Tegucigalpa, Honduras. La Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, publicada el 3 de julio de 2026 mediante el Decreto No. 127-2026, ya cuenta con un reglamento que establece las obligaciones de registro, actualización y conservación de información, así como las condiciones de acceso a los datos y las sanciones por incumplimiento. La normativa busca fortalecer la transparencia financiera, combatir el lavado de activos y generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.
El Reglamento de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, publicado en La Gaceta el 19 de octubre de 2026, establece quiénes deben identificar a los beneficiarios finales, cómo reportar y actualizar la información, quiénes podrán acceder a ella y cuáles serán las sanciones por incumplimiento.
La CNBS administrará el registro
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tendrá a su cargo la administración, operación y seguridad del Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF), además de revisar y verificar la información suministrada por las entidades obligadas.
Se considera beneficiario final a la persona natural que posea, directa o indirectamente, el 25% o más del patrimonio o capital de una persona jurídica o estructura jurídica. Cuando no sea posible identificarlo mediante los criterios de propiedad o control efectivo, deberá registrarse al funcionario administrativo superior, como el administrador, gerente general o presidente ejecutivo.
Están obligadas a inscribirse las sociedades mercantiles nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad, las estructuras jurídicas con o sin personalidad jurídica y las entidades o empresas públicas en las que el Estado no tenga el 100% de participación.
Empresas tendrán seis meses para registrarse
La CNBS prevé habilitar el RCBF a inicios de 2027 mediante una plataforma digital. Actualmente realiza una prueba piloto, del 29 de octubre al 30 de noviembre, con acompañamiento personalizado para las empresas participantes.
Una vez habilitado oficialmente el sistema, las entidades obligadas tendrán seis meses para presentar su primera declaración. Gustavo Solórzano, comisionado propietario de la CNBS, explicó a LA PRENSA que el lanzamiento se oficializará mediante una resolución y está previsto para finales de 2026 o inicios de 2027.
“Esta normativa es obligatoria para todas personas jurídicas que administran recursos o reciben fondos, la idea es identificar a todas aquellas personas naturales que están detrás de las sociedades mercantiles, fundaciones u organizaciones que reciben dinero y así evitar el tema de lavado de activos. Se registran las empresas y las empresas registran a la persona natural”, explicó Solórzano.
Las entidades deberán presentar una Declaración Jurada de Beneficiario Final y garantizar que la información sea exacta, actualizada y respaldada documentalmente. El suministro de datos falsos, incompletos o desactualizados podrá generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Empresas deberán actualizar información cada año
Las entidades obligadas deberán actualizar la información de sus beneficiarios finales a más tardar el 30 de mayo de cada año, incluso cuando no existan cambios. Las modificaciones deberán reportarse dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente a su ocurrencia.
Las sociedades constituidas después de habilitarse el registro deberán presentar su declaración dentro del mes siguiente a su creación.
La CNBS podrá verificar los datos, realizar cruces de información con instituciones públicas y privadas y solicitar aclaraciones o documentación adicional. Las entidades deberán atender estos requerimientos en un plazo de 10 días hábiles.
La información del RCBF será confidencial y solo podrá utilizarse para los fines previstos en la ley y el reglamento. El Ministerio Público y la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado podrán acceder directamente mediante acuerdos interinstitucionales que regulen las condiciones de acceso y seguridad.
Multas de hasta 500 salarios mínimos
El reglamento clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, según su naturaleza, reincidencia y riesgo generado.
Entre las infracciones leves figuran los errores materiales, retrasos en declaraciones o actualizaciones y fallas en la conservación documental. Las muy graves incluyen omitir declaraciones, ocultar la cadena de propiedad o control, suministrar información que impida verificar al beneficiario final y obstaculizar la supervisión.
Las sanciones administrativas serán impuestas por la CNBS y podrán oscilar entre 20 y 500 salarios mínimos por incumplimiento, según la gravedad de la infracción y la capacidad económica de la entidad.
El reglamento también contempla multas de entre 10 y 100 salarios mínimos promedio para las sociedades que incumplan la obligación de convertir acciones al portador en nominativas, dentro de los plazos establecidos en la ley.
Empresas tendrán derecho a defenderse
El procedimiento sancionador garantizará el debido proceso y el derecho de defensa. Cuando la CNBS identifique posibles incumplimientos, notificará a la entidad los hechos y las disposiciones presuntamente infringidas, que tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos y pruebas.
La comisión podrá considerar como atenuantes la corrección voluntaria de la información y la colaboración para subsanar incumplimientos, mientras que la reincidencia y el ocultamiento de datos serán agravantes.
Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de reposición dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación. Las multas deberán pagarse en el plazo establecido; de lo contrario, se aplicarán intereses legales y podrá iniciarse el cobro por la vía ejecutiva.
