Los procedimientos estatales durante la actual administración del presidente de la República, Nasry Asfura, estarían próximos a experimentar un giro significativo, con el objetivo de dejar atrás los antiguos mecanismos de contratación del Estado.
Estas reformas están siendo impulsadas desde la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la conducción de Dagoberto Aspra, titular de la institución encargada de velar por los intereses del Estado.
Uno de los cambios sustanciales que podría concretarse en los próximos días es la creación de una nueva Ley de Contratación del Estado, lo que implicaría dejar sin efecto o reducir las funciones de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae).
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, reveló que ya concluyeron la redacción del anteproyecto de la nueva Ley de Contratación del Estado, la cual será un pilar fundamental para la implementación de la estrategia nacional anticorrupción contemplada en el memorándum de entendimiento firmado por el ahora presidente Asfura cuando aún era candidato.
Ante la consulta sobre el futuro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Aspra señaló que, desde su perspectiva, la Procuraduría puede asumir atribuciones que anteriormente correspondían a esa dependencia.
“Yo, como procurador, vi la oportunidad de que la Procuraduría pudiera recoger esas atribuciones que en su momento ha tenido la Secretaría de Transparencia, que son dictar, supervisar, coordinar y liderar las prácticas anticorrupción, así como marcar una estrategia nacional anticorrupción”, expresó.
El gobierno de Asfura había planteado inicialmente la supresión de la Secretaría de Transparencia y, en su lugar, el nombramiento de un delegado presidencial que asumiría dichas funciones. No obstante, el titular de la PGR precisó que se han adoptado otras determinaciones.
Sobre esas atribuciones, Aspra explicó: “Las estoy solicitando para que me las otorguen; todavía no me las han dado, pero ya estoy trabajando bajo el supuesto de que existe una oportunidad real de que sean asignadas a la Procuraduría, por tratarse de una institución con rango constitucional y con la fortaleza necesaria para implementarlas, lograr mayor acción y una incidencia más efectiva en todo el sistema del Estado”.
