Reforma al subsector eléctrico: los cambios que plantea para la Enee
El borrador de reforma eléctrica propone reestructurar la Enee, crear un nuevo operador y abrir espacios a la competencia.
- Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 07:29 -
El Congreso Nacional podría debatir esta semana la Reforma al Subsector Eléctrico de Honduras, con la que el Poder Ejecutivo busca rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y mejorar el servicio eléctrico del país.
El borrador, que aún podría sufrir modificaciones, consta de 26 páginas y contempla la derogación parcial del Decreto 46-2022, la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), que sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND); la intervención del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP); la apertura del mercado mediante comercializadoras y consumidores calificados, así como la separación vertical del sector eléctrico, con el objetivo de que cada actividad opere con cuentas independientes.
LA PRENSA analizó el borrador y explica en qué consisten los cambios propuestos, los cuales serán debatidos y socializados antes de su eventual aprobación por el Congreso Nacional.
El documento señala que la Enee enfrenta una situación financiera deficitaria sostenida, que requiere apoyo recurrente del Estado y una reorganización del sector eléctrico. Asimismo, deroga 15 artículos del Decreto 46-2022, correspondiente a la normativa que definía la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano.
La propuesta instruye la intervención y evaluación del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, estableciendo un plazo para su finalización. También faculta a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para disolver y liquidar la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional y transferir sus recursos remanentes al nuevo operador.
La CREE sería reestructurada y quedaría integrada por tres comisionados con períodos de seis años de forma escalonada. Estos serían seleccionados por la Presidencia de la República a partir de una nómina de diez candidatos elegidos mediante concurso.
Además, se establece el Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como una persona jurídica autónoma de derecho público, sin fines de lucro y fuera de la Administración Pública. Esta entidad sería responsable de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Su función principal sería coordinar los sistemas de generación, transmisión, almacenamiento e intercambios regionales para garantizar la seguridad del suministro al menor costo económico posible.
El OSM sustituirá al Centro Nacional de Despacho (CND), creado mediante Decreto 046-2022 (Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social). Además, las empresas comercializadoras y generadoras estarían facultadas para vender energía eléctrica y otros productos a consumidores calificados a través de las redes de transmisión y distribución. Esto podría traducirse en una mayor competencia dentro del mercado eléctrico.
Si grandes empresas logran acceder a mejores precios mediante comercializadoras privadas, podría incrementarse la eficiencia del sector. Además, al dejar de abastecer a algunos grandes consumidores, la Enee podría concentrar recursos en otros segmentos del mercado, explicaron expertos en el tema. Sin embargo, la medida también plantea riesgos y desafíos, entre ellos la posible pérdida de clientes rentables, ya que las grandes industrias suelen representar una parte importante de los ingresos de la estatal.
La reforma ordena además la escisión vertical de la Enee para transformarla en al menos tres sociedades mercantiles independientes: una de generación, una de transmisión y una de distribución. La subsidiaria de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía. La de transmisión gestionaría las líneas de alta tensión y el transporte de energía. Por su parte, la de distribución tendría a su cargo el suministro a los consumidores y la facturación del servicio eléctrico.
El Estado mantendría la propiedad absoluta de estas empresas a través de la Enee, que asumiría exclusivamente el rol de empresa matriz y custodio del patrimonio estatal. No obstante, el borrador contempla la transferencia de activos, pasivos, personal y contratos a las nuevas subsidiarias.
Estas funcionarían con autonomía operativa, técnica y administrativa. Sus procesos de compra se regirían por el derecho común, quedando excluidas del régimen de la Ley de Contratación del Estado. Asimismo, las subsidiarias se regirían por el Código de Comercio y operarían como sociedades mercantiles, aunque continuarían siendo propiedad del Estado.
Las autoridades han reiterado que la iniciativa no representa una privatización, que no implicará aumentos en la tarifa eléctrica, que no contempla exoneraciones ni privilegios fiscales y que no otorgará exclusividad a ningún actor del mercado.