El anteproyecto de reforma del subsector eléctrico de Honduras ya fue remitido al Congreso Nacional y actualmente se encuentra en proceso de socialización. Posteriormente, podría incorporar modificaciones o adiciones antes de ser sometido a discusión y aprobación.
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y mejorar la prestación del servicio eléctrico en el país.
El documento, de 50 páginas y sujeto aún a cambios, contempla la reforma de 12 artículos del Decreto 404-2013, que contiene la Ley General de la Industria Eléctrica.
Entre las principales propuestas figuran la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), que sustituiría al actual Centro Nacional de Despacho (CND); la apertura del mercado mediante comercializadoras y consumidores calificados; y la separación vertical del sector eléctrico para que cada actividad opere con cuentas independientes.
LA PRENSA presenta los principales cambios planteados en el anteproyecto, que actualmente son objeto de análisis y socialización antes de una eventual aprobación por parte del Congreso Nacional.
Nuevo operador del sistema
El documento señala que la Enee enfrenta una situación financiera deficitaria sostenida, que requiere apoyo recurrente del Estado y una reorganización del sector eléctrico.
En ese contexto, propone sustituir el CND mediante la creación del OSM, una entidad técnica, independiente, sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia, encargada de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de la administración del mercado mayorista de energía.
Asimismo, ordena la liquidación definitiva de la actual Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional, cuyos activos y personal serían transferidos al nuevo organismo.
El anteproyecto también deroga diversos artículos de la Ley Especial de 2022 (Decreto No. 46-2022) y de la Ley Constitutiva de la Enee de 1957. Entre las funciones del OSM estarían garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, así como despachar las unidades de generación bajo los principios de mínimo costo y orden de mérito.
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La entidad sería dirigida por una junta directiva integrada por tres miembros, seleccionados mediante concurso público internacional por un Comité de Nominaciones.
División de la Enee
La propuesta ordena la escisión de la Enee en al menos tres sociedades mercantiles estatales independientes: una de generación, una de transmisión y una de distribución.
La estatal asumiría únicamente el rol de empresa matriz y custodio del patrimonio estatal, por lo que deberá abstenerse de intervenir en la gestión ordinaria de las nuevas subsidiarias.
La empresa de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía; la de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión y el transporte de electricidad; mientras que la distribuidora tendría a su cargo el suministro a los consumidores y la facturación del servicio.
El Estado mantendría la propiedad absoluta de estas empresas a través de la Enee. Sin embargo, el proyecto contempla la transferencia de activos, pasivos, personal y contratos a las nuevas subsidiarias, las cuales operarían con autonomía técnica, administrativa y operativa.
Sus procesos de contratación se regirían por el derecho común y quedarían excluidos de la Ley de Contratación del Estado. Además, las subsidiarias se regirían por el Código de Comercio y funcionarían como sociedades mercantiles, aunque seguirían siendo de propiedad estatal.
La iniciativa también permite que las empresas de distribución y generación creadas tras la reestructuración suscriban contratos iniciales para la compra y venta de energía y potencia eléctrica producida por las plantas transferidas a la subsidiaria de generación.
Estos contratos podrían tener una duración máxima de diez años. El precio de la energía sería fijado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), con base en estudios técnicos.
Cambios en la Cree
La Cree estaría integrada por tres comisionados nombrados por la Presidencia de la República para períodos de seis años, mediante un mecanismo de renovación escalonada cada dos años.
Para la selección de los aspirantes se crearía una junta nominadora integrada por representantes de las universidades nacionales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Secretaría de Energía.
Este órgano tendría la responsabilidad de evaluar, seleccionar y presentar una nómina con el triple de candidatos requeridos para que la Presidencia realice los nombramientos. El anteproyecto también otorga a la Cree independencia funcional, presupuestaria y financiera.
Su financiamiento provendría de una tasa equivalente al 0.25 % sobre las ventas mensuales facturadas por las empresas distribuidoras y otra tasa del 0.25 % sobre las compras realizadas por los consumidores calificados.
Mercado de oportunidad
La propuesta establece que los contratos vigentes de la Enee con generadores privados continuarán hasta su vencimiento, pero no podrán ser renovados.
Asimismo, mientras la Cree define la fórmula para el mercado de oportunidad, el anteproyecto fija de manera transitoria un precio de referencia para la potencia firme de 8.78 dólares por kilovatio al mes (USD 8.78/kW-mes).
Comercializadoras y consumidores calificados
Las comercializadoras podrán vender energía y otros productos a consumidores calificados y agentes del mercado, incluyendo transacciones regionales e internacionales, utilizando las redes de transmisión y distribución.
No obstante, no podrán mantener vínculos con las distribuidoras que suministren energía a sus clientes. Los requisitos de operación y los cargos por uso de las redes serán definidos mediante reglamento.
Las empresas generadoras y comercializadoras deberán inscribirse en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico de la Cree y actualizar su información cuando ocurran cambios en sus instalaciones u operaciones.
La Cree determinará el nivel de demanda necesario para que un usuario sea considerado consumidor calificado, quien además deberá contratar suficiente capacidad firme para respaldar su consumo.
Reacciones
Guillermo Peña Panting, gerente de la Enee, quien participa en la mesa de socialización, afirmó que el anteproyecto no busca la privatización de la estatal, sino su ordenamiento, modernización y eficiencia para mejorar el servicio eléctrico y reducir las pérdidas millonarias.
Samuel Rodríguez, experto en energía, consideró que la reforma es necesaria para mantener un operador eficiente y que debió ejecutarse hace varios años. Sin embargo, advirtió que la escisión de la Enee podría generar implicaciones laborales.
“¿El pasivo laboral lo va a absorber la empresa nueva?, ¿qué va a pasar con las prestaciones?, porque separa una empresa estatal y la convierte en mercantil”, cuestionó.
Rodríguez también señaló que, al abrir el mercado y permitir que las comercializadoras vendan energía a grandes consumidores, la subsidiaria de distribución podría perder clientes que representan una parte importante de la facturación. No obstante, apuntó que eso también reduciría la presión de contratar energía para atender esa demanda específica.
Salomón Ordóñez, exgerente de la Enee, explicó que varias de las reformas ya estaban contempladas desde la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica en 2014.
“Se está reforzando el papel de la Cree, que se lo había quitado el Gobierno anterior; se le devuelve al Operador de Sistema su autonomía e independencia, lo que aporta transparencia al mercado”, manifestó. Ordóñez estimó que el proceso de separación de la ENEE podría tomar alrededor de tres años.
Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee reconoció que Honduras requiere un nuevo modelo energético y operativo, aunque considera necesario establecer mecanismos que garanticen la permanencia pública de la empresa y su sostenibilidad financiera.
“Consideramos que lo que está en riesgo es la distribución por las pérdidas que existen. La ley debe tener una salvaguarda que impida la privatización de esta área, ya que transmisión y generación son rentables”, sostuvo.
Aguilar agregó que el sindicato estará vigilante de que la futura subsidiaria de distribución respete los derechos laborales de los trabajadores, tanto en eventuales despidos como en nuevas contrataciones.
Marlon Lara, diputado del Congreso Nacional, explicó que una vez concluidas las jornadas de socialización, que podrían extenderse durante varias semanas, se incorporarán las recomendaciones recibidas antes de someter el proyecto a aprobación.
La reforma también crea dos instancias temporales para dirigir y supervisar su implementación: el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento.
