La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó este jueves arresto domiciliario y suspensión del cargo de diputada de forma temporal para Isis Cuéllar en el caso de corrupción relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Después de notificarse a las partes sobre la acusación del delito de fraude, el juez también dictó la medida de arresto domiciliario para Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar, junto con Cuéllar, son las personas que hoy se presentaron de forma voluntaria ante la CSJ.
En el caso de Cuéllar, se le prohibió salir del país y mantener comunicación con los otros implicados.
Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez de letras natural que se impusiera a los seis imputados la medida de detención judicial y, en el caso de la diputada Isis Cuéllar, además de esa medida, que se le suspendiera del cargo que actualmente ostenta en el Congreso Nacional. Esta última petición fue considerada, por lo que sus funciones serán asumidas temporalmente por el diputado suplente.
A su salida, Cuéllar fue abordada por los medios de comunicación, pero se negó a atender a los periodistas.
Investigaciones del caso
Según las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales en el caso de Sedesol asciende a 6,032,654.07 lempiras. Estos fondos estaban destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones del ente acusador revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.
