Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Técnica Liquidadora informó en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que los hallazgos remitidos al Ministerio Público por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de seis instituciones del gobierno anterior representan un posible perjuicio económico de 1,131 millones de lempiras, monto que podría aumentar conforme avance la revisión de documentos.
Durante la conferencia, el comisionado coordinador, Ángel Mendoza, explicó que se presentaron 10 líneas de investigación y que el proceso de supresión y liquidación institucional registra un avance del 90%.
La documentación también fue trasladada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las actuaciones correspondientes.
La Comisión Técnica Liquidadora es un organismo encargado de ejecutar la supresión, el cierre y la reorganización de secretarías de Estado, programas, institutos y direcciones del sector público.
Y entre sus funciones está revisas la gestión de fondos públicos de administraciones anteriores, identificando inconsistencias, en este caso la adminsitración de Zelaya Castro, del partido Libertad y Refundación.
Entre los hallazgos expuestos figuran transferencias superiores a 230 millones de lempiras relacionadas con cajas rurales de ahorro y crédito, cuyas liquidaciones presentan inconsistencias; más de 10,000 bienes adquiridos por Sedecoas sin actas de entrega; y 110 contratos de obras que, según la comisión, fueron pagados en su totalidad por anticipado, sin que hasta ahora se haya determinado la ejecución efectiva de todos los trabajos.
Los comisionados también señalaron transferencias de aproximadamente 60 millones de lempiras a una organización no gubernamental cuya dirección registrada presentaba inconsistencias, así como diferencias entre los registros oficiales de migrantes retornados y los beneficios reportados por un programa de asistencia. Estos casos forman parte de las investigaciones remitidas a las autoridades competentes.
En materia presupuestaria, el comisionado Mario Celín Simón indicó que las instituciones examinadas administraron alrededor de 27,000 millones de lempiras durante los cuatro años anteriores. Explicó que su supresión permitirá reducir gastos administrativos y disponer de recursos para prioridades como salud, educación, infraestructura y seguridad. Sin embargo, durante la comparecencia no se detalló el ahorro total definitivo.
La comisión también informó que continúa atendiendo obligaciones pendientes con exempleados y proveedores que acrediten la documentación correspondiente.
Mendoza precisó que tres instituciones completaron su cierre en octubre, mientras que Convivienda tiene previsto concluir a mediados de noviembre. Sedecoas, Red Solidaria y Proasol continuarían sus procesos hasta el 31 de diciembre, debido a compromisos vinculados con financiamiento externo.
La comisión reiteró que corresponderá al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas determinar las responsabilidades que procedan.
