Tegucigalpa, Honduras. La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, cuestionó la falta de resultados del actual gobierno que dirige el presidente de la República, Nasry Asfura, al cumplirse nueve meses de su administración.
Castellanos advirtió que los problemas estructurales del país continúan sin mostrar mejoras, mientras algunas situaciones coyunturales han profundizado las dificultades de la población.
En un análisis publicado este martes, Castellanos señaló que los 273 días transcurridos desde la toma de posesión del mandatario han estado marcados por problemas como el desempleo, la inseguridad, la pobreza, el alto costo de vida y la crisis del sistema de salud, además de dificultades relacionadas con el suministro de agua, el encarecimiento de los combustibles y el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos.
La exrectora recordó que, en una democracia, el Gobierno no solo tiene la responsabilidad de resolver los problemas nacionales, sino también de respetar y garantizar los derechos de las personas. A su juicio, los primeros nueve meses de la actual administración no muestran avances positivos en los principales desafíos del país.
Desempleo y energía eléctrica
Sobre el empleo, Castellanos cuestionó los resultados de la Ley de Empleo Parcial, impulsada al inicio de la administración y respaldada por organizaciones empresariales.
Según expuso, la normativa fue aprobada tardíamente y no ha generado ni 200 nuevos puestos de trabajo, mientras no se observan nuevas iniciativas para enfrentar la falta de oportunidades laborales.
La socióloga también criticó la aprobación de la Ley de Justicia Eléctrica, que establece el congelamiento general de las tarifas hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, pese a la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
En su análisis, indicó que la estatal emitió bonos por L13,227 millones para pagar parcialmente las deudas con los generadores de energía. Además, señaló que, de acuerdo con las cifras citadas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las pérdidas técnicas y no técnicas superan el 35% de la producción eléctrica.
Castellanos cuestionó que el congelamiento de tarifas beneficie de manera general a los consumidores sin que se haya explicado cuánto representará esa medida en términos de endeudamiento interno. Asimismo, advirtió que la legislación aprobada no resuelve a corto ni mediano plazo la crisis financiera de la empresa estatal.
Inseguridad y reformas legales
En materia de seguridad, la exrectora cuestionó el enfoque de las iniciativas promovidas por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al considerar que se concentran en los operadores criminales, como sicarios y cobradores de extorsión, sin abordar suficientemente las estructuras de poder que sostienen las actividades ilícitas.
Castellanos dividió estas estructuras en tres niveles: las redes criminales nacionales e internacionales, los operadores administrativos y logísticos, y quienes ejecutan directamente delitos como asesinatos y extorsiones. Sostuvo que combatir únicamente al último grupo no elimina las organizaciones que lo financian y utilizan.
También relacionó la falta de empleo y oportunidades con el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales. En ese contexto, citó cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), según las cuales entre 937,588 y 960,000 personas de entre 12 y 30 años no estudian ni trabajan.
La académica advirtió, además, que las reformas impulsadas en el Congreso podrían debilitar las garantías ciudadanas si permiten que la Policía realice allanamientos y capturas sin orden judicial. A su criterio, estas propuestas reflejan las deficiencias de las instituciones responsables de la seguridad, la defensa y la justicia.
En el documento también criticó la falta de explicaciones oficiales sobre la muerte de cinco policías, incluido un subcomisionado, durante un operativo realizado el 1 de junio de 2026 en Corinto, Omoa. Asimismo, mencionó la captura de tres agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), señalados de quedarse con droga incautada.
Crisis en el sistema de salud
Castellanos calificó de preocupante la situación del sistema público de salud, al señalar que la paralización de servicios en centros asistenciales y hospitales ha perjudicado a miles de pacientes, particularmente a quienes no tienen recursos para acudir a establecimientos privados.
En su análisis, citó información sobre las siete semanas de paralización en el sistema de salud que dejaron aproximadamente 1,500 cirugías y 52,000 consultas sin atender.
La exrectora señaló las razones de la prolongada suspensión de labores y pidió explicaciones sobre los pagos al personal médico durante ese período.
También apuntaló que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de L31,397 millones y estimó que el 80% se destina al pago de planillas, mientras el 20% restante cubre medicamentos y gastos de funcionamiento.
Castellanos criticó que los pacientes y los contribuyentes sean los principales afectados por la interrupción de los servicios. Aunque reconoció el derecho de los médicos a reclamar el cumplimiento de sus compromisos laborales, consideró que pudieron recurrir a otras formas de protesta sin suspender durante semanas la atención a la población.
Llamado a resultados concretos
En la parte final de su análisis, Castellanos sostuvo que la solución a los problemas del país requiere medidas urgentes para atender a los sectores más vulnerables, así como políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan enfrentar las causas estructurales de las crisis.
La socióloga también cuestionó que las respuestas gubernamentales se apoyen en la publicidad, el cálculo político o el surgimiento de liderazgos personalistas, en lugar de priorizar decisiones planificadas y resultados verificables.
A nueve meses del inicio de la administración de Nasry Asfura, concluyó que "los ciudadanos necesitan respuestas concretas a sus principales necesidades y avances que se reflejen en su calidad de vida".
