San Pedro Sula, Honduras. Entre los países de la región centroamericana, Honduras es uno de los que afronta más demandas y litigios ante organismos internacionales.
Las causas son diversas y, de acuerdo con un reciente informe de la Secretaría de Finanzas, el país acumula más de 29,400 casos hasta el primer semestre del presente año.
En materia de demandas, arbitrajes y litigios relacionados con el manejo de los compromisos de inversión, la situación quizá no sea tan dramática, pero sí puede resultar sumamente costosa para el país.
Esto no solo por los costos fiscales asociados, sino también por el impacto en su imagen ante potenciales inversionistas, justo cuando Honduras más necesita fomentar la atracción de capital extranjero.
Si nos limitamos a analizar los casos que se ventilan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), encontramos que Honduras todavía mantiene hasta una docena de casos pendientes de resolución.
En conjunto, representan aproximadamente $4,200 millones (equivalentes a más de L113,400 millones), de acuerdo con un informe publicado por un grupo de centros de investigación (think tanks), encabezado por el Institute for Policy Studies, con sede en Washington D. C.
Caso emblemático
Los casos relacionados con acuerdos de inversión que se ventilan ante el Ciadi pueden dividirse en tres categorías principales: los relacionados con inversiones en energía eléctrica, los ligados al sector financiero y los conflictos derivados de la derogación del marco legal de las zonas de empleo y desarrollo económico (Zedes).
De estos últimos, el caso más emblemático era y sigue siendo el que involucra a Honduras Próspera Inc. (HPI), que, tras la derogación del régimen especial, presentó una demanda contra el Estado de Honduras por un monto inicialmente calculado en unos $10,700 millones (L289,114 millones), posteriormente reducido a unos $1,600 millones (L43,232 millones). Incluso con esa reducción, sigue siendo el caso más importante por su envergadura.
Casos como este estuvieron entre las razones por las que Honduras abandonó su adhesión al Ciadi en 2024, decisión que fue revertida por la actual administración en julio del presente año. Pero dar un paso en la dirección correcta no es lo mismo que resolver el problema.
Imagen de país
Como ya se ha mencionado, el impacto de las demandas contra Honduras no se mide solo en dinero, sino también en la imagen del país, que se deteriora ante los potenciales inversionistas.
“Realmente hay una afectación a la imagen de país, porque en la medida en que se vuelve pública la ventilación de algún caso ante alguna instancia arbitral o alguna instancia judicial fuera del país, lógicamente afecta, afecta muchísimo porque los inversionistas miran que existe esta situación”, observa Yazmina Banegas, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Banegas señala que los inversionistas tienden a llevar sus capitales a países con pocos o ningún litigio, donde no tengan que preocuparse por conflictos legales imprevistos.
Esta apreciación también la respalda el empresario hondureño Santiago Ruíz, quien en declaraciones a HRN, apunta que la inversión, nacional o extranjera, se planifica con anticipación mediante análisis e investigación. Por ello, proyectar una imagen de país más limpia resulta crucial para atraer capitales.
Si a eso se suman los problemas estructurales, el efecto resulta doblemente dañino.
“Vivimos en el tema de la tramitología. El ‘no se puede’, el ‘no hay sistema’, el ‘no está’, ‘no quiero’, ‘no me interesa’, ‘soy indolente’. Ahí se topa usted con un primer gran muro”, dice Ruíz.
¿Y qué sucede cuando el inversionista se encuentra con esas trabas? “(el inversionista) da la vuelta y se lleva sus maletas con el dinero que podía haber traído”, dice Ruíz.
En esta apreciación también coincide el analista económico Julio Raudales, quien observa que “un país que tiene demandas (internacionales) es poco sujeto de inversión”, lo que, a su vez, limita sus posibilidades de crecimiento.
