Casi L1,900 millones gastó la Dipampco durante su funcionamiento

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutó poco más de 1,891 millones de lempiras entre 2022 y 2026, de acuerdo con información oficial obtenida por LA PRENSA Premium.

Los registros muestran que la mayor parte de esos recursos se concentró durante el segundo año de funcionamiento de la unidad y, principalmente, en servicios personales, bienes de uso y alquileres.

El monto fue proporcionado por la Secretaría de Seguridad en respuesta a la solicitud de información SSSS-3168-2026, mediante la cual esta unidad de investigación requirió el presupuesto aprobado y ejecutado por la Dipampco durante todo su período de funcionamiento.

En 2022, año en que inició operaciones, la Dipampco ejecutó poco más de 73 millones de lempiras. En 2023, el presupuesto se elevó a más de 852 millones de lempiras, el monto más alto registrado durante todo el período analizado.

A partir de entonces, la ejecución comenzó a disminuir. En 2024 bajó a más de 478 millones de lempiras y en 2025 descendió a más de 333 millones. En 2026, año en que la unidad fue desarticulada, todavía ejecutó más de 153 millones de lempiras.

Casi uno de cada dos lempiras ejecutados por la Dipampco se destinó a servicios personales. Ese rubro concentró más de 864 millones de lempiras entre 2022 y 2026, equivalentes al 46% del presupuesto reportado oficialmente por la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto de la Secretaría de Finanzas, servicios personales comprende sueldos, salarios, complementos, aguinaldos, contribuciones patronales, dietas y otros pagos vinculados al personal.

El segundo objeto de gasto fue consignado por la Secretaría de Seguridad como “bienes de uso”, con más de 494 millones de lempiras, equivalentes al 26% del total.

Sin embargo, en el Clasificador por Objeto del Gasto no aparece un grupo principal con esa denominación exacta; el documento clasifica los gastos en servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables, transferencias, activos financieros, servicio de deuda y otros gastos. Por eso, esta unidad de investigación mantiene el nombre entregado por Seguridad, sin atribuirle un alcance distinto al consignado en la respuesta oficial.

Le siguieron alquileres y servicios, con más de 180 millones de lempiras, equivalentes al 10% del presupuesto ejecutado.

En conjunto, estos tres objetos de gasto absorbieron más de 1,539 millones de lempiras, equivalentes al 82% de todos los recursos ejecutados por la Dipampco durante el período analizado. El 18% restante se distribuyó entre alimentos, combustibles, bienes y servicios, pasajes, viáticos y otros conceptos.

Para conocer cómo se administraron esos recursos públicos y por qué la mayor parte del presupuesto se concentró en esos tres objetos de gasto, esta unidad de investigación consultó al Departamento de Prensa de la Policía Nacional. La institución respondió que, por estar el caso en proceso de investigación, no podía referirse al manejo financiero de la extinta unidad.

Con el dato oficial como punto de partida, esta unidad de investigación revisó los informes de gasto publicados por la propia Secretaría de Seguridad en el Portal Único de Transparencia para reconstruir cuánto del presupuesto ejecutado por la Dipampco podía documentarse con la información disponible.

El resultado fue parcial. Tras revisar los registros publicados entre 2022 y 2026, solo fue posible identificar poco más de 936 millones de lempiras, equivalentes al 49% de los casi 1,900 millones que la Secretaría de Seguridad reportó como ejecutados por la unidad.

En otras palabras, los documentos disponibles en ese portal no permitieron reconstruir casi 955 millones de lempiras, equivalentes al 51% del gasto oficial.

Esa ausencia no implica, por sí sola, un uso irregular de los recursos, pero sí limita la posibilidad de conocer, con la información pública disponible, cómo se ejecutó poco más de la mitad del presupuesto reportado por la Secretaría de Seguridad.

La revisión también muestra que el gasto documentado no se ejecutó de forma uniforme. Más de un tercio de los recursos identificados se concentró en solo cuatro meses: agosto y noviembre de 2023, además de enero y marzo de 2025.

La revisión también muestra que el gasto documentado no se ejecutó de forma uniforme. Los cuatro meses con mayor ejecución fueron marzo de 2025, agosto de 2023, enero de 2025 y noviembre de 2023.

