Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional iniciará una discusión orientada a modificar el tratamiento penal de los menores de edad que integran maras y pandillas en el país.
El debate parlamentario busca responder al uso de adolescentes por parte de estructuras criminales para cometer delitos de alto impacto social. Este análisis surge a raíz de la gira oficial que realiza una delegación parlamentaria por El Salvador, donde ha sostenido reuniones con autoridades de la Asamblea Legislativa y otros funcionarios de ese país.
Los encuentros permitieron evaluar los modelos de seguridad e infraestructura penitenciaria implementados en la nación vecina.
"Hoy los menores en el país, independientemente del delito que cometan, la pena máxima que se les puede aplicar es de ocho años, por lo que tenemos que revisar si ampliamos los años de condena", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La iniciativa se enmarca también en el paquete de reformas penales que impulsan las autoridades para reforzar el combate contra el crimen organizado y reducir la impunidad.
Para aprobar cualquier modificación al Código Penal u ordenamientos afines se requieren al menos 65 votos favorables de los 128 diputados que integran el pleno parlamentario.
Asimismo, la propuesta legislativa contempla abrir mesas de diálogo con operadores de justicia, sectores de la sociedad civil y organismos encargados de la protección de la niñez.
Las autoridades advierten que, ante el incremento de las acciones contra las maras, los grupos delictivos podrían intensificar el reclutamiento de menores para evadir la justicia.
"Hay que discutir si cabe una reforma de que los menores que cometen delitos de terrorismo o ligados a maras y pandillas se puedan juzgar como mayores de edad", afirmó el titular del Legislativo.
La eventual aplicación del juzgamiento como adultos para adolescentes implicaría un cambio en el marco jurídico nacional y en las obligaciones internacionales del Estado de Honduras.
Esta medida obligaría a revisar los compromisos suscritos en materia de derechos humanos y protección de la infancia, además de replantear el funcionamiento de los centros de internamiento especializados.
"Hay dos discusiones: una es revisar y ampliar el número de años que se le puede condenar a un menor de edad, de ocho a 15 o 20 años", sostuvo Zambrano. De igual manera, el Poder Legislativo someterá a revisión las sanciones vigentes contra las estructuras terroristas y pandilleras.
Las comisiones dictaminadoras prepararán los proyectos de reforma para someterlos a debate en las próximas sesiones de la cámara legislativa.
