INP investiga compras millonarias de alimentos con indicios de fraude
Una investigación interna revisa las compras de alimentos para las cárceles. Fuentes señalan un sobrante de hasta L10 millones mensuales que habría sido repartido entre funcionarios del INP
- Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 23:00 /
Un presunto sobrante millonario, generado en las compras de alimentos para los privados de libertad y repartido entre funcionarios, es el eje de una investigación interna en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium conoció la información de forma exclusiva. Posteriormente, el director del INP, general Walter Amador Lacayo, confirmó la existencia de la investigación.
“Uno mira indicios de situaciones y dice: hay que investigar, hay que dar seguimiento, pero hay que estar seguro de lo que está pasando, uno debe tener sospechas fuertes, algunas pruebas de que en realidad algo está sucediendo”, declaró el funcionario.
De acuerdo con el director, la indagación fue abierta la semana pasada y abarca las compras realizadas desde mayo de 2026. Los hallazgos, aseguró, serán remitidos al Ministerio Público.
Según fuentes consultadas por este medio, las pesquisas se centran en las operaciones de la Gerencia Administrativa del INP, dirigida por el abogado Alberto Lozano Ferrera. Amador, por su parte, evitó precisar al respecto.
Las mismas fuentes señalan que las compras a dos proveedores habrían dejado un remanente en efectivo de entre L6 y L10 millones mensuales, que presuntamente era repartido entre funcionarios del INP. LA PRENSA Premium reserva la identidad de las empresas mientras avanza la investigación.
Consultado sobre la posible existencia de sobrantes, Amador Lacayo afirmó que “los remanentes no deben existir” y aseguró que a su despacho no se ha reportado ninguno.
¿Cómo operaban?
De acuerdo con fuentes con conocimiento directo de la administración penitenciaria consultadas por LA PRENSA Premium, el mecanismo no necesitaba facturas falsas ni empresas de cartón.
Operaba dentro de los propios contratos de alimentación para los privados de libertad, de modo que en los expedientes todo lucía en orden, y esa apariencia de legalidad era precisamente lo que volvía tan difícil detectar las irregularidades.
El desfase se generaba en dos puntos: en compras con precios inflados y en entregas que nunca llegaban completas a los centros penales. Aun así, los documentos de recepción daban por recibido todo lo adquirido.
Con ese respaldo en papel, el INP pagaba a los proveedores mediante cheques que requieren firmas autorizadas, un control concebido para resguardar los fondos públicos, pero que en este caso terminaba avalando pagos por productos que nunca se entregaron o que costaban menos de lo facturado.
Dentro del sistema, esa diferencia se conocía como “el remanente” o “el sobrante”. Ese dinero, en lugar de regresar a las cuentas públicas, permanecía en manos de los proveedores, quienes posteriormente lo entregaban a funcionarios del INP.
Según conoció este medio, esas entregas se hacían cada mes y funcionaban como una especie de peaje, ya que era la condición para que los proveedores siguieran vendiendo a la institución.
Como su negocio dependía de que los contratos continuaran sin interrupciones, nadie en la cadena tenía incentivos para denunciar la situación.
De confirmarse los montos que estiman las fuentes, en los cinco meses que abarca la investigación el esquema habría desviado entre L30 y L50 millones solo a través de dos proveedores. A esa cifra se sumarían las compras a otras empresas y las adquisiciones de combustible, que también estarían bajo revisión.
Magnitud
Las compras bajo investigación no son menores, pues de estos recursos depende la alimentación diaria de unos 19,000 privados de libertad recluidos en los 25 centros penales del país.
Para 2026, el Estado asignó L788.9 millones al rubro de materiales y suministros, de los cuales L660 millones corresponden específicamente a productos alimenticios y bebidas, según el "Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Segundo Trimestre 2026".
Esta última partida representa cerca del 19% del presupuesto total del INP, que asciende a L3,481.7 millones este año.
Para dimensionar el manejo de estos recursos, LA PRENSA Premium realizó un cálculo con base en el presupuesto oficial. Distribuidos durante los 365 días del año, los L660 millones destinados a alimentos y bebidas representan unos L55 millones mensuales, equivalentes a L1.8 millones diarios.
Con una población penitenciaria de 19,000 personas, esa asignación representa aproximadamente L95 diarios por privado de libertad, es decir, unos L31.72 para cada uno de los tres tiempos de comida.
Reacción
LA PRENSA Premium buscó la versión de Lozano Ferrera, quien negó tener conocimiento de las irregularidades. "Es completamente falso, bueno, no sé, en el sentido de que yo tenga conocimiento porque remanentes no existen, lo que se paga son los precios de los productos que los proveedores nos ofrecen, entonces no sé a qué remanentes se refieren", afirmó.
El gerente administrativo calificó la información como "delicadísima" y aunque se comprometió a devolver la llamada para responder preguntas adicionales de este medio, hasta el cierre de esta edición no lo había hecho.
Mientras avanza la indagación interna, el director del INP aseguró que cualquier responsabilidad que se determine será trasladada a la justicia. “Si uno da toda la confianza a cualquier funcionario para que maneje personas, materiales, equipos, presupuestos, y está metido en algo, el siguiente paso es el Ministerio Público”, advirtió Amador Lacayo.
Recordó que así procedió con los expedientes heredados de la administración anterior, entre ellos el caso de las irregularidades millonarias en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), revelado también por LA PRENSA Premium, los cuales que fueron remitidos al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas.
