Solo $14.8 millones de la inversión en Honduras son capital nuevo: conozca la causa

San Pedro Sula, Honduras. El primer trimestre del presente año lucía poco prometedor en cuanto a las previsiones de Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras.

Al analizar el período comprendido entre enero y marzo de 2026, el Banco Central de Honduras (BCH) informaba de apenas $213.4 millones (unos L5,766 millones al cambio actual), una caída del 27% con respecto al mismo período de 2025.

A este respecto, Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), calificó dicho resultado como una caída “brutal”.

Sin embargo, el mismo BCH, al presentar a finales de septiembre los resultados del segundo trimestre del año (abril a junio), mostró una marcada recuperación, al reportar un monto de $468.3 millones, según consta en su Boletín de Prensa No. 86/2026.

El BCH destacó en dicho informe que ese flujo de inversión era, de hecho, el más alto registrado desde 2015 para el segundo trimestre del año, dando la impresión de una considerable recuperación en la llegada de capitales al país.

Sin embargo, los expertos advierten que tales cifras deben evaluarse en su debido contexto, a fin de verlas en su justa proporción.

Sobre esto el economista Julio Raudales recuerda que, en la década anterior, Honduras promediaba niveles de IED que oscilaban entre los $1,000 y los $1,500 millones (L27,000 a L40,530 millones), mientras que, en la presente década, dicho promedio se ubica entre los $700 y los $1,000 millones (L18,914 a L27,000 millones).

Raudales también hizo referencia a un aspecto de la coyuntura regional que juega en contra de Honduras. “Hay que reconocer que Honduras, si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, es uno de los menos atractivos para que vengan inversionistas extranjeros al país”, dice el analista, quien señala que Honduras es el segundo país de la región que menos inversión atrae, superando únicamente a El Salvador.

“Siempre prevalece la reinversión de utilidades”, apunta Herrera para explicar el aparente repunte de las inversiones. Sin embargo, tal repunte no implica la llegada de capital nuevo, sino que dichas inversiones las llevan a cabo empresas que ya operan en Honduras.

Herrera señala, además, que en los últimos años Honduras viene adoleciendo de una relativa falta de confianza de parte de los capitales externos debido a un incierto clima de inversiones.

“Primero hay que arreglar la casa. Si no arreglamos la casa es difícil que vengan los inversionistas”, sostiene.

Reconoce que las autoridades hondureñas han dado algunos pasos positivos en sus esfuerzos por posicionar a Honduras en el exterior, citando como ejemplos la reinserción de Honduras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la emisión de una ley para controlar mejor las inversiones, pero advierte que “falta mucho más”.

Al precisar sobre la prevalencia de la reinversión en el pretendido repunte de la inversión, el analista económico Roldán Duarte detalla que, de toda la inversión acumulada en los primeros seis meses del año, $290.2 millones (L7,841.20 millones) corresponden a reinversión de utilidades, mientras que solo $14.8 millones (L399.9 millones) corresponden a capital nuevo.

Pero entonces, ¿qué hacer para que vengan nuevas inversiones?

Para que Honduras pueda convertirse en destino de mayores volúmenes de inversión, “se requiere mucha promoción en el exterior”, propone Duarte. Para ello, se requieren esfuerzos específicos, acercándose a empresas particulares y trabajando en proporcionarles las condiciones que faciliten a tales empresas la decisión de invertir.

Duarte agrega que esta labor se debe complementar con una serie de mejoras estructurales y de carácter legal, en las que siempre sale a relucir la seguridad jurídica que los inversores buscan para proteger sus inversiones y asegurar su rentabilidad.

Pero el analista insiste también en que se necesita la seguridad individual de las personas, “mejoras en los puertos y aeropuertos. Necesitamos más fibra óptica, más facilidad de comunicación. Necesitamos alquileres de edificios más baratos, para que el inversionista pueda reducir sus costos”, dice Duarte.

A todo eso, Herrera añade que un suministro de energía confiable a precios competitivos es otro factor que ayuda a atraer capitales. “El país tiene un alto déficit de energía. Tenemos muy mala calidad de energía, muy mala estabilidad de energía y no es una energía competitiva porque es cara”, observa.

