Señalan a cuatro “tarjeteros” en el desfalco de los economatos de Támara

Las tarjetas que los familiares compraban para que sus parientes presos pudieran adquirir alimentos y artículos básicos en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT) se habrían convertido en una fuente de dinero irregular, y quienes las tenían en sus manos aparecen ahora en el centro de las sospechas.

Se trata de cuatro agentes penitenciarios: Tarsis Ortega Díaz, Ana Gabriela González Chacón, Óscar Paguada Carazo y Josué Neptalí Flores Colindres, quienes durante 2025 tuvieron a su cargo la venta de las tarjetas del economato del penal.

Fuentes vinculadas al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y al propio centro penal señalaron a LA PRENSA Premium que el grupo habría participado en la impresión de tarjetas adicionales, en cobros indebidos a proveedores y en anomalías en la compra y el pago de productos.

Con ellos, el caso de los economatos suma nuevos nombres a un escándalo que ya mantiene en condición de disponibilidad al coronel Karlthers Dermenegier Medina Rosales, exdirector de Támara, y que terminó con la baja deshonrosa de otro exdirector, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo.

El director del INP, general en condición de retiro Walter Lacayo, confirmó a este medio el papel que cumplía el grupo. “Sí, me informan que los cuatro eran los tarjeteros, vendían las tarjetas a las familias y le entregaban el dinero al coronel Osorto; esa era la función”, afirmó.

Pese a los señalamientos, los cuatro agentes continúan laborando en el mismo centro penal, aunque ya no manejan el dinero de los economatos, constató este medio

La llegada de los cuatro agentes a la cárcel de Támara no fue casualidad, pues, según fuentes cercanas al caso, forman parte del círculo de confianza de Medina Rosales, al que también pertenece la administradora Iveth Lagos.

Medina Rosales trabajó con ellos en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, conocida como “La Tolva”, y cuando en 2025 asumió la dirección de Támara se llevó consigo al grupo completo, antes de quedar, desde octubre de 2026, en condición de disponibilidad por el caso de los economatos.

El equipo sobrevivió incluso a la salida de su jefe. Según las fuentes, en septiembre de 2025, cuando Medina cedió el mando de Támara al coronel Osorto Castillo, el primero le recomendó al segundo conservar al personal encargado de las tarjetas. Osorto accedió y los cuatro agentes continuaron en sus puestos.

Los economatos funcionan como tiendas dentro de los centros penales, donde los privados de libertad compran alimentos y artículos de uso personal.

Antes funcionaban con tarjetas que adquirían los familiares de los reclusos, pero tras el escándalo del desfalco de 8 millones en economatos de lempiras, se regresó al uso del dinero en efectivo.

En la cárcel de Támara, que alberga a más de cinco mil reos, el sistema de tarjetas comenzó a operar en 2025 por iniciativa del propio Medina Rosales, y su dimensión puede medirse con los 8 millones de lempiras que, según dijeron los internos a este medio, todavía permanecen atrapados en esos plásticos.

Dentro del penal de Támara, lo que ocurría con las tarjetas no era un secreto. Personal que labora en el centro penal, y que pidió reservar su identidad por temor a represalias, asegura que el grupo de penitenciarios habría montado un esquema para obtener beneficios económicos del dinero que los familiares destinaban a las compras de sus parientes privados de libertad.

El mecanismo, según sus testimonios, era tan simple como difícil de detectar desde afuera, pues se imprimían tarjetas adicionales, con saldo que no respaldaba ningún pago de las familias, y luego se hacían efectivas contra los fondos del economato como si fueran compras legítimas de los internos.

En los registros, cada una de esas tarjetas aparecía como una venta más; pero en realidad, detrás de ellas no había ningún privado de libertad, solo dinero que, de acuerdo con los denunciantes, terminaba fuera del sistema.

“Todos somos testigos de eso aquí, uno ve todo. Lo que pasa es que a veces es mejor quedarse callado. Pero mire, ese grupo se entendía y manejaron eso (las tarjetas) por un buen tiempo. Deberían tener responsabilidad, porque también llevaron al caos todo eso”, relató uno de los empleados consultados.

