Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó al Estado de Honduras a revisar la compatibilidad de las recientes reformas en materia penal y de seguridad ciudadana con la Constitución de la República y los estándares internacionales de derechos humanos.
A través un comunicado, el organismo reconoció que la criminalidad organizada representa una amenaza para la población hondureña y señaló que combatirla es una obligación del Estado. Sin embargo, consideró que las medidas deben formar parte de una política pública integral que incluya prevención, investigación, sanción y reinserción social.
El CONADEH recordó que cualquier reforma penal debe respetar las garantías constitucionales y establecer con claridad las conductas que pueden ser sancionadas, con el propósito de evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la seguridad jurídica, la responsabilidad penal individual y el debido proceso.
Asimismo, expresó su preocupación por las posibles repercusiones de estas disposiciones en derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con la aplicación de la prisión preventiva bajo regímenes de máxima seguridad.
El organismo también advirtió que el Sistema Nacional Penitenciario enfrenta importantes desafíos estructurales, por lo que considera necesario evaluar cómo las reformas podrían afectar la capacidad de los centros penitenciarios, las condiciones de reclusión y los derechos de las personas que permanecen bajo custodia del Estado.
Finalmente, el CONADEH manifestó su disposición de acompañar y asesorar al Poder Legislativo en la revisión y evaluación jurídica de las reformas, con el objetivo de que las disposiciones legales estén en armonía con la Constitución y las obligaciones internacionales asumidas por Honduras.