El dinero, los depósitos y el papel de sus hijos: así habría operado la excónsul hondureña
Documentos judiciales revelan cómo habría operado el esquema de sobornos atribuido a la exdiplomática hondureña en Atlanta
- Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 18:54 -
Más de 375,000 dólares habría obtenido Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, Georgia, mediante un presunto esquema de cobros ilegales a personas que necesitaban realizar trámites en la sede diplomática, según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Las autoridades federales acusan a la exfuncionaria de utilizar su cargo diplomático para exigir pagos en efectivo a cambio de facilitar el acceso a citas consulares. El dinero habría sido recibido y movilizado con la participación de sus dos hijos adultos y un exempleado del consulado.
De acuerdo con los documentos judiciales, el mecanismo involucraba a Consular Services Company, una empresa con sede en Tennessee que ofrecía transporte y gestionaba citas para personas que necesitaban servicios en el Consulado de Honduras en Atlanta.
La compañía trasladaba a sus clientes desde otros estados hasta Georgia para que pudieran tramitar pasaportes, documentos de identidad, servicios notariales y otros registros civiles. Sin embargo, tras asumir el cargo de cónsul general en julio de 2022, Serrano habría exigido pagos en efectivo por cada persona que utilizara esos servicios.
A cambio de los sobornos, la exdiplomática presuntamente permitía que los clientes de la empresa tuvieran acceso a las citas consulares y pudieran ingresar a las instalaciones para completar sus gestiones. También habría instruido a terceros para coordinar directamente con representantes de la compañía.
La investigación sostiene que Serrano habría utilizado a sus hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, para recibir parte del efectivo obtenido mediante los cobros ilegales. Ambos habrían depositado el dinero en sus cuentas bancarias personales, con transacciones individuales que iban desde los 100 hasta los 6,000 dólares.
El Departamento de Justicia señala que los depósitos se realizaron en instituciones bancarias del Distrito Norte de Georgia y que el dinero provenía de los pagos entregados por la empresa de transporte. En algunas ocasiones, el efectivo también habría sido entregado directamente a la exfuncionaria por personal del consulado.
Según la acusación, Serrano habría recaudado más de 375,000 dólares durante el período investigado. Los documentos también describen movimientos de dinero entre julio de 2023 y diciembre de 2024, cuando presuntamente sus hijos recibían los pagos y los ingresaban en sus cuentas.
Para evitar que las autoridades descubrieran las operaciones, la excónsul supuestamente recurrió a aplicaciones de comunicación encriptadas y estableció límites en la cantidad de citas diarias que podían reservar los clientes de la empresa.
En los documentos judiciales también aparece una conversación en la que Serrano habría expresado preocupación por la posible existencia de cámaras y micrófonos en las instalaciones consulares. “Puede que haya cámaras. Tengo miedo, por favor, ten cuidado. . . . Quiero mirar debajo de mi escritorio porque ahí es donde ponen los micrófonos”, habría manifestado.
Por este caso, las autoridades federales arrestaron a Serrano, de 72 años; sus hijos Luis Euceda Serrano, de 39, y Ángel Euceda Serrano, de 42; así como a Mario Antonio Castellanos Velásquez, de 63 años, exempleado del Consulado de Honduras en Atlanta.
La exfuncionaria enfrenta tres cargos: exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para cometer lavado de dinero. Sus hijos y el exempleado consular fueron señalados en una denuncia penal por presunta conspiración para exigir sobornos.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que los diplomáticos extranjeros no pueden aprovechar sus posiciones para obtener beneficios económicos ilegales. Además, sostuvo que su oficina procesará los casos de soborno sin importar el cargo que ocupe la persona señalada.
El caso representa el primer procesamiento bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), legislación que prohíbe a funcionarios extranjeros exigir o aceptar sobornos en Estados Unidos o de empresas estadounidenses.
Los cuatro acusados comparecieron ante un tribunal federal y quedaron bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras continúan los procedimientos judiciales. El Departamento de Justicia recordó que las acusaciones no constituyen pruebas de culpabilidad y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
La exfuncionaria enfrenta tres cargos: exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para cometer lavado de dinero. Sus hijos y el exempleado consular fueron señalados en una denuncia penal por presunta conspiración para exigir sobornos.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que los diplomáticos extranjeros no pueden aprovechar sus posiciones para obtener beneficios económicos ilegales. Además, sostuvo que su oficina procesará los casos de soborno sin importar el cargo que ocupe la persona señalada.
El caso representa el primer procesamiento bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), legislación que prohíbe a funcionarios extranjeros exigir o aceptar sobornos en Estados Unidos o de empresas estadounidenses.
Los cuatro acusados comparecieron ante un tribunal federal y quedaron bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras continúan los procedimientos judiciales. El Departamento de Justicia recordó que las acusaciones no constituyen pruebas de culpabilidad y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.