La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) urgió este miércoles a las nuevas autoridades del país a implementar "medidas eficaces" para combatir la corrupción y la impunidad, así como reformas electorales "consensuadas y transparentes".
"Urgen reformas electorales consensuadas y transparentes", indicaron los obispos hondureños en un comunicado.
Además, reclamaron "medidas eficaces" para contrarrestar la corrupción y la impunidad, sin dejar de lado la promoción de los derechos humanos, el cuidado y la defensa de la Casa Común, que son garantes para "construir una verdadera democracia".
La Conferencia Episcopal instó también a las nuevas autoridades a trabajar "por el bien común" y a no dar cabida a "intereses particulares u ocultos".
"Pedimos que se abran caminos de sanación mediante el diálogo sincero y el respeto" en el país, enfatizó la CEH.
También, señaló que la instalación de los nuevos mandos públicos ocurre en un contexto de altas "esperanzas suscitadas" en la población, pero también bajo la sombra de graves dificultades y "contrariedades vividas".
El presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura, asumió el poder el pasado 27 de enero tras ganar las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Los comicios estuvieron marcados por denuncias de fraude entre los actores políticos, presiones políticas sobre autoridades electorales, retrasos en el conteo de votos, que se prolongó un mes, y violencia que dejó al menos 13 muertes, señaló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe global.
HRW destacó la intervención del presidente de EE.UU., Donald Trump, en apoyo al ganador, Nasry Tito Asfura, y la amenaza de retirar ayuda financiera al país, uno de los motivos que llevó a la entonces presidenta hondureña, Xiomara Castro, a calificar los comicios de "nulos".
Aunque las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) consideraron la jornada "pacífica", HRW advirtió que el retraso en los resultados preliminares "socavó la confianza" ciudadana y que existieron "salvaguardas inadecuadas" frente al financiamiento ilícito.
