Un nuevo cruce de señalamientos surgió en torno a la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el exprocurador Manuel Díaz Galeas respondiera a las declaraciones de su sucesor, Dagoberto Aspra, sobre un contrato por 310 mil dólares con un bufete de abogados en Estados Unidos, cuyo pago se habría realizado de forma anticipada con fondos de la institución.
Según Aspra, la demanda vinculada a ese proceso no apunta contra el Estado de Honduras, sino contra exfuncionarios de manera personal, entre ellos Díaz Galeas, el fiscal general y otros integrantes del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
Sin embargo, el exprocurador rechazó esa interpretación y sostuvo que el caso sí involucra a funcionarios que actuaron como representantes del Estado mientras defendían intereses públicos. Aseguró que la contratación de la firma legal se realizó bajo parámetros de derecho público, normas internacionales y legislación estadounidense.
Díaz Galeas detalló que el litigio se relaciona con el ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien —de acuerdo con su versión— buscaba obtener del Estado hondureño 3 mil millones de lempiras. Indicó que la actuación de la PGR durante su gestión permitió proteger esos recursos.
Además, advirtió que el expediente no está cerrado, ya que continúan procesos penales en tribunales nacionales. En ese punto, planteó un señalamiento directo contra Aspra, al sostener que algunos de los acusados en esa causa estarían siendo defendidos por él, lo que —según dijo— genera un posible conflicto de intereses, dado que la PGR forma parte de la acusación junto al Ministerio Público.
