El actual gobierno impulsa una estrategia de seguridad ciudadana, que es impulsada por la Policía Comunitaria y los estados de excepción en más de un centenar de municipios.
Fueron arrestados por distintas faltas y delitos entre diciembre y enero durante el estado de excepción, pero apenas 105 casos pasaron a la Fiscalía por ser sospechosos de delitos como asociación ilícita.