Y es que, aunque el artículo 90 de la Ley del Sistema Penitenciario establece que estos establecimientos “estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría Interna del INP”, la institución no ha detallado qué mecanismos utilizaba para verificar las tarjetas emitidas, los ingresos diarios y las conciliaciones contables.

Los señalamientos no se limitan a la impresión de tarjetas. Varios proveedores del penal describieron a LA PRENSA Premium un manejo desordenado del dinero y transacciones que, en el mejor de los casos, revelaban improvisación.

“Eso era un desorden, ellos (los penitenciarios) no se fijaban. A veces recibíamos dinero de más y yo una vez les dije: ‘Miren, me está dando de más, tenga’. Otras veces nos daban menos, y las marquetas de billetes de 500 lempiras en el interior los cambiaban por billetes de dos, como ambos son morados. Esa gente definitivamente no sabía ni sabe nada de administración”, expresó uno de ellos.

Otros proveedores aseguran que los cuatro agentes les exigían pagos a cambio de mantenerlos como abastecedores de los economatos.

Según los testimonios, las cantidades exigidas llegaban a miles de lempiras, aunque no se precisan los montos para proteger la identidad de los entrevistados.

“Es injusto, porque se aprovechaban de su posición. Y uno, para que lo sigan contratando, no le queda de otra que pagar coimas para poder comer”, relató uno de los afectados.

El circuito del dinero pasaba siempre por las mismas manos, porque además de vender las tarjetas a las familias, función que confirmó el director del INP, los cuatro agentes preparaban los paquetes de dinero destinados al pago de los proveedores y le entregaban a Osorto Castillo las ganancias del economato.

Una comparación de precios realizada por LA PRENSA Premium constató que varios productos se venden dentro de Támara hasta al doble de su precio en el mercado, un sobreprecio que pagan los privados de libertad y sus familias.

Esas ganancias, de acuerdo con las fuentes, se destinaban a cubrir la logística de distintos departamentos del penal y financiar obras dentro del recinto.

Para verificarlo, el 24 de junio de 2026, LA PRENSA Premium solicitó al INP, mediante la petición SOL-INP-570-2026, el detalle de las obras ejecutadas y los montos destinados a cada una.

La institución remitió un listado de los proyectos, pero omitió las cantidades invertidas. Aunque este medio presentó un recurso de revisión, hasta el cierre de esta edición el INP no había proporcionado la información económica solicitada.

Este medio conoció, además, que, tras detectarse algunas irregularidades, el entonces director Osorto Castillo contrató a una mujer para hacerse cargo de los inventarios y de la relación con los proveedores.

LA PRENSA Premium buscó a Tarsis Ortega para conocer su versión. Tras el saludo inicial, y una vez enterada del tema, dejó de responder llamadas y mensajes. Ana González, Óscar Paguada, Iveth Lagos, Osorto Castillo y Medina Rosales tampoco respondieron a las solicitudes de entrevista, mientras que no fue posible localizar a Flores Colindres.

El actual director de la cárcel de Támara, coronel Willian García, informó a LA PRENSA Premium que hasta ahora se ha cambiado a efectivo casi un millón de lempiras en tarjetas, que él asumió directamente la administración del dinero de los economatos y que a los proveedores ahora se les paga contra entrega.

La cifra, sin embargo, contrasta con los L8 millones que, según los privados de libertad, siguen atrapados en tarjetas en su poder. Por ahora, solo se reembolsa en efectivo a quienes obtienen su libertad.

Para las familias, esto significa que el dinero que reunieron para que sus parientes pudieran comer y cubrir necesidades básicas permanece congelado en un plástico que hoy, dentro del penal, apenas sirve.

“Es una sinvergüenzada lo que hicieron. Uno se mata trabajando para ayudar a su familiar y ese dinero termina en manos de gente que nunca tuvo que rendir cuentas. ¿Quién nos va a responder ahora?”, reclamó una madre de un privado de libertad.

El caso, en tanto, sigue abierto. El director del INP informó que los hallazgos sobre los economatos fueron remitidos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio Público, donde la investigación continúa.

Por ahora, advirtió el funcionario, no se descartan más implicados y la información que puedan aportar nuevas fuentes es fundamental para profundizar las pesquisas.