Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras prepara una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional que busca establecer el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad clasificadas como de mínima y mediana peligrosidad, con el propósito de que contribuyan a los gastos que representa su permanencia en las cárceles y realicen actividades en beneficio de la sociedad.
La propuesta fue anunciada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien adelantó que sostendrán reuniones con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para definir los mecanismos de aplicación de esta medida.
“Vamos a presentar una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario y otras leyes para el trabajo obligatorio y de remuneración social por parte de los privados de libertad de mínima y mediana peligrosidad”, expresó Zambrano al explicar el objetivo de la iniciativa.
Entre las actividades que contempla el proyecto se encuentran la fabricación de pupitres para centros educativos públicos, la confección de uniformes, la elaboración de bloques para construcción y el cultivo de alimentos en granjas penitenciarias.
El titular del Congreso señaló que estas labores también permitirían atender algunas necesidades del país. “La mayoría de las labores tendrán que ejecutarse dentro de las cárceles, aunque hay ciertas actividades que perfectamente se podrían hacer fuera de los centros penales bien vigiladas, acompañadas y resguardadas por las autoridades”, detalló.
El proyecto también contempla establecer incentivos para los internos que cumplan con las jornadas de trabajo. Entre las alternativas mencionadas figuran beneficios relacionados con los días multa establecidos en el Código Penal y posibles mecanismos de reducción de condenas.
Zambrano aclaró que la medida no incluiría a los privados de libertad clasificados como de máxima peligrosidad, quienes permanecerían bajo un régimen de seguridad estricto. Sobre este grupo, manifestó que “si a esas personas usted les da una herramienta de trabajo, la convierten en un arma para matarse entre ellos o atentar contra la vida de los demás”.
La iniciativa deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, incluyendo su análisis en una comisión encargada de elaborar el dictamen. La intención de las autoridades del Congreso es socializarla y someterla a votación antes de que finalice 2026.