Endurecen régimen carcelario: suspenden visitas y aíslan a acusados de terrorismo
El INP suspendió temporalmente las visitas en centros penales de máxima seguridad y mantiene bajo ese régimen a personas acusadas de asociación terrorista, mientras los abogados deberán comunicarse con sus representados a través de locutorios y sin contacto físico
- Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 16:34 -
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) comenzó a aplicar nuevas medidas de seguridad en las cárceles hondureñas tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 208-2026, que establece disposiciones para el combate a asociaciones terroristas, maras y pandillas y reforma aspectos del sistema penitenciario.
Una de las principales medidas es la suspensión temporal de las visitas en tres centros penitenciarios y módulos de máxima seguridad, mientras se realizan las adecuaciones necesarias para establecer el nuevo régimen de visitas contemplado en la legislación.
La restricción alcanza al Centro Penitenciario de Ilama, en Santa Bárbara; el Centro Penitenciario de Morocelí, en El Paraíso; y los módulos de máxima seguridad de Támara y Siria, en Francisco Morazán.
El INP informó que la suspensión de las visitas en estos establecimientos es temporal y se mantendrá mientras se implementan las condiciones necesarias para aplicar las nuevas disposiciones de seguridad.
Las nuevas reglas también contemplan un proceso de identificación de las personas privadas de libertad que se encuentran acusadas o sentenciadas por el delito de terrorismo. Para ello, la institución ordenó a los directores de los centros penitenciarios realizar un registro a nivel nacional.
Según el INP, las personas acusadas por el delito de asociación terrorista ya fueron incorporadas al Régimen de Máxima Seguridad, como parte de las medidas establecidas tras las reformas a la legislación penitenciaria.
Además, un equipo especial comenzó a perfilar a los privados de libertad que actualmente se encuentran en otros regímenes de seguridad para determinar, conforme a los criterios establecidos en la ley, quiénes deberán ser trasladados a máxima seguridad.
El proceso busca establecer el nivel de seguridad que corresponde a cada privado de libertad, tomando en cuenta las disposiciones contempladas en la nueva normativa y su situación jurídica.
El INP también informó que fueron establecidos nuevos protocolos de seguridad y procedimientos para el manejo de los centros penitenciarios. Como parte de este proceso se realizó una reunión con los directores de los establecimientos de máxima seguridad para coordinar la aplicación de las reformas.
Otro cambio se aplicará a las visitas de los abogados. Los profesionales del derecho podrán comunicarse con sus representados mediante locutorios, pero sin contacto físico con las personas privadas de libertad.
Para implementar esta medida, el INP informó que rehabilitó los locutorios de los centros penitenciarios, con el objetivo de mantener las comunicaciones entre abogados y privados de libertad bajo un esquema de mayor control.
Las medidas se ejecutan en el marco del Decreto Legislativo No. 208-2026 y de las reformas al Decreto No. 101-2015, relacionadas con el trabajo de las personas privadas de libertad y la permanencia en determinados regímenes de seguridad de reos considerados de alta peligrosidad y agresividad.