Índice de Percepción de la Corrupción 2025: Honduras se estanca con 22 puntos

Con 22 puntos sobre 100, Honduras se mantiene sin cambios en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, un resultado que confirma la falta de avances en el combate a la corrupción y su permanencia entre los países peor evaluados.

Así lo muestra el informe al que accedió de manera exclusiva LA PRENSA Premium, publicado este martes por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), como parte del capítulo de Transparencia Internacional.

El informe, que evalúa a 182 países y territorios, evidencia que, pese a ligeros movimientos en algunos países de la región, Honduras no logró mejorar su desempeño frente al año anterior.

En el contexto centroamericano, Costa Rica continúa liderando como el país con menor percepción de corrupción, aunque registró una leve caída al pasar de 58 puntos en 2024 a 56 en 2025.

Panamá tiene 33 puntos, mientras que El Salvador muestra una ligera mejora al subir de 30 a 32 puntos. Guatemala también presenta un avance al pasar de 25 a 26 puntos.

Honduras, en contraste, permanece estancada con 22 puntos y se ubica como el segundo país más corrupto a nivel en Centroamérica. Solo Nicaragua se sitúa por debajo, con 14 puntos.

El IPC califica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa los niveles más altos de corrupción percibida y 100 indica un país libre de corrupción.

A nivel global, en 2025 Honduras se ubica en la posición 157 de 182, tres escalones por debajo del lugar que ocupó en 2024, no por un empeoramiento en su puntaje, sino porque otras naciones avanzaron más en sus reformas anticorrupción, mientras que el país no mostró avances.

Globalmente, los países mejor evaluados siguen siendo Dinamarca (89 puntos), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (81), mientras que Somalia (9), Sudán del Sur (9) y Venezuela (10) ocupan los últimos lugares.

Yemen y Libia también figuran entre los países con mayor percepción de corrupción, con 13 puntos cada uno.

En América Latina, de los 32 países evaluados, Honduras ocupa el cuarto lugar entre los países con mayores niveles de corrupción, solo por detrás de Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16).

Desde 2012, el país ha mostrado una tendencia irregular, con leves mejoras entre 2015 y 2016, cuando logró superar el umbral de 30 puntos, pero con un deterioro sostenido en los años posteriores.

En la última década, Honduras ha oscilado entre los 22 y 29 puntos, sin lograr consolidar reformas estructurales que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que este desempeño lo mantiene entre los países con mayor percepción de corrupción en el continente.

"Honduras continúa arrastrando patrones de corrupción que se mantienen de forma persistente año tras año. Sin reformas profundas y acciones contundentes, la impunidad seguirá siendo la norma", expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.

"Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas es indispensable para evitar que los recursos públicos, destinados a garantizar derechos y servicios de calidad para la población hondureña, sigan desviándose", agregó.

El informe subraya que en Honduras la corrupción tiene efectos directos sobre la calidad de vida de la población.

El caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es citado como uno de los principales focos de riesgo fiscal, con pérdidas millonarias que reducen la capacidad del Estado para invertir en servicios esenciales.

"Las pérdidas de energía alcanzaron 35% en 2025, muy por encima de la meta oficial, generando un impacto financiero de L46,422.5 millones solo entre 2022 y 2025, equivalentes a L31 millones perdidos cada día", indica el texto.

Agrega que la deuda de la Enee escaló a L 114,499 millones, representando 11% del PIB y obligando al Estado a destinar miles de millones anualmente en pago de intereses.

"Para sostener a una empresa quebrada, entre 2022 y 2025 se transfirieron L46,543 millones desde el presupuesto público, recursos que dejaron de invertirse en salud, educación, seguridad y combate a la pobreza", reza el texto.

Asimismo, enlista los principales problemas de país como la baja cobertura existente en educación, la falta de medicamentos en salud y que el 88% del presupuesto se destina a sueldos, deudas y transferencias, dejando poco espacio para inversión social.

"Cuando la corrupción captura sectores como el subsector eléctrico, el impacto no solo se mide en puntos del IPC, sino en medicinas que no llegan, escuelas deterioradas y oportunidades perdidas para los hondureños más vulnerables", dice el documento.

El Índice de Percepción de la Corrupción se construye a partir de 13 fuentes de datos provenientes de 12 instituciones independientes, que recogen percepciones sobre corrupción en el sector público durante los últimos dos años.

La ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, aclaró que no participa en el diseño, recolección ni tabulación de los datos, los cuales son procesados directamente por Transparencia Internacional desde su sede en Berlín.

En 2022, el IPC analizó cómo la corrupción socava la confianza en los gobiernos y su capacidad para proteger a la población, mientras que en la edición de 2023 se exploró la relación entre corrupción y el sistema de justicia.

Para 2024, se hizo una vinculación entre corrupción y cambio climático, señalando que el desvío de fondos y la falta de rendición de cuentas obstaculizan la respuesta a crisis ambientales.

En tanto, en 2025 el análisis se centró en el deterioro sostenido de la lucha contra la corrupción, evidenciado por el debilitamiento del liderazgo político, el retroceso democrático y la reducción del espacio cívico, así como por los ataques a periodistas, organizaciones civiles y denunciantes.

Para el analista e investigador Lester Ramírez, el nuevo gobierno de Honduras enfrenta una oportunidad histórica para mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción.

Según Ramírez, “más allá del aporte que puede dar una nueva legislación, me parece que tiene que haber un plan de transparencia, anticorrupción, que venga a revolucionar el acceso a información que produce el Estado, especialmente el gobierno”.

“Ya tenemos que empezar a pensar en cómo llevar la información a la población, la información que necesita, que le genere confianza. Creo que eso puede ayudar a poder reducir esa alta percepción de corrupción que hay, y obviamente un mensaje desde lo más alto, de que va a ser intolerante la corrupción”, manifestó Ramírez.

El analista interpretó que, si bien hay señales de un gobierno técnico que busca manejar adecuadamente las finanzas y los recursos, es imprescindible desarrollar un plan claro dentro de los primeros 100 días de gestión.

En el informe, TI señaló a República Dominicana como un ejemplo claro de que es posible revertir tendencias negativas en materia de corrupción cuando existe voluntad política y fortalecimiento institucional.

El país, miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), alcanzó 37 puntos y la posición 99 entre 182 países, ubicándose por encima del promedio regional y consolidando avances durante la última década.

Según el informe, este progreso se explica por una "mayor independencia de las instituciones de control, el procesamiento de casos de alto perfil y la digitalización de los servicios públicos", lo que ha incrementado los niveles de transparencia.

"Mientras Honduras permanece estancada en 22 puntos, República Dominicana demuestra que sí es posible mejorar con decisiones valientes, reformas reales y controles efectivos", menciona.

Entre las recomendaciones de TI para reducir la corrupción destacan la necesidad de garantizar instituciones de justicia independientes y accesibles, limitar la influencia indebida en la toma de decisiones políticas y asegurar acceso a la justicia para las personas afectadas por la corrupción.

El informe también señala la urgencia de fortalecer la transparencia en sectores de alto riesgo fiscal, como el subsector eléctrico, y de garantizar servicios esenciales mediante instituciones profesionales, libres de interferencia política.

Además, resalta la importancia de proteger el espacio cívico, fomentando la denuncia y la vigilancia independiente, y asegurando la participación activa de la sociedad civil y los medios de comunicación.

"La corrupción no es inevitable. Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta", expresó Françóis Valérian, presidente de TI.