"Sigo convencido de que hay un potencial aquí que vale la pena desarrollar": Brimen

San Pedro Sula, Honduras. El proyecto de las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes) se mantiene como una tarea inconclusa a la espera de solución.

El caso más emblemático es, sin duda el de Honduras Próspera Inc. (HPI), conocida simplemente como Próspera.

Para conocer la postura, las proyecciones y la apertura al diálogo y al acercamiento con las autoridades, LA PRENSA conversó con Erick Brimer, director ejecutivo (CEO) de HPI.

El ejecutivo considera que la incertidumbre jurídica y las controversias relacionadas con las Zedes siguen afectando la percepción de los inversionistas, a la vez que sostiene que una pronta solución al conflicto podría abrir oportunidades para atraer capital y generar empleo como nunca se ha visto en Honduras. Esto fue lo que nos dijo.

Ha sido un proceso lleno de esperanzas y aspiraciones, con reafirmaciones en mi operatividad. Mientras más conozco Honduras y a los hondureños, más reconozco el tremendo potencial que existe aquí para desarrollar el potencial humano y transformar lo que es posible en el país.

Pero también ha sido una experiencia extremadamente frustrante, porque he visto cómo ese potencial se está desperdiciando por una combinación de malentendidos e intereses políticos que están desalineados con el verdadero interés de la población hondureña. Al final del día, independientemente de los colores partidarios, la población quiere que llegue la inversión, que existan condiciones de estabilidad jurídica, que la gente pueda emprender, comenzar y hacer crecer sus empresas, así como tener empleos y llevar a sus hijos al colegio.

Es increíblemente frustrante ver tanto potencial y, por otra parte, observar cómo se desperdicia por tonterías, honestamente, sobre todo porque las decisiones no se basan en hechos ni en realidades. Se basan en malentendidos o en mentiras comunicadas a propósito, no sé.

Pero sí, la verdad es que también le he tomado mucho cariño a Honduras y sigo convencido de que aquí existe un potencial que vale la pena desarrollar.

Actualmente, las condiciones no están dadas en el país para que lleguen grandes inversiones con horizontes de largo plazo. Aunque ha habido declaraciones muy positivas de la administración actual sobre su intención de mejorar el clima de inversión y resolver conflictos, la realidad es que los hechos todavía no se acercan a las palabras.

Los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, suelen ser personas bien informadas. No se van a dejar convencer por un discurso político, como si se tratara de un tema electoral.

Todo inversionista serio va a investigar. Muchos nos llaman porque nuestra información está disponible. En el Ciadi, lamentablemente, existen varios arbitrajes y el nuestro es uno de ellos, además de ser el más importante, según mi valoración.

Un político puede decir lo que quiera, pero un inversionista serio, al hacer su investigación, se dará cuenta de que las condiciones todavía no están dadas. Los inversionistas no esperan que todo sea perfecto; cualquiera que viene a Honduras sabe que existen imperfecciones. Lo que quieren ver es que los problemas se estén resolviendo de verdad, que haya avances y que los arbitrajes se estén resolviendo.

Con frecuencia me llaman para preguntar por nuestro caso. Mientras no resolvamos ese tema, creo que la implicación es que Honduras todavía no está lista.

Esa es la percepción de los inversionistas. Ahora bien, la realidad que creo en mi corazón es que, una vez que se resuelvan esos problemas heredados que todavía siguen pendientes, el país estará en la mejor posición de su historia reciente para atraer grandes inversiones.

Existen realidades geopolíticas globales que le ofrecen a Honduras una oportunidad sin precedentes para atraer inversión a gran escala, generar productividad y crear empleo. No se trata solamente de empleo; ambas cosas son importantes. La productividad es lo que aumenta el bienestar socioeconómico, porque permite que la población obtenga mejores salarios, ahorre e invierta.

Entonces, es el mejor momento que ha tenido Honduras, pero las condiciones todavía no están dadas. Hace falta un poco más de esmero, esfuerzo y valentía para afrontar los problemas.

A veces, hacer lo correcto puede resultar controversial. Las decisiones correctas pueden generar controversia, pero quien no es valiente no resuelve los problemas. Quienes sí lo son terminan convirtiéndose en héroes de una sociedad.

Afrontar los problemas controversiales con valentía y convicción es lo que necesita Honduras. Sigo esperanzado en que, con esta administración y sus líderes políticos y económicos, el país logre aprovechar una oportunidad que nunca antes había tenido.

Sí, lo hemos hecho, y existen muchas formas de estimar ese potencial.

