50 años de zonas francas: el legado de los regímenes especiales en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. En 1976, en medio de la junta militar que gobernaba el país, Honduras dio los primeros pasos para la creación de un sistema concebido para revolucionar su sistema económico, crear empleo masivo y encaminar su industrialización.

Ese régimen, que en este 2026 ya cumplió 50 años, es el de las Zonas Libres (Zoli), un modelo con reglas especiales y diferenciadas, ventajas competitivas y fiscales, llamado a transformar el panorama laboral hondureño dentro de un proceso que, pese a sus altibajos, continúa hasta nuestros días.

En este contexto, que ya suma cinco décadas y basados en datos de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), existen unas 330 empresas operando bajo estos regímenes, las cuales emplean en su conjunto a unas 130 mil personas y que, hasta el cierre del año anterior, produjo $ 5,464 millones en exportaciones.

Aunque los tiempos más recientes se han caracterizado por el cierre de algunas empresas y la pérdida de empleos, su impacto en la economía hondureña es innegable. Si bien ha enfrentado algunos problemas, el analista económico Carlos Urbizo señala que “como regla, todo lo que atienda a liberar el comercio y agilizarlo, es positivo para cualquier economía”.

En su repositorio sobre leyes hondureñas para estimular la producción y la competitividad, la Organización de Naciones Unidas, a través de la FAO, explica cómo en diferentes momentos, se fueron creando las disposiciones legales que dieron origen a todos los regímenes especiales en Honduras, como se resume a continuación.

Hasta 1976, Honduras no contaba con ningún instrumento legal que le permitiera aprovechar su estratégica posición geográfica (cercanía con Estados Unidos e instalaciones portuarias en el mar Caribe) para atraer inversión orientada a la exportación, en momentos en los que Puerto Cortés, principal puerto del país, necesitaba un impulso económico.

Como respuesta, la Junta Militar promulgó el Decreto 356-1976, con el que creó un régimen aduanero y fiscal, con exenciones indefinidas en materia de aranceles, impuestos de importación y exportación e impuesto sobre la renta, todo esto restringido a Puerto Cortés, aunque unos años después, en 1979, dicho régimen se amplió a otras cinco zonas portuarias.

Estas disposiciones eran, en esencia, un beneficio amarrado a un territorio portuario y pensado para el comercio y la industria ligados a la actividad marítima. Hasta ese punto, el régimen de zona libre no permitía la instalación de parques industriales en otras zonas de tierra adentro, como los que después surgirían en lugares como Choloma y Villanueva, y tampoco estaba concebido para la creación de empleo a gran escala, como ocurriría unos años después con la llegada de las empresas que crearían la industria de la confección.

En medio del convulso ambiente político que se vivía en Centroamérica, marcado por los conflictos armados internos en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países como Estados Unidos impulsaron en Honduras un modelo de industrialización a través de la manufactura de ensamblaje de productos de la confección para su exportación, dando origen a la industria maquiladora, como parte de una estrategia para fomentar cierta estabilidad en la región.

Ante este desarrollo de los acontecimientos, el régimen de zona libre ya no resultaba adecuado para el establecimiento de parques industriales privados en otras partes del territorio nacional.

La respuesta a esta situación vino en 1987, de la mano del Decreto 37-87, el cual permitió el establecimiento de los antes mencionados parques industriales en zonas industriales de procesamiento (ZIP), aunque con ciertas limitaciones en cuanto a exenciones fiscales, a diferencia de las Zoli, en las que estos beneficios tenían duración indefinida.

En 1998, mediante un nuevo decreto (131-98), los beneficios de los que gozaban las Zoli se extendieron a todos los rincones del territorio, por lo que las empresas acogidas al régimen de las ZIP podían recibirlos con independencia de su ubicación geográfica.

Sin embargo, ni las Zoli ni las ZIP fueron creadas para acoger a otros sectores económicos, como era el caso de la “industria sin chimenea”, es decir, el turismo.