Pocas personas podrían estar más de acuerdo que Erick Brimen, director ejecutivo (CEO) Honduras Próspera Inc. (HPI), quien señaló que, tal como están las cosas en este momento, “las condiciones no están dadas en el país para que vengan grandes inversiones con horizontes de tiempo largoplacistas, porque pese que ha habido grandes posicionamientos muy positivos, la realidad es que los hechos todavía no se acercan a las palabras”, en referencia al cambio de reglas y al consiguiente freno a un buen número de proyectos e inversiones.
Brimen proyecta que, de resolverse el conflicto en torno a las Zedes, el potencial de crecimiento económico para Honduras sería enorme.
“El potencial que nosotros estimamos es que la base industrial a nivel de capital dinero invertido puede incrementar por un factor de 100 (veces) y la empleabilidad puede aumentar 10 (veces) de 500,000 a 5 millones (plazas de trabajo) en tan poco como 10 a 20 años”, visualiza.
El ejecutivo advierte que mantener el conflicto sin resolver envía a los inversionistas el mensaje de que Honduras es un país en el que al Gobierno le gusta pelear con los inversionistas. En contraste, sostiene que, si la actual administración logra resolverlo, ese sería “el mensaje más potente (que Honduras) puede mandar al mundo de inversionistas”.
Para conocer la versión de la parte gubernamental, LA PRENSA intentó contactar al abogado Dagoberto Aspra, titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, hasta el momento de redactar este reportaje, ni el funcionario ni su oficina habían respondido a la solicitud de entrevista para comentar sobre el tema.
Contratos mal gestionados
Retomando lo que dice la representante del Cohep (Yazmina Banegas) la administración pública hondureña presenta graves falencias en la atención y el seguimiento de las peticiones de los contratistas, lo que detona la mayoría de las disputas.
Para prevenir estas crisis, la asesora del Cohep insiste en que se necesita claridad en la redacción de los contratos y un manejo administrativo más diligente, de manera que los instrumentos legales no dejen lugar a dudas o interpretaciones equivocadas.
“Primero que todo, elaborar contratos claros, precisos y lo más amplios posible, de forma tal que no deje ninguna arista suelta. Cuando usted tiene un contrato claro, entonces usted sabe que las reglas están dadas, son claras”, apuntó.
Como complemento, Banegas aboga por el fortalecimiento y la despolitización de las instituciones, en especial de aquellas encargadas de defender al Estado cuando surgen este tipo de disputas, como la PGR.
“El problema que tenemos en Honduras es que tenemos demasiado politizadas nuestras instancias y esto hace que a la hora de tener la representación, a la hora de defender un caso, muchos son abogados jóvenes que carecen del expertise, de la experiencia necesaria para un juicio de este tipo”, refirió Banegas.
Litigar, el último recurso
Como recomendación final, el analista Raudales, sostiene que la vía judicial debe ser siempre el último recurso, por lo que se deben priorizar los acuerdos prejudiciales y la mediación.
“Siempre hay una primera etapa de conciliación... la idea es que ahí se sienten las partes y empiecen a verificar qué posibilidades hay de cumplimiento de los elementos que ya fueron firmados; no hay que esperar que estas cuestiones se asciendan a instancias judiciales”, advierte Raudales, quien señala que el costo siempre termina siendo muy elevado para la parte que pierde el caso.
A fin de prevenir futuras disputas, el analista propone trabajar de forma metódica en la mejora de los indicadores globales de competitividad y orientar las reformas en esta materia principalmente a eliminar la corrupción y proteger los derechos de propiedad.
La cantidad de litigios que un país mantiene ante instancias internacionales es uno de los factores que los potenciales inversionistas sopesan al decidir si llevan o no sus capitales a ese destino.
En momentos en que Honduras necesita con urgencia la llegada de capital en grandes cantidades, la pronta solución de los conflictos que allane el camino para esas inversiones se perfila como un deber ineludible de las autoridades, en una cruzada por crear las condiciones que fomenten el crecimiento económico y los empleos que tanto se necesitan.
La factura de la incertidumbre es alta y, hasta ahora, es al hondureño de a pie a quien más le ha tocado pagarla.