Una de las maneras más adecuadas, en mi opinión, es analizar de dónde provendría la inversión, cuántas oportunidades existen y cuánto podría absorber Honduras.

El país tiene una base industrial que emplea aproximadamente a 500,000 hondureños en total, entre maquilas, procesamiento y agroindustria. El potencial que estimamos es que la base industrial, medida por el capital invertido, podría multiplicarse por un factor de 100, mientras que el número de hondureños empleados productivamente podría aumentar diez veces, de 500,000 a cinco millones, en un plazo de entre 10 y 20 años.

Porque las inversiones modernas se especializan en productividad, procesos automatizados y maquinaria mucho más autónoma. Las industrias tradicionales en las que todo se hace a mano ya no son el principal destino del capital de gran escala. No se trata de trasladar una planta manufacturera de China a Honduras para hacerlo todo manualmente.

La inversión traerá automatización, pero eso no tiene por qué ser un problema si existen las condiciones adecuadas. Aunque la base industrial crezca cien veces, todavía podría generarse un aumento de diez veces en el empleo.

Se trata de trabajos mejor remunerados, porque requieren procesos más desarrollados. No solo se necesita mano de obra para realizar tareas manuales, como puede ocurrir en una maquila, sino también personal para brindar soporte técnico, mantenimiento y programación.

Esto lo estamos demostrando en tiempo real dentro de nuestro proyecto. Tenemos una de las plantas más avanzadas de Latinoamérica, con robótica incluida, que opera en la isla de Roatán. Al principio llegaron extranjeros con doctorados en robótica y tecnología, pero hoy esa planta es operada por hondureños, desde personas del pueblo vecino hasta universitarios que llegaron desde tierra firme.

Esto demuestra que se puede capacitar a la población y producir bienes de alto valor agregado. En este caso, fabricamos productos derivados de la madera, como paneles de construcción y cabañas prefabricadas. También se puede producir madera contralaminada (cross-laminated timber), es decir, utilizar materia prima hondureña, transformarla en productos de valor agregado y exportarlos. Estamos demostrando que es posible.

En cuanto a nuestro potencial, aunque somos un proyecto pequeño en comparación con la oportunidad existente, nos comprometemos a atraer al menos 1,000 millones de dólares (L27,000 millones) en inversión directa al país durante los próximos 10 años. De esa cantidad, podríamos ejecutar entre 200 y 300 millones de dólares (entre L5,400 y L8,100 millones) durante el resto del actual mandato político, si resolvemos el conflicto antes de que termine el año en curso. Cuanto más se retrase la solución, más difícil será convencer a los inversionistas de que vengan a Honduras y confíen en el país.

Esa inversión se concentraría principalmente en tierra firme, alrededor de la ciudad de La Ceiba, donde existe un importante talento humano y una base de capacitación. Podrían generarse entre 10,000 y 20,000 empleos, dependiendo de las industrias que finalmente se establezcan. La agroindustria y el procesamiento de madera con valor agregado generan distintas cantidades de empleos por cada millón de dólares invertidos, pero estimamos que esa sería la cifra de puestos de trabajo vinculados con la inversión que proyectamos para la zona cercana a La Ceiba.

Esto corresponde únicamente a nuestro proyecto, suponiendo que existan las condiciones necesarias. La idea es impulsar a otros grupos económicos que, aprovechando un modelo de negocio similar basado en la promoción y atracción de inversiones, multipliquen ese potencial durante los próximos años.

La propia ley establece explícitamente que, si ese marco legal llegara a derogarse, tendría que existir un período de transición de al menos 10 años o respetarse el período otorgado mediante acuerdos internacionales o acuerdos de estabilidad jurídica.

A eso se suma el acuerdo internacional que aplica específicamente, firmado con Kuwait, y que, según nuestra interpretación, vincula las inversiones estadounidenses a través del Cafta. Su texto garantiza de manera clara y directa, como compromiso del Estado y no de una administración o de un político en particular, la protección de los derechos correspondientes.

Se trata de un compromiso estatal aprobado por el Congreso y ratificado en ambos países; es decir, de un tratado internacional que, según nuestro argumento, tiene un peso fundamental tanto en el ámbito internacional como en el nacional. El acuerdo establece explícitamente que el régimen y todos sus derechos, directos e indirectos, se preservan durante al menos 50 años para quienes invirtieron en el país bajo esas estructuras.

En realidad, considero que el texto es muy claro y que no hace falta inventar teorías legales. Cualquier persona que lo lea verá que el lenguaje es explícito, está en blanco y negro. Después podemos hablar de teorías jurídicas o de filosofía, pero, como decimos por ahí, más claro no canta un gallo.

Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a explorar soluciones que respeten la legalidad, el Estado de derecho y las promesas realizadas, y que permitan optimizar las condiciones, porque entendemos que existen oportunidades de mejora.

Cualquier régimen legal o proyecto puede mejorarse. Esa disposición siempre ha existido, se mantiene y la hemos ratificado pública y privadamente cada vez que hemos tenido la oportunidad.

En algunos casos se han producido conversaciones muy productivas. Sin embargo, considero que corresponde al Gobierno comunicar al público, cuando lo estime apropiado, los trámites que está llevando a cabo para resolver estas controversias.

Lo que sí puedo decir es que, a ojos de los inversionistas internacionales, resulta inexplicable que ciertos asuntos todavía no se hayan resuelto. Esto es especialmente cierto porque quienes conocen nuestra posición saben que hemos mantenido una postura favorable a resolver una disputa que, según nuestra perspectiva, no fue culpa nuestra ni de la administración actual.

El conflicto puede resolverse de una manera no solo amistosa —lo mínimo esperable—, sino también mediante una solución que impulse una ola de inversión en el país.

Esto podría resolverse de forma que, además de cumplir con los requisitos mínimos de la ley, se mejore un instrumento y se convierta en una herramienta para atraer inversiones. Eso es lo que el país necesita: más allá de los discursos políticos y las promesas, hay que atraer capital.

Nuestro proyecto existe gracias al régimen de las Zede y, desde que comenzó a operar, es el que más inversión ha atraído al país, según nuestra valoración. También ha demostrado que puede atraer industrias innovadoras que empleen a hondureños con salarios altos y oportunidades de crecimiento.

Se trata de industrias que están creciendo a nivel global, no de las de hace 40 años, sino de las que marcarán los próximos 40 años. Consideramos que es un proyecto exitoso y que el régimen legal no presenta problemas en ninguna dimensión objetiva o tangible.

Nadie puede señalar, según nuestra posición, que hayamos vulnerado derechos, dañado el medio ambiente o cometido alguna otra irregularidad. Consideramos que las críticas se basan en afirmaciones sobre problemas que no se han demostrado, ya sea por desconocimiento o por otras razones. Entiendo que a veces las personas se forman determinadas ideas y que algunos proyectos pueden cometer errores, pero sostenemos que ese no ha sido nuestro caso.

Es un proyecto que está funcionando. Si realmente se quiere transformar el país y mejorar la vida de la población, hay que resolver el problema y convertirlo en una oportunidad para disponer de una herramienta cuya efectividad se ha demostrado en Honduras y en otros lugares donde se ha intentado implementar, según nuestra experiencia.

Nuestra disposición siempre ha estado presente. No somos un Gobierno, sino una empresa privada, y debemos someternos a las decisiones de las autoridades. Respetamos la institucionalidad, pero también tenemos derechos y aspiraciones relacionados con el proyecto que nos trajo al país, bajo determinados acuerdos que consideramos jurídicamente vinculantes.

Esperamos que esto se resuelva en las próximas semanas o meses, o en el tiempo que sea necesario, aunque lo ideal sería hacerlo lo antes posible.

Siempre hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Creo que, entre las decisiones que pudieron haberse tomado de otra manera y haber tenido un impacto positivo importante, hay dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, el sistema legal de las Zede pudo haber sido más inclusivo en el proceso de aprobación de proyectos. De esa manera, más grupos nacionales habrían podido operar desde el inicio dentro del sistema, como ocurre con las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) y las Zonas Libres (Zoli).

Cuantas más personas hubieran tenido la oportunidad de operar dentro de ese sistema, más capital se habría atraído, más empleo se habría generado y más se habría desmitificado la herramienta, porque más actores la habrían utilizado y aprovechado.

Además, creo que eso habría neutralizado parte de la posible envidia que a veces surge entre empresarios cuando a uno se le ofrece una herramienta y a otro no. Esa decisión no nos correspondía: nosotros no decidíamos cómo se estructuraba el sistema de las Zede , cómo se otorgaban ni quiénes las recibían.

Lo que sí sé es que nuestro grupo estructuró una propuesta centrada en el impacto y, cumpliendo con las leyes nacionales e internacionales, tuvo éxito. Sé que no fue un proceso fácil.

Desconozco qué procedimientos siguieron otros grupos económicos del país, pero sí percibí un sentimiento, no sé si la palabra correcta es "envidia", relacionado con la idea de que un extranjero llegó a Honduras y recibió una concesión, entre comillas, para utilizar una herramienta tan poderosa, mientras los grupos económicos locales no la recibieron.