Esta situación afectaba especialmente a un territorio insular como Islas de la Bahía, el cual depende de la importación de una gran cantidad de insumos hoteleros, combustible para embarcaciones y materiales de construcción. A esto se sumaba la presión por el uso del suelo por parte de la inversión inmobiliaria extranjera y un ecosistema frágil que exigía un ordenamiento territorial, algo que ninguno de los regímenes anteriores regulaba.

La respuesta vino en la forma de la Zona Libre Turística (Zolitur), creada mediante Decreto 181-2006, con el cual no solo se creó un régimen aduanero y fiscal, sino también de ordenamiento territorial, con la particularidad de que se circunscribió a todo el departamento insular, a excepción de Cayos Cochinos, pues su objetivo era ordenar el desarrollo de todo el territorio y no solo a empresas individuales.

Sin embargo, todavía quedaba un problema de fondo que, para ciertos sectores empresariales y políticos, seguía sin resolverse: el de la debilidad institucional percibida, caracterizada por aspectos de inseguridad, lentitud judicial y riesgo regulatorio, algo que ningún beneficio fiscal, por generoso que fuese, podía compensar.

Los tres regímenes creados hasta ese momento partían de la misma premisa básica: reducir o exonerar de impuestos y simplificar los procedimientos aduaneros dentro del marco jurídico hondureño.

Pero el verdadero problema no era la carga tributaria, sino la falta de seguridad jurídica y los riesgos asociados a la criminalidad, lo que ni la Zoli, ZIP ni Zolitur podían solucionar.

De modo que, inspirándose en el concepto de las “charter cities” o "ciudades modelo", del economista Paul Romer, se promovió la figura de las zonas especiales de desarrollo económico (zedes), bajo la premisa de atraer inversión a gran escala a través de un salto cualitativo que permitiera establecer en ciertos territorios sus propios sistemas regulatorios y de seguridad, concediéndoles una gran autonomía para la creación de condiciones favorables para la industria y el comercio que les permitiesen convertirse en un peculiar polo de desarrollo.

Próspera Honduras es el ejemplo más conocido de las empresas asociadas a este último régimen especial. Y, luego de 50 años, ¿qué han dejado estos regímenes especiales en los lugares en los que se han llevado a la práctica?

La zona libre de Puerto Cortés fue la primera, aunque no la más exitosa. En su momento de mayor crecimiento, albergó a importantes empresas que, en su mejor momento, dieron empleo a más de 5 mil personas.

Además de la creación de empleo, las empresas que allí operaban proporcionaban ingresos para el Estado a través de los servicios portuarios que utilizaban para sus procesos de importación y exportación.

En la actualidad, solo queda una sombra de su pasado. De acuerdo con Antonio Cruz, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés (CCIPCO), quedan en operación entre dos y tres empresas, las cuales emplean a entre 300 y 400 personas a día de hoy.

Para explicar esta situación, Cruz observa que “la condición de las instalaciones está en decadencia total, o sea, los inversionistas vienen a verlas, pero realmente son edificios viejos, sin aires acondicionados, destruidos, con humedad, que no no representan las nuevas y modernas fábricas para hacer este tipo de inversiones y exportación”.

Cruz atribuye ese resultado a la falta de capacidad y/o interés de la Empresa Nacional Portuaria para atender las necesidades de las empresas que en su día operaron en la zona libre, provocando con el pasar del tiempo su retiro y dejando sin opciones de trabajo a muchos porteños.

“Había cafeterías, había un gran movimiento en las ferreterías, en el comercio, que valía la pena, pues todos los viernes se cobraba y había un derrame económico en todo lo que es Puerto Cortés”, recuerda el dirigente empresarial con cierta nostalgia.

Consultado sobre las posibilidades de recuperar para la zona libre su antiguo esplendor, el presidente de los empresarios del puerto indica que para eso sería necesaria una inversión de entre 50 y 100 millones de lempiras, en un esfuerzo que, aunque ha sido anunciado en varias ocasiones, todavía está lejos de concretarse.

