San Pedro Sula, Honduras. Los abonados que tengan conexiones ilegales, medidores alterados o carezcan de un contador pueden acudir a las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para regularizar voluntariamente su servicio. De lo contrario, se exponen a sanciones por las irregularidades detectadas.
La Ley de Justicia Energética, aprobada y publicada en La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece una serie de medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que registra la estatal eléctrica.
De acuerdo con el documento, estas pérdidas han representado históricamente entre el 30% y el 35% del total de la energía generada, un porcentaje que supera el rango considerado aceptable internacionalmente, situado entre el 10% y el 15%. Esta situación compromete la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y genera un impacto sobre los recursos públicos.
Entre las principales disposiciones de la reforma se contempla un régimen transitorio para que los usuarios con conexiones ilegales o medidores alterados puedan regularizar voluntariamente su situación.
La normativa establece un período excepcional de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia del decreto, para que los usuarios en condición irregular formalicen su contrato, eliminen las conexiones ilegales y permitan las inspecciones técnicas correspondientes.
Durante ese período no se promoverían acciones administrativas ni penales contra quienes regularicen voluntariamente su situación. Sin embargo, este beneficio no los exime del pago de los costos legales de instalación ni de los depósitos correspondientes.
Una vez concluido el plazo, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional podrán ejercer las acciones civiles y penales correspondientes. Estas podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, además de multas, recargos e intereses, según lo establecido en la normativa.
Guillermo Peña Panting, gerente general de la Enee, informó que más de 250 personas han regularizado voluntariamente su servicio eléctrico a nivel nacional.
El funcionario hizo un llamado a los usuarios para que acudan a las oficinas de atención al cliente y pongan en orden su servicio, a fin de evitar multas y sanciones. El plazo vence el 29 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, se intensificarán los operativos para identificar conexiones ilegales y medidores alterados, cuyos responsables podrán ser sancionados.
Para realizar el trámite, el propietario de la vivienda debe presentarse con un comprobante de domicilio y su Documento Nacional de Identificación (DNI). Posteriormente, las cuadrillas de la empresa efectuarán una inspección técnica.
“La Ley faculta 24 meses de manera retroactiva cobrar la energía a los que están robando, es mejor que se regularicen de manera voluntaria”, aseveró Samuel Rodríguez, experto en energía, a LA PRENSA.
Conductas sancionadas
El artículo 30 de la Ley de Justicia Energética identifica varias conductas irregulares relacionadas con el suministro eléctrico. Entre ellas figuran las conexiones clandestinas y las reconexiones no autorizadas, la manipulación o alteración de medidores y sellos de seguridad, así como la instalación de mecanismos destinados a modificar el registro real del consumo.
También contempla el suministro de energía a terceros sin autorización y la obstrucción de las inspecciones técnicas de la empresa distribuidora.
Como parte de las medidas para reducir las pérdidas, la reforma ordena implementar programas de telemedición y monitoreo remoto, con prioridad en las zonas consideradas de alto riesgo.
La normativa también establece obligaciones para los usuarios respecto al cuidado de los medidores. En caso de robo del equipo, el abonado tendrá un plazo de 24 horas para reportarlo a la empresa distribuidora y posteriormente presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.
Pérdidas eléctricas y conexiones irregulares
Edgar Aguilar, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó a LA PRENSA que es necesario redoblar los esfuerzos para reducir las pérdidas de la Enee, que, según indicó, se sitúan en un 38%.
“Se debe promover los canales de información para que las personas regularicen su servicio eléctrico”, indicó Aguilar.
Un informe de pérdidas de la Enee, elaborado con datos extraídos del sistema comercial al cierre de julio de 2026, dimensiona otros problemas que enfrenta la estatal en materia de facturación, atención a los usuarios y control de conexiones irregulares.
El documento detalla que más de 291,700 clientes son facturados mediante promedios, debido a que no cuentan con una lectura real de su consumo eléctrico. Esta modalidad puede generar diferencias entre la energía consumida y el monto facturado.
Asimismo, registra más de 55,400 solicitudes de nuevos suministros pendientes de atención, correspondientes a personas o empresas que solicitaron una conexión eléctrica y todavía no han recibido el servicio. Esta situación también retrasa su incorporación al sistema comercial y el inicio de la facturación.
El informe también identifica unas 27,000 conexiones ilegales que todavía no han sido regularizadas y cerca de 28,000 conexiones ubicadas en bordos, invasiones y asentamientos irregulares, que permanecen fuera de un esquema formal de suministro y control comercial.
Estas cifras reflejan los desafíos que enfrenta la Enee para reducir las pérdidas de energía, mejorar la facturación y fortalecer los controles sobre el suministro eléctrico.
