La Zede Próspera denunció que el cierre de una empresa de Texas, Estados Unidos, y con oficinas en la isla de Roatán, que opera bajo su estructura, constituye un ataque ilegal en contra de la inversión extranjera por parte de la alcaldía de ese municipio.
En las oficinas laboran al menos 37 empleados hondureños que bindan servicios de outsourcing “bien remunerados” y la acción de la alcaldía podría “afectar seriamente la reputación internacional de Roatán y las oportunidades de inversión en el país”, señala la Zede en un comunicado.
Según el alcalde Ron McNab, el cierre de la empresa obedece a que esta no tiene permiso de operación ni ha pagado impuestos al municipio, sin embargo, Próspera argumenta que la empresa opera bajo el régimen Zede y las regulaciones, impuestos, salarios y permisos fueron establecidos por el Congreso Nacional.
“En una preocupante demostración de abuso de poder, violando las garantías procesales que establece la Constitución y los tratados internacionales, el Gobierno de Honduras ha lanzado un ataque injustificado contra una empresa con sede en Texas, Estados Unidos. Sin previo aviso, sin orden judicial ni audiencia, una docena de policías y varios vehículos intentaron forzar su entrada en la propiedad privada que alberga la empresa texana que opera dentro de Próspera Zede”, señala el comunicado.
“Esta acción arbitraria llevada a cabo por la Municipalidad de Roatán y elementos de la Policía Nacional no solo amenaza los empleos existentes, sino también la capacidad de Honduras para atraer inversión y el desarrollo económico que esto conlleva”, agrega.
Según el documento, la empresa afectada, además de Texas y Honduras, tiene operaciones en India y México y brinda servicios a más de 13 empresas internacionales”.
“El ataque sin ley contra sus operaciones en Honduras indudablemente tendrá repercusiones globales”, agrega el documento.
“Las empresas en Próspera ZEDE están sujetas a un régimen fiscal especial autorizado por el Congreso Nacional, y cobrarles tarifas e impuestos indebidos constituye el delito de exacciones ilegales, tal como se define en el artículo 483 del Código Penal”.
Próspera Zede condena enérgicamente estos ataques, que carecen de base legal y ponen en riesgo el bienestar de al menos 37 familias hondureñas. Las comunidades internacionales y locales deben tomar nota de este ataque a los derechos fundamentales de libre empresa y al derecho de los hondureños de acceder a empleos dignos, estables y bien remunerados, puntualiza.