Al hacer un balance sobre el legado que la primera zona libre de Honduras le dejó a Puerto Cortés, Cruz reflexiona que fue una “bonita experiencia” y, si bien ya no representa la importancia económica que tuvo décadas atrás, todavía pueden aprovecharse sus instalaciones.

“O invierten en nuevos hangares, en nuevos edificios o la demuelen o se la entregan o la alquilan a la operadora portuaria”, propone, con tal de generar alguna clase de actividad económica que le traiga algún beneficio a esta ciudad portuaria hondureña.

Ubicado entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, se encuentra el municipio de Choloma, una localidad en donde la industria manufacturera textil arraigó con más fuerza con la creación de diversos parques industriales acogidos al régimen de las ZIP.

De acuerdo con algunas estimaciones, que varían según la fuente consultada, operan en estos parques entre 70 y más de 100 empresas y, en su mejor momento, llegaron a emplear a decenas de miles de personas (alrededor de 50 mil, en su pico más alto).

Pese a ciertos problemas relacionados con la crisis económica en general, el municipio todavía cuenta con una importante concentración de empresas y empleos.

Entre las empresas que han buscado dejar su huella en el municipio se encuentra Próspera Honduras, que impulsó Ciudad Morazán, un proyecto concebido para proveer, inicialmente, vivienda a unas 15 mil personas y generar alrededor de 10 mil empleos.

Dennis Alberto, jefe de planificación territorial de la municipalidad de Choloma, indica que las autoridades locales buscan activamente “nuevas rutas y nuevos mercados a nivel internacional, con la Unión Europea, Canadá y otros mercados que nos permitan traer nuevas industrias y nuevos empleos para ir cambiando un poco esa imagen que tenemos de Choloma, que es el municipio textil”.

Alberto destaca la “situación privilegiada” del municipio en relación con su ubicación, a solo 39 kilómetros de Puerto Cortés, facilitando el movimiento de mercancías para su exportación.

“Entonces nos coloca a nosotros como una ventaja competitiva al ser ideal para un sector logístico, lo que permite la interconexión entre la principal ciudad comercial del país, que es San Pedro Sula y el principal puerto”.

Al efectuar la valoración de lo que las empresas que operan bajo los regímenes especiales le han dejado al municipio, Alberto destaca la creación de empleo masivo, al tiempo que la industria local busca transformarse y diversificar, posicionándose como centro logístico y de servicios.

Más al sur se encuentra Villanueva, “la ciudad que endulza a Honduras” debido a su agroindustria azucarera, y que se convirtió en otro gran receptor de parques industriales y empresas operando bajo régimen especial en el valle de Sula.

De acuerdo con un dato proporcionado por Gerardo Espinoza, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva (CCIV), el municipio tiene alrededor de 16 mil empleos directos, frente a los casi 30 mil que llegó a generar en su mejor momento.

Alrededor de 40 empresas operan en sus parques industriales, entre los que destacan ZIP Villanueva, ZIP Búfalo y ZIP Buena Vista.

Como se desprende de este recorrido histórico, el objetivo de las zonas con régimen especial siempre ha sido crear un impacto positivo en la economía y el empleo en Honduras y, en gran medida, aunque no han estado exentas de problemas, lo han logrado.

Al resumir el impacto que los regímenes especiales han tenido en la economía hondureña, el analista Carlos Urbizo señala que ha sido “muy positivo” y agrega que “las zonas francas son una opción más que tienen los inversionistas para servir a sus clientes dentro o fuera de Honduras”.

Pero también advierte que estos modelos no deben dormirse en sus laureles, sino que “tienen que mantener su competitividad, lo que quiere decir no alejarse del modelo, innovar y evolucionar para competir y progresar”.

Antonio Cruz, por su parte, comentó que, sabiendo gestionar aspectos como la soberanía, incluso un modelo como la zede, puede traer "muy buen futuro económico" que "viene a ser un paliativo para la inversión y el desarrollo".