entes de seguridad... todos estos jueces, por ejemplo, fiscales que estén coludidos o que estén involucrados con estas organizaciones terroristas van a tener que ser juzgados también de igual manera como miembros de estas organizaciones terroristas», sentenció.
El congresista señaló que, para conformar este arsenal legal, se estudiaron los modelos aplicados en países como México, Colombia y Estados Unidos.
Ante la inevitable comparación con países vecinos, como El Salvador, Paz reconoció que también se analizó ese modelo, aunque matizó que las realidades de ambos países no son exactamente iguales.
"Honduras es un territorio mucho más amplio, hay que tomar aparte de lo bueno de El Salvador, hay que tomar otras decisiones a lo interno de nuestro país para que los resultados sean efectivos", apuntó.
Finalmente, el diputado llamó a mantener los esfuerzos para combatir el crimen y sostuvo que estos no deben limitarse a un período de gobierno.
"Esto debe ser un tema en materia de seguridad de Estado, no tiene que ser un tema de gobierno, tienen que ser políticas de Estado que se mantengan en el tiempo y que se puedan mejorar", insistió.
En conjunto, estas medidas buscan dar respuesta a una población que a diario sufre las consecuencias del accionar de las maras y pandillas. Sin embargo, solo el tiempo permitirá determinar si las reformas producirán los resultados esperados para frenar un problema cuya solución es difícil, pero impostergable.
