La aprobación de la Ley de Beneficiario Final busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, además de reforzar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Asimismo, pretende consolidar a Honduras como un país confiable para la inversión y facilitar el acceso a préstamos internacionales. De igual forma, esta normativa contribuiría a que el país permanezca fuera de las listas gris o negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero. Entre sus mecanismos de supervisión figuran la lista gris y la lista negra. La inclusión de un país en la lista gris indica que presenta deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y que está sujeto a un proceso de monitoreo reforzado, lo que puede afectar la confianza de inversionistas y entidades financieras internacionales.
Con esta ley, Honduras busca avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atender las recomendaciones del GAFI para fortalecer su marco de prevención del lavado de activos y combatir la delincuencia organizada.
El Congreso Nacional aprobó recientemente la Ley de Beneficiario Final, la cual permitirá identificar a las personas naturales que, en última instancia, poseen, controlan o reciben beneficios económicos de empresas y estructuras societarias que operan en Honduras, incluso cuando estas utilicen intermediarios o complejos esquemas corporativos.
En términos sencillos, algunas personas utilizan empresas de papel o estructuras jurídicas complejas, como fideicomisos, para ocultar quién es el verdadero propietario de los activos o quién obtiene los beneficios económicos. El concepto de beneficiario final busca identificar con nombre y apellido a la persona natural que realmente controla una empresa o recibe sus ganancias. Al reducir el anonimato, se dificulta ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico.
La ley también fortalecerá la lucha contra el lavado de activos y otras formas de financiamiento ilícito al facilitar la trazabilidad de los capitales e identificar recursos vinculados al narcotráfico, el crimen organizado o la evasión fiscal.
Además, la normativa servirá como una herramienta para las instituciones encargadas de la supervisión tributaria y financiera, al facilitar la detección de posibles casos de evasión fiscal.
Evaluación del GAFI
Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, explicó a LA PRENSA que el GAFI evaluará próximamente al país, lo que explica la urgencia de aprobar esta legislación.
"Los países que no pasan estas evaluaciones entran a una lista negra o gris, donde el mundo financiero los percibe como lugares inseguros o sospechosos para hacer negocios. Salir de esta lista cuesta mucho; países como Venezuela y Panamá han estado en ellas. El estar en esa lista negra o gris debilita la imagen del país, limita el acceso al financiamiento, la llegada de nuevos capitales extranjeros y dificulta las operaciones bancarias", apuntó Canales.
Canales explicó que esta normativa originalmente formaba parte del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, decisión que, a su juicio, fue un error porque integraba ambos temas en un mismo paquete legislativo.
"Ahora van a transparentar quiénes son los dueños de las empresas. Lo que se busca es debilitar las estructuras criminales y el narcotráfico".
El GAFI fue creado en 1989 y está integrado por 39 miembros entre países, jurisdicciones y organizaciones regionales, como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Además, trabaja con una red global de organismos regionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que abarca más de 200 países y territorios comprometidos con la aplicación de sus estándares. Su sede se encuentra en París, Francia.
"Es entre agosto y septiembre una época de evaluación larga. Además de la normativa, evalúan si la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene la capacidad de establecer normas y controles para su cumplimiento", agregó Canales.
Si Honduras cumple con las recomendaciones del GAFI y evita ingresar a la lista gris, podría fortalecer la confianza de bancos internacionales y otros organismos financieros. Esto facilitaría el acceso a financiamiento en mejores condiciones, con tasas de interés más bajas, lo que podría representar un ahorro para las finanzas públicas.
Transparencia e inversión
Lenín Palencia, economista y analista financiero, declaró a LA PRENSA que, en cualquier economía, acceder a financiamiento en condiciones favorables genera beneficios.
"Como Gobierno se deben buscar las fuentes de financiamiento más blandas posibles para impulsar, a menor costo, los proyectos de desarrollo".
Asimismo, consideró que la legislación puede representar un avance para el país.
"Desde una perspectiva técnica considero que esta ley es positiva para Honduras, siempre que se implemente con criterios técnicos, confidencialidad y seguridad jurídica. Las economías modernas requieren transparencia sobre quiénes son los verdaderos dueños de las estructuras empresariales; eso ayuda a combatir el lavado de activos y la corrupción".
Palencia enfatizó que la ley no debe convertirse en una carga burocrática excesiva para las empresas legítimas.
"Debe verse como una herramienta que promueva la transparencia, pero que no ponga en riesgo información sensible de los inversionistas".
Añadió que las empresas que cumplen con la ley no deberían temer a la transparencia.
"Las empresas formales y legítimas no deben temer a la transparencia; quienes deben preocuparse son aquellas que utilizan estructuras corporativas para ocultar actividades ilícitas".
El economista concluyó que una mayor transparencia fortalece la confianza de los inversionistas y facilita el acceso a financiamiento de largo plazo y con mejores condiciones, recursos que podrían destinarse a sectores como educación, salud e infraestructura.
"Honduras tiene un sistema financiero bien regulado. Creo que estamos en el momento correcto para contar con un esquema de transparencia. Quien actúa dentro de la legalidad no debe temer; solo debe existir un equilibrio entre la transparencia y la seguridad del inversionista".
