La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer en un comunicado que Honduras Próspera Inc. redujo su demanda económica contra el estado de Honduras en un 85%, de 10,700 millones de dólares a 1,630 millones de dólares.
“Nuestro objetivo es trabajar con Honduras para generar inversión, crecimiento económico y empleos”, expresó Próspera Honduras en un comunicado difundido ayer.
“La Procuraduría General de la República informa al pueblo hondureño que el 15 de octubre de 2025, finalmente recibió el Memorial de Demanda en el caso iniciado por Próspera Inc. y otros, cuyo reclamo se redujo de su cifra inicial de $10,775 millones de dólares, presentada en su Solicitud de Arbitraje, a $1,630 millones de dólares, lo que representa una reducción del 85%”, indica un comunicado de la PGR.
De acuerdo a la comunicación oficial, esto refleja “la solidez de la defensa jurídica del Estado y confirma el carácter especulativo de un arbitraje injusto e improcedente”.
Señala que el marco jurídico de las extintas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fue declarado inconstitucional con efectos ex tunc por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 20 de septiembre de 2024, dejando establecido que: "Se declara protegida la inversión de las sociedades o empresas constituidas de buena fe que pretendían convertirse en zonas de empleo y desarrollo económico, así como su propiedad, adquirida de buena fe y de conformidad a nuestras leyes y disposiciones constitucionales".
Próspera señala que busca seguir desarrollando su proyecto
Por su parte, Honduras Próspera Inc. (HPI) informó que redujo significativamente el monto de su demanda contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al cuantificar su reclamo actual en 1,630 millones de dólares, frente a una estimación inicial de 10,700 millones de dólares.
La reacción surge tras el comunicado emitido por la PGR sobre el arbitraje internacional en curso entre HPI y el Estado hondureño. La compañía explicó que la cifra actualizada refleja una “valoración conservadora” y que su propósito principal no es obtener compensación, sino restablecer sus derechos legales bajo el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El proceso se desarrolla ante el CIADI, una institución del Banco Mundial encargada de resolver disputas entre inversionistas y Estados. HPI sostiene que la actuación del Gobierno hondureño habría violado los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) y en el Acuerdo de Estabilidad Jurídica firmado con la empresa, que garantizaba una estabilidad normativa de 50 años.
Según la compañía, la firma consultora Berkeley Research Group valoró el plan de negocios a 30 años en un rango promedio de 10,600 millones de dólares, con un potencial de hasta 26,400 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025. Sin embargo, el monto reclamado en el arbitraje se redujo a una cifra “altamente conservadora” en comparación con ese valor proyectado.
HPI reiteró que su “resolución preferida” es alcanzar un acuerdo de cooperación con el Estado hondureño para continuar con el desarrollo del proyecto en Roatán. “Nuestro objetivo es trabajar con Honduras para generar inversión, crecimiento económico y empleos”, expresó la compañía en su comunicado.
El Memorial del caso, que contiene los fundamentos jurídicos y fácticos de la reclamación, será publicado próximamente, indicó la empresa. “El público podrá constatar la solidez del caso y el compromiso de HPI con la prosperidad compartida del país”, concluyó el texto.
