Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras trabaja en una propuesta de reformas al sistema penitenciario que busca incorporar a los privados de libertad clasificados de mínima y mediana seguridad en actividades laborales de carácter productivo y comunitario.
La iniciativa, impulsada desde el Poder Legislativo, contempla que los reclusos participen en la elaboración de pupitres para los centros educativos públicos y en la confección de uniformes escolares, como parte de un mecanismo para contribuir a la sociedad y reducir los costos que representa el sostenimiento de la población penitenciaria.
Según lo explicado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, la propuesta pretende que las personas que cumplen condenas también puedan aportar mediante trabajos que representen un beneficio para el país y contribuyan a reparar, de alguna manera, los daños ocasionados a la sociedad.
Programas
Uno de los proyectos contempla aprovechar madera decomisada por el Estado que se encuentra almacenada y corre el riesgo de deteriorarse, para utilizarla en la fabricación de mobiliario escolar. También se prevé habilitar talleres de producción dentro de los centros penitenciarios, para lo cual se realizarían coordinaciones con la Secretaría de Finanzas.
Actualmente, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) desarrolla programas de formación y trabajo en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Estas actividades incluyen talleres de carpintería, costura, zapatería y agricultura, mediante los cuales algunos internos adquieren conocimientos y desarrollan habilidades laborales.
A estas labores intramuros se suman las brigadas comunitarias integradas por privados de libertad que gozan de beneficios de preliberación o bajo riesgo, quienes realizan labores de acondicionamiento de escuelas públicas y mantenimiento de infraestructura local.
Las cifras oficiales del INP reflejan que los programas de preliberación y trabajo comunitario benefician gradualmente a grupos seleccionados de reos.
Solo mediante la revisión de expedientes para la concesión del beneficio de preliberación; que incluye la reinserción laboral externa y obras comunitarias; se proyecta el otorgamiento paulatino de esta medida a cerca de 800 privados de libertad que han cumplido con los requisitos de la Ley del Sistema Penitenciario.
Por otro lado, dentro de los 25 centros penales del país, más de 2,800 internos se encuentran integrados activamente en programas educativos de educación básica y media. A su vez, varios cientos participan de forma rotatoria en los talleres coordinados con el INFOP.
Con la reforma promovida desde el Congreso Nacional, se busca que la totalidad de la población penitenciaria de mínima y mediana seguridad quede obligada por ley a integrarse a la producción masiva de bienes escolares.
Seguimiento
Paralelo a las reformas de reinserción productiva, el titular del Legislativo confirmó que las operaciones de saturación y despliegue militar continuarán ejecutándose de forma permanente en los sectores urbanos con mayor índice delictivo del país.
La estrategia de contención abarca los municipios de San Pedro Sula, Choloma y la totalidad del departamento de Cortés, atendiendo a las solicitudes planteadas por los pobladores y sectores productivos de la región norte.
"Esta lucha contra la delincuencia es de carácter general, es en todo el país, es en todo el territorio; a los habitantes de Cortés y San Pedro Sula les podemos decir que San Pedro Sula no es la excepción", explicó Zambrano.
El titular del congreso recalcó que las intervenciones no constituirán despliegues temporales, asegurando una presencia permanente de las fuerzas del orden sin pausas operativas durante los periodos festivos de fin de año.
"Esta lucha es de carácter permanente, no es que vamos a estar de que la semana anterior hubo operativos y esta semana van a descansar; eso no nos lo vamos a permitir", enfatizó Zambrano.
Para monitorear el impacto de las recientes leyes de contención aprobadas en el hemiciclo, las autoridades parlamentarias establecerán mesas de trabajo continuas con los mandos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y Poder Judicial.
Las reuniones de rendición de cuentas entre los operadores de defensa y el Poder Legislativo se desarrollarán de forma mensual para ajustar las estrategias operativas y medir los avances en la reducción de la criminalidad.