El mayor desembolso ocurrió en marzo de 2025, con más de 91 millones de lempiras. Le siguieron agosto de 2023, con más de 88 millones; enero de 2025, con más de 83 millones; y noviembre de 2023, con más de 71 millones.

En el extremo contrario aparecen mayo y diciembre de 2025. Ambos meses registraron ejecuciones inferiores al millón de lempiras y, juntos, representaron apenas el 0.1% del gasto documentado.

Para la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, la magnitud de los recursos ejecutados por la Dipampco nunca se tradujo en resultados proporcionales contra las estructuras criminales.

"Eso demuestra que a la unidad se le inyectó una millonaria cantidad de dinero que no se sabe cómo se gastó ni en qué, y no dio resultados. Terminó siendo una unidad denunciada por diferentes irregularidades", afirmó la exfuncionaria.

La búsqueda documental no terminó en el Portal Único de Transparencia. Para identificar qué bienes y servicios adquirió la Dipampco durante su funcionamiento, esta unidad de investigación revisó también los procesos publicados en HonduCompras, el portal administrado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).

El resultado fue el mismo. Entre 2023 y 2025 únicamente se localizaron 14 contratos adjudicados a nombre de la Dipampco, por un valor conjunto de 7.8 millones de lempiras.

No todo el presupuesto ejecutado por la unidad debía aparecer en HonduCompras, ya que una parte correspondió al pago de salarios, prestaciones, viáticos y otros objetos de gasto que no se tramitan mediante procesos de contratación pública. Sin embargo, esa plataforma sí permitía identificar compras y servicios contratados para el funcionamiento operativo y administrativo de la Dipampco.

Entre los procesos localizados figura el contrato SEDS-LPN-GA-2023-025, adjudicado en diciembre de 2023 por 6.4 millones de lempiras para dotar al personal de la Dipampco de uniformes y equipo táctico, entre ellos botas, camisetas tipo polo, gorras, fajas, chumpas impermeables, pasamontañas y guantes.

Aun con esa precisión, los contratos identificados representan menos del 0.5% de los casi 1,900 millones de lempiras que la Secretaría de Seguridad reportó como ejecutados por la Dipampco entre 2022 y 2026.

El resto de los procesos corresponde a compras de menor cuantía para el funcionamiento institucional, entre ellas llantas, baterías para vehículos y motocicletas, equipo de videovigilancia, material de oficina, tintas, tóneres, rótulos, gafetes, insignias y astas para banderas.

Así, el tercer rastreo documental llegó a la misma conclusión que el anterior: las plataformas públicas consultadas no permiten reconstruir de forma completa cómo se ejecutó el presupuesto de la Dipampco.

El cierre definitivo de la Dipampco fue anunciado por las autoridades el 29 de mayo de 2026, luego de un ataque armado en Corinto, Cortés, en el que murieron cinco agentes de esa unidad durante una emboscada perpetrada por un grupo criminal.

La desaparición de la unidad dio paso a dos nuevas estructuras. Una de ellas es la Agencia Nacional Contra el Crimen, que asumió parte de sus funciones y quedó adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por las principales autoridades del país.

También se creó la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), encargada de asumir otras funciones de la Dipampco. Esta dependencia quedó bajo la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), adscrita a la Secretaría de Seguridad.

Para el analista en seguridad Edgardo Mejía, el cierre de la Dipampco no resolvía por sí solo los problemas que arrastraba la institución, porque la respuesta del Estado no podía limitarse a clausurar una dependencia y abrir otra con distinto nombre, sino que debía fortalecerse la supervisión interna y los mecanismos de control sobre este tipo de estructuras.

"Los criminales van a aprovechar este proceso de transición, porque cuando una estructura policial se desmonta sin una sustitución clara, se generan espacios que las redes delictivas pueden ocupar", advirtió.

Aunque la Dipampco desapareció y fue sustituida por una nueva estructura, la revisión documental realizada por esta unidad de investigación deja una interrogante abierta: cómo se ejecutó una parte importante de los casi 1,900 millones de lempiras que la Secretaría de Seguridad reportó como gastados durante los casi cuatro años de funcionamiento de la unidad.