Tegucigalpa, Honduras. El proceso de reforma del subsector eléctrico y reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) avanza con la aprobación y publicación en La Gaceta del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Conducción y de la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento.
El acuerdo ejecutivo número 055-DP-2026, publicado el 5 de noviembre de 2026, establece los mecanismos para garantizar que la reforma se implemente de manera ordenada, oportuna y verificable.
El reglamento prohíbe al Comité de Conducción y a la Unidad Técnica asumir funciones legales, operativas o presupuestarias de otras instituciones. Tampoco podrán aprobar tarifas, emitir regulaciones ni comprometer fondos públicos por cuenta propia. Asimismo, sus actuaciones no podrán afectar la independencia funcional y decisoria de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree).
Comité de Conducción
El Comité estará integrado por un representante titular y un suplente de cinco entidades: la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, que lo coordinará; la Secretaría de Energía (SEN); la Secretaría de Finanzas (Sefin); la Enee y la Cree.
El Operador del Sistema y del Mercado (OSM) participará como invitado permanente, con voz, pero sin voto.
Entre sus funciones figuran aprobar la hoja de ruta de la reforma, resolver conflictos de coordinación entre instituciones, aprobar medidas correctivas ante retrasos y elaborar los estatutos y reglamentos de gobernanza de las empresas subsidiarias de la Enee.
El reglamento establece vigilancia prioritaria sobre cuatro procesos: la transformación y escisión de la Enee; la constitución y gobernanza de sus subsidiarias; la creación y puesta en operación del OSM; y el traspaso y gestión de activos, pasivos, contratos y personal.
La Unidad Técnica tendrá 10 días hábiles, después de la instalación del Comité, para entregar la hoja de ruta y la matriz de seguimiento. El Comité, por su parte, dispondrá de 120 días, contados desde la vigencia de la Ley de Justicia Energética (29 de septiembre de 2026), para aprobar y remitir a la Enee Matriz los estatutos de las nuevas subsidiarias.
También deberán elaborarse informes internos mensuales y publicarse informes trimestrales en los portales web de la Presidencia y la SEN, dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre. Además, se rendirán informes a la Comisión de Energía del Congreso Nacional.
Funciones de la Unidad Técnica
La Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento (UTIS) será una instancia temporal de apoyo técnico, coordinación operativa, monitoreo, alerta temprana y preparación de insumos para la toma de decisiones de los órganos competentes. Está adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.
Entre sus funciones están elaborar y actualizar la hoja de ruta; recopilar y revisar la consistencia de la información; monitorear los hitos de implementación; identificar riesgos y emitir alertas; preparar informes y tableros técnicos; coordinar con enlaces institucionales; documentar decisiones y compromisos; dar seguimiento a medidas correctivas y preparar los informes de avance previstos en la ley.
La Unidad podrá contar, según la disponibilidad presupuestaria y las necesidades de implementación, con personal especializado en planificación, derecho administrativo y energético, ingeniería eléctrica, economía, finanzas públicas, gestión de riesgos, información y datos, además de apoyo administrativo.
Aunque tendrá independencia para elaborar informes, alertas y recomendaciones, no podrá ejercer potestades decisorias, regulatorias, presupuestarias, administrativas u operativas reservadas a las instituciones responsables.
Seis ejes y casi 110 hitos
El Decreto Legislativo No. 198-2026, Ley de Justicia Energética, publicado en La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece reformas al sector eléctrico hondureño para reorganizar la Enee y regular el mercado.
La normativa creó el Comité de Conducción de la Reforma y la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento, bajo la coordinación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía e integrada por representantes de Sefin, la Enee y la Cree.
La Enee deberá presentar, en un plazo de 120 días y a través de la Comisión de Energía, un informe sobre su deuda histórica. Asimismo, junto con Sefin, deberá informar sobre la implementación de un plan estratégico para el pago de esa deuda.
