Tegucigalpa, Honduras. Con 119 votos a favor y nueve abstenciones, el Congreso Nacional aprobó este martes 27 de octubre un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contempla penas de hasta prisión perpetua para cabecillas de maras y pandillas, además de nuevas facultades para combatir el crimen organizado en Honduras.
La aprobación de la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas se produjo alrededor de las 9:00 de la noche, después de la lectura y discusión del dictamen legislativo.
Las modificaciones abarcan ocho artículos del Código Penal, seis del Código Procesal Penal y la incorporación de seis artículos a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, además de otras disposiciones orientadas a fortalecer las acciones de seguridad en el país.
Los nueve diputados que se abstuvieron pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre). Entre los congresistas mencionados durante la transmisión figuran Betty Rivera, Cristian Gómez, Armando Rivera, Nilia Castillo, Gabriela López, Clara López y Fabricio Sandoval. La identificación de los otros dos parlamentarios requiere confirmación mediante el registro oficial de la votación.
Uno de los cambios más severos establece penas de 40 años hasta prisión perpetua para cabecillas, directivos, promotores y financistas de asociaciones terroristas. Para los integrantes de estas estructuras se contemplan condenas de 30 a 40 años, mientras que quienes colaboren sin pertenecer formalmente a ellas enfrentarán penas de 20 a 30 años de cárcel.
La legislación también endurece las sanciones por la elaboración, difusión o colocación de grafitis, pinturas y otros símbolos relacionados con maras y pandillas. Estas conductas podrán castigarse con penas de 30 a 40 años de prisión cuando constituyan actos de integración o colaboración con asociaciones terroristas.
Otro de los cambios permite utilizar tatuajes, símbolos y otras expresiones visuales características de estas organizaciones como elementos para acreditar la pertenencia a una estructura criminal, siempre que exista un peritaje técnico especializado o la aplicación de matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.
Allanamientos y prisión preventiva
En materia de investigación, las reformas facultan a las autoridades para efectuar allanamientos sin autorización judicial previa durante operaciones interinstitucionales contra maras y pandillas, siempre que existan indicios fundados y circunstancias de urgencia. Estas intervenciones deberán realizarse en coordinación con un fiscal del Ministerio Público.
También se establece un plazo de 48 horas, contado desde la detención, para poner a disposición del juzgado competente a sospechosos de asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión, delitos que la normativa considera de investigación compleja.
Otro cambio dispone la prisión preventiva obligatoria para los procesados por asociación terrorista, sin posibilidad de sustituirla por medidas cautelares menos restrictivas. Los imputados deberán permanecer en establecimientos o módulos de máxima o alta seguridad, conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.
Las reformas también amplían los supuestos de legítima defensa frente a personas sorprendidas dentro de una vivienda o que intenten ingresar violentamente a un domicilio o negocio. Asimismo, establecen prisión perpetua por el asesinato de integrantes de instituciones de seguridad o justicia cuando el crimen se cometa por razón de sus funciones.
Nuevas medidas en las cárceles
Las modificaciones alcanzan al sistema penitenciario mediante la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria, encargada de la custodia de reclusos de alta peligrosidad, traslados de seguridad y respuesta ante motines, fugas y otros incidentes graves.
También se implementarán controles biométricos obligatorios para privados de libertad, visitantes, abogados defensores y empleados que ingresen o salgan de establecimientos o módulos de máxima seguridad.
En cuanto a la presentación personal, los reclusos sometidos al régimen especial deberán mantener el cabello corto, rostro rasurado y utilizar camiseta blanca y pantalón corto negro. Además, se prohíbe la realización de nuevos tatuajes dentro de los centros penitenciarios y se dispone el registro de los existentes.
La legislación contempla sanciones de cuatro a seis años de prisión por sobrevolar sin autorización centros penitenciarios con drones, y de seis a ocho años cuando estos aparatos sean utilizados para introducir o extraer objetos prohibidos. También faculta a las autoridades penitenciarias para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas.
Asimismo, se autoriza a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y las policías municipales a eliminar grafitis y símbolos relacionados con estructuras criminales en espacios públicos y privados, mediante los procedimientos establecidos en el decreto.
Reacciones tras la aprobación
El diputado Walter Chávez calificó las reformas como una legislación enérgica y consideró que su aplicación contribuirá al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Durante declaraciones a HRN, el parlamentario sostuvo que las medidas buscan enfrentar con mayor firmeza a las estructuras criminales y contribuir a la paz y tranquilidad del país.
La iniciativa surgió del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y durante su elaboración se incorporaron propuestas del Instituto Nacional Penitenciario y del diputado Alex Berríos, relacionadas con el régimen carcelario y la legítima defensa, respectivamente.
Antes de su aprobación, el proyecto fue analizado por una comisión especial del Congreso Nacional, que también recibió observaciones de la Corte Suprema de Justicia, remitidas el 20 de octubre.
Las reformas entrarán en vigor el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta, según establece el decreto aprobado por los diputados.
