Tomás Zambrano exige al INP investigar compras de alimentos y “deducir responsabilidades"
El presidente del Congreso Nacional planteó que el Ministerio Público también puede actuar para establecer si las denuncias sobre compras de alimentos con indicios de malversación constituyen delito
- Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 10:31 /
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó a las compras de alimentos con indicios de fraude que investiga el Instituto Nacional Penitenciario (INP), tras una publicación de LA PRENSA Premium, un caso que, a juicio del parlamentario, deben esclarecer la propia institución y el Ministerio Público.
“Desde el Congreso Nacional exigimos a las autoridades del INP que lleven a cabo las investigaciones pertinentes, sin perjuicio de que el Ministerio Público también actúe, para esclarecer si estas denuncias son constitutivas de delito y se deduzcan responsabilidades a los implicados”, afirmó el titular del Legislativo en entrevista con este medio de comunicación.
La postura de Zambrano llega luego de que LA PRENSA Premium diera a conocer que el INP mantiene abierta una investigación interna sobre las compras realizadas desde mayo de 2026, la cual fue confirmada por el director de la institución, general Walter Amador Lacayo.
Según fuentes consultadas por este medio, las pesquisas se centran en las operaciones de la Gerencia Administrativa del INP, lideradas por el abogado Alberto Lozano.
De acuerdo con esas mismas fuentes, las compras de alimentos para los privados de libertad a dos proveedores habrían dejado un remanente en efectivo de entre L6 y L10 millones mensuales, que presuntamente era repartido entre funcionarios del INP como condición para que las empresas siguieran vendiendo a la institución.
De confirmarse esos montos, en los cinco meses que abarca la investigación el esquema habría desviado al menos entre L30 y L50 millones.
La magnitud de esas cifras se dimensiona frente al presupuesto, ya que El Estado asignó L788.9 millones a la alimentación de los reos, casi el 23% del presupuesto del INP, lo que equivale a unos L65.7 millones mensuales.
Depuración
En su pronunciamiento, Zambrano sostuvo que “cualquier anomalía interna de cualquier institución, que evite el éxito de sus operaciones, es responsabilidad de la autoridad competente”.
Al mismo tiempo, reiteró la disposición del Congreso Nacional a reformar leyes existentes o aprobar nuevas para que las autoridades de seguridad cumplan su compromiso de "recuperar la paz y tranquilidad en nuestros barrios y colonias".
El presidente del Legislativo vinculó el caso con la política de seguridad del Gobierno, al decir que "la depuración continua de todos los órganos de justicia es indispensable para el éxito de nuestro compromiso como gobierno de luchar contra la delincuencia común y organizada".
Consultado por LA PRENSA Premium, el director del INP aseguró que la investigación está en curso y que los hallazgos serán remitidos al Ministerio Público. Sobre la posible existencia de sobrantes, Amador Lacayo afirmó que “los remanentes no deben existir” y aseguró que a su despacho no se ha reportado ninguno.
Por su parte, el gerente administrativo del INP, Alberto Lozano Ferrera, negó tener conocimiento de las irregularidades y, aunque se comprometió a responder algunas preguntas de este equipo periodístico, no volvió a contestar los mensajes ni llamadas tras conocer el tema a tratar.
Hasta la publicación de este artículo, el Ministerio Público no se había pronunciado sobre el caso.
