De L40 a L95 diarios: así aumentó el presupuesto para alimentar diariamente a cada reo

La asignación presupuestaria para alimentar a cada privado de libertad pasó de unos 40 lempiras diarios entre 2023 y 2024 a cerca de 95 lempiras en 2026 (una diferencia de 55 lempiras), de acuerdo con los cálculos realizados por LA PRENSA Premium a partir de documentos oficiales.

El dato se desprende del Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), que consigna una asignación que supera los 660 millones de lempiras para la partida de "Productos Alimenticios y Bebidas" del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

LA PRENSA Premium dividió ese monto entre una población penitenciaria aproximada de 19,000 personas, según datos actualizados hasta septiembre de 2025, lo que significa que el costo diario por alimentación de cada interno es de 95 lempiras.

Si en el cálculo también se incluye a los aproximadamente 4,000 agentes penitenciarios, la población atendida ascendería a unas 23,000 personas y la asignación equivalente bajaría a cerca de 79 lempiras diarios por persona.

Sin embargo, los documentos oficiales consultados no detallan cómo se distribuyen los recursos de esta partida ni precisan si también cubre la alimentación del personal penitenciario.

El incremento no tiene, hasta ahora, una explicación en la información presupuestaria disponible y las autoridades tampoco han detallado qué factores justifican que la asignación diaria se haya duplicado, especialmente en un gobierno que promueve un modelo penitenciario inspirado en el de El Salvador, con medidas de máxima rigurosidad y mano dura contra la criminalidad.

El INP cuenta en 2026 con un presupuesto de L3,481.7 millones financiado en su totalidad con fondos nacionales. De ese monto, L780.4 millones corresponden al grupo de "Materiales y Suministros", en el que la alimentación es, por mucho, el rubro más pesado, con L660 millones, el 84.6% del grupo.

Para dimensionar la cifra, la partida de comida es casi tres veces mayor que todo el presupuesto del programa de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social, que dispone de L229.9 millones para el año.

También supera en más de 20 veces la asignación de la Carrera Penitenciaria, de L29.7 millones.

Al cierre de junio de 2026, el INP había ejecutado L231.8 millones de la partida de alimentos, el 35% de lo asignado. Esa cifra equivale a unos L67 diarios por persona durante el primer semestre.

El ritmo de pago, sin embargo, fue muy desigual porque entre enero y marzo, cuando el país operaba con un presupuesto prorrogado (es decir, se mantenía vigente el presupuesto del año anterior mientras se aprobaba el de 2026), la institución ejecutó L50 millones en comida, equivalentes a unos L29 diarios por privado de libertad.

Entre abril y junio, tras la publicación del presupuesto reformulado en abril, el pago saltó a L181.7 millones, lo que equivale a L105 diarios por persona.

LA PRENSA Premium consultó sobre esta diferencia a la administración del INP, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El informe de Finanzas menciona entre sus recomendaciones la necesidad de "ajustar la programación del gasto en alimentación con base en necesidades reales, para evitar concentraciones de gasto al cierre del ejercicio".

Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el incremento exige una explicación transparente.

"No se trata de cuestionar el derecho de las personas privadas de libertad a recibir una alimentación digna y adecuada, sino de garantizar que el dinero de los hondureños se utilice de manera eficiente y que los precios pagados correspondan a los productos efectivamente recibidos", afirmó.

El directivo de la ASJ también puso la cifra en perspectiva frente a otros programas sociales del Estado, como la merienda escolar, en el que el Estado asigna aproximadamente L4 por niño, según la oenegé.

"Resulta preocupante, pero esta diferencia debe llevarnos a revisar las prioridades presupuestarias del Estado, sin desconocer que se trata de programas con obligaciones y alcances alimentarios distintos", señaló.

Para el abogado y experto en seguridad, Germán Licona, el encarecimiento del costo de vida no basta para explicar el alza. A su juicio, el sistema penitenciario tiene formas de reducir costos que no estaría aprovechando, y pone como ejemplo las tortillas.

Licona aseguró que, cuando se construyeron los centros penitenciarios de El Pozo, Siria y La Tolva, se habían traído máquinas desde México para fabricar tortillas.

Según el abogado, en lugar de producirlas, se optó por comprarlas, y la adquisición de tortillas y carnes se ha convertido en un negocio. "Habría que ver si todavía están ahí, si ya las sacaron o las vendieron", cuestionó.

Para dimensionar el gasto, Licona planteó un cálculo propio. "Si se suman unos 20,000 privados de libertad y 4,000 miembros del personal penitenciario, y se redondea a 25,000 personas que consumen diez tortillas diarias a dos lempiras cada una, el costo solo en tortillas rondaría el medio millón de lempiras diarios".

Este equipo también consultó al INP sobre la existencia y uso de esas máquinas, pero tampoco hubo respuesta.

El abogado también mencionó las granjas avícolas que producirían miles de huevos. "No solo es decir que se pasó de 40 a 95 lempiras, sino explicar si están tomando medidas para reducir costos y hacer más barata la alimentación", sostuvo.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), cuestionó que el aumento presupuestario no se traduzca necesariamente en mejores condiciones de alimentación para los internos. "La alimentación sigue siendo la misma ración de años anteriores: frijoles, arroz, si lo hay, y un par de tortillas", expresó.

Maldonado confirmó que en algunos centros penales los propios privados de libertad cultivan parte de los alimentos que consumen.

También señaló que las donaciones de iglesias, empresas y otras organizaciones contribuyen a complementar la alimentación, ante las limitaciones que persisten en las raciones que reciben los internos.

LA PRENSA Premium conoció que el lunes, la Gerencia Administrativa de la institución presentó ante la Dirección un informe detallado sobre los gastos en alimentación de los últimos meses.

Esa gerencia está a cargo del abogado Alberto Lozano Ferrera, y el informe se realizó luego de la publicación del reportaje “INP investiga compras de alimentos por indicios de fraude”.

En el reportaje se expuso cómo, según fuentes con conocimiento de la administración penitenciaria, las compras de alimentos a dos proveedores habrían dejado un sobrante de entre L6 y L10 millones mensuales, presuntamente repartido entre funcionarios del INP.

Según las fuentes, el mecanismo combinaba precios inflados con entregas incompletas que, aun así, se daban por recibidas.

En la revisión presentada este lunes también se abordaría el incremento de la asignación presupuestaria destinada a alimentación en 2026.