En otro aspecto relacionado, Herrera menciona que la construcción de represas para proteger la región del valle de Sula cumpliría un doble propósito en atraer inversiones: ayuda a resolver las deficiencias en el suministro de energía y previene la ocurrencia de inundaciones en una de las zonas más productivas de Honduras.

En un reciente debate transmitido por radio y televisión, los participantes señalaron que Honduras ya cuenta con un instrumento diseñado para fomentar la llegada de capitales extranjeros en cantidades considerables, pero que en este momento se encuentra desaprovechado: el de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes), instrumento bajo el cual llegaron a operar en Honduras empresas como Próspera, Morazán y Orquídea.

En dicho debate, Erick Brimen, director ejecutivo de Próspera, dio a conocer que, de no ser por la incertidumbre provocada por la derogación de la ley que regulaba las zedes y la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Suprema de Justicia, bien podrían haberse ejecutado unos $1,000 millones en inversiones y podrían haberse generado alrededor de 10 mil puestos de trabajo, con el potencial de generar miles más.

En opinión del analista Raudales, la forma en que se manejó esta iniciativa y el desconocimiento sobre lo que significa atraer inversión le hizo “mucho daño al país”, al tiempo que lamenta que Honduras, como nación, todavía piensa en estos asuntos de una forma “recalcitrante”. Por ello, este analista ve pocas posibilidades de revertir la narrativa instalada en diversos segmentos de la opinión pública, en el sentido de que las zedes equivalen a vender la soberanía nacional.

Duarte apunta hacia la otra cara de la moneda y señala que el perjuicio provocado por la derogación de las zedes podría resultar en demandas millonarias que, juntas, calcula Duarte, rondan los 10 mil millones de dólares. “Eso equivale a casi a un precio del del producto interno bruto del país”, advierte.

Este analista se decanta por una solución a través del diálogo y la negociación, a fin de obtener todos los beneficios de las zedes (inversión, creación de empleo, simplicidad de trámites) sin comprometer la soberanía del territorio nacional.

El analista político Kenneth Madrid, quien participó en el debate a propósito de las zedes, considera que esa clase de arreglo a la que se refiere el analista es, en principio, una posibilidad real y necesaria.

Madrid parte del hecho de que la propia sentencia de la Corte Suprema señala que el Estado debe garantizar la protección y la regularización de las inversiones ya establecidas, de tal modo que, al haberse derogado el marco original, tanto el Congreso como el Ejecutivo están obligados a crear una alternativa legal.

“Lo más recomendable es que sea acá en el país una mesa de diálogo, que se pueda llegar a un acuerdo, que se pueda llegar a esos puntos coincidentes para garantizar la inversión y aquellos puntos donde realmente permita llegar a un arreglo pacífico”, dijo Madrid.

Para Madrid, el meollo del asunto no es si debe haber zedes o no, sino cómo resolver el verdadero desafío, que no es otro que encontrar una fórmula para proteger la soberanía constitucional del Estado sin destruir la seguridad jurídica ni las inversiones legítimas realizadas bajo leyes emitidas por el propio Estado.

Olvin Sarmiento, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), quien también participó en el debate, se refirió a otro aspecto crucial para la viabilidad de las zedes: la falta de comunicación con la ciudadanía.

Sarmiento argumenta que esta falta de comunicación terminó por “satanizar” el proyecto y que, para ser viable, es necesario aclarar “que no estamos vendiendo tierra, que no estamos vendiendo el país”.

De la mano con esta socialización, agrega Sarmiento, es necesario eliminar los sesgos políticos y partidarios y enfocar la iniciativa desde una perspectiva puramente técnica, legal y de desarrollo económico.

“Necesitamos inversiones, necesitamos leyes claras, que no se vea en duda nuestra soberanía o los derechos de las personas, que, pienso, eso es quitando el tinte político, el tinte ideológico, podemos llevarlo para beneficio de nuestro país”, acotó.