Si se hubiera actuado de otra manera, creo que la historia habría sido diferente. Desde esa percepción comenzaron a formarse opiniones entre las élites, que influyeron en los políticos y, posteriormente, en la población. Después se presentó esa opinión como si representara la postura de todo el pueblo.

En segundo lugar, creo que la comunicación sobre las Zede se manejó de una manera poco adecuada o demasiado política, como si se tratara de un proyecto de un partido o de un líder en particular.

Cuando un proyecto se politiza y luego llega otro partido al poder, la naturaleza de la política hace que resulte difícil que el nuevo partido celebre el proyecto de su antecesor. Por eso, al politizarse, automáticamente se genera rechazo en una parte de la población. Si se asume que la mitad del país pertenece a un bando y la otra mitad al otro, se termina convirtiendo a la otra mitad en adversaria, aunque el proyecto tenga méritos.

¿Qué se pudo haber hecho de otra manera? Quizás los comunicadores y los representantes públicos del proyecto no debieron identificarse con un partido político en particular.

Podría haberse creado un comité diverso, con participantes de distintos sectores: algunos políticos, otros del sector privado y otros de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto de país, de una herramienta que no tiene color político.

Cuando se entiende bien el sistema, no se trata de un proyecto político en sí mismo, sino de una herramienta. Creo que esa politización ha causado mucha fricción.

Insisto en que somos una empresa privada, no un partido político ni un Gobierno. Algunas de esas decisiones escaparon de nuestro ámbito, pero nos han afectado y, sobre todo, han afectado al país.

Nosotros hemos perdido mucho dinero y la oportunidad de atraer inversiones. Sin embargo, lo que pierde el país es mucho mayor: hablamos de miles de millones de dólares en inversiones que no hemos logrado atraer, pero que podríamos captar cuando se resuelva el problema.

Mientras tanto, el país ha dejado de atraer millones de dólares adicionales y no ha generado decenas de miles de empleos que, según nuestra estimación, podrían haberse creado. Y hay algo especialmente importante: la percepción internacional de Honduras no ha comenzado a cambiar.

Veamos el caso de El Salvador. Cambiar la percepción internacional toma tiempo. El Salvador ha adoptado medidas firmes frente a algunos de sus principales desafíos y ha tardado una década en modificar la opinión global sobre el país.

Cuando Honduras decida afrontar realmente su principal problema, que considero que es la estabilidad jurídica, también necesitará tiempo para que el mundo crea en ese cambio. Pero hay que comenzar.

También se ha perdido todo ese tiempo, y es difícil cuantificar cuántas oportunidades se han dejado pasar, cuánta riqueza no se ha generado, cuántos niños podrían haber tenido una mejor alimentación y cuántas escuelas podrían haberse construido. Es incalculable, pero significativo y muy lamentable.

Buscaría simplificar mucho lo que las partes quieren lograr, sobre todo el Estado.

Actualmente, el Gobierno, a través de sus representantes legales, está inmerso en numerosas discusiones sobre filosofías, ideologías y tecnicismos jurídicos. Un asunto de esta magnitud no se resolverá a ese nivel, porque a cada coma se le pueden encontrar tres interpretaciones si se deja en manos de abogados litigantes.

Es como ponerle un bistec delante a un pitbull y pedirle que no tenga hambre. No tiene mucho sentido.

Por eso, simplificaría tanto el procedimiento como lo que se está solicitando. Al final del día, aunque se trata de un proyecto complejo, en lugar de entrar en todos los detalles, plantearía una pregunta al Estado: ¿Qué quiero conseguir?

Quiero que esto genere empleo y atraiga inversión. Entonces, la primera condición podría ser un compromiso de inversión. ¿Cuánto? Si ustedes plantean 1,000 millones de dólares, está bien: conviertan esa cifra en una obligación.

El compromiso debe tener carácter legal. La estructura funciona, así que hay que asumir esa obligación.

¿Qué más me interesa? Que no se causen daños. Por la otra parte, establecería una fianza de cumplimiento o algún tipo de compromiso legal que permita responder si se producen daños y perjuicios durante las operaciones, si se vulneran derechos, si no se pagan salarios o si se daña el medio ambiente.

Así se puede determinar quién será el responsable ante una corte internacional si ocurre alguno de esos problemas.

Si se neutraliza el riesgo de que ocurran daños y, además, se asume un compromiso legal de atraer inversión, se estarán abordando los aspectos fundamentales.

Lo que hace falta es que alguien pragmático se encargue de resolver el problema, con el objetivo de encontrar una solución y no de litigar. De esa manera, el conflicto podría resolverse de forma relativamente rápida y sencilla.