El Gobierno desarrolla una hoja de ruta que contempla seis ejes de transformación, 25 iniciativas y casi 110 hitos, orientados a modernizar el sistema eléctrico nacional, fortalecer la Enee y garantizar un servicio más eficiente, confiable y competitivo.
Los avances fueron presentados durante una comparecencia de prensa en el marco del Taller de Implementación de la Ley de Justicia Energética, que reunió durante dos días a cerca de 60 representantes de las instituciones responsables de ejecutar la reforma, con el acompañamiento de especialistas internacionales.
Carmen Urízar, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y exministra de Energía de Guatemala, explicó que las instituciones han identificado seis ejes estratégicos, 25 iniciativas y casi 110 hitos que deberán ejecutarse durante los próximos 24 meses, con acciones prioritarias para los primeros 90 días y seis meses.
Urízar detalló que el proceso de planificación comenzó el 30 de septiembre, un día después de aprobada la Ley de Justicia Energética.
Entre los principales componentes de la reforma figuran la reorganización de la Enee y sus subsidiarias, la recuperación de la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento de la Cree, la independencia del despacho eléctrico, la apertura gradual del mercado y las licitaciones de generación y transmisión.
Escisión de la Enee y reorganización del mercado
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señala que los estatutos y reglamentos de gobernanza de la Enee Generación, Transmisión y Distribución deberán estar listos y remitidos a la Enee Matriz para su aprobación a más tardar en enero de 2027.
Posteriormente, se procederá a inscribir la escisión en el Registro Mercantil, con un inventario de activos, pasivos y personal por unidad de negocio. Según las proyecciones, este proceso podría tardar hasta junio de 2027.
El reglamento de la Ley de Justicia Energética deberá estar aprobado a más tardar en enero de 2027, tal como lo establece la ley.
Edgar Aguilar, experto en energía de la ASJ, explicó a LA PRENSA que el reglamento debe desarrollar aspectos fundamentales para la reorganización de la Enee.
“El reglamento de la ley debe llevar muchos más detalles de lo que se debe hacer, la reestructuración de la Enee, aparte de los activos, pasivos, definir tiempos, es importante definir los nuevos modelos para la operatividad de las empresas, pero esto debe llevar análisis de expertos nacionales e internacionales”, agregó Aguilar.
Al mismo tiempo, se realizarán los convenios de administración por 30 años y los contratos iniciales de generación-distribución por 10 años.
También se presentarán los activos de infraestructura del Estado transferidos a la Enee Matriz, con su respectivo inventario, que incluye la obra gris de las presas, la red de transmisión y distribución, subestaciones, derechos de vía y terrenos.
A más tardar en septiembre de 2027, deberá presentarse al Congreso Nacional el informe actuarial del FPS-ENEE, que servirá para decidir si el Fondo obtiene personería jurídica. El documento deberá incluir un estudio actuarial actualizado, el inventario y mecanismo de traspaso de activos y pasivos, así como recomendaciones sobre su factibilidad financiera.
También se deberá ordenar el mercado y poner en marcha el OSM, en sustitución del ODS. La Cree deberá establecer las reglas correspondientes, además de definir aspectos relacionados con la elección de comisionados, las licitaciones, quiénes podrán comprar energía directamente y el precio de referencia de potencia.
La primera junta directiva del OSM deberá estar establecida a más tardar el 28 de diciembre, mientras que su operación en sustitución del ODS deberá comenzar a más tardar en abril de 2027.
Salomón Ordóñez, experto en temas de energía y exgerente de la Enee, consideró que la Ley de Justicia Energética representa un avance para ordenar la institución y mejorar su administración. Sin embargo, advirtió que los primeros resultados podrían observarse dentro de un año.
“Solo separar esas tres empresas (distribución, generación y transmisión) va a tomar tiempo, porque hay que separar activos, reevaluar activos para separarlos y cancelar empleados. Eso toma 24 meses”, indicó Ordóñez.
