San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Departamental de Educación de Cortés inició un proceso de revisión e investigación de varios centros educativos públicos por presuntas irregularidades en el manejo y liquidación de fondos propios y recursos del Trabajo Educativo Social (TES), luego de detectar que algunas instituciones no han presentado los informes financieros correspondientes.
Entre los centros educativos señalados por no liquidar sus fondos propios figuran el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) y el centro Educativo Soledad Fernández Cruz, según informó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés.
El funcionario explicó que, durante la revisión de los informes financieros, encontraron instituciones que mantienen pendientes las liquidaciones de sus fondos propios y otras que presentan inconsistencias en la ejecución del trabajo educativo social, debido a que no habrían seguido los lineamientos establecidos por las autoridades educativas.
"Ya no vamos a seguir perdonando ni permitiendo que se utilice de mala forma el dinero, porque esta es una administración diferente. Tenemos que actuar con transparencia y hacer prevalecer la ley", manifestó Rodríguez.
A las revisiones administrativas se suman señalamientos preliminares sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Trabajo Educativo Social en centros educativos de la zona norte.
Entre la información que está siendo objeto de revisión figuran facturas por supuestos pagos de hasta 300,000 lempiras por limpieza de áreas verdes, además de gastos de alimentación y otras actividades.
También se mencionan cobros de 600 lempiras a 730 estudiantes para cubrir actividades relacionadas a temas educativo sociales, una fiesta y una cena. De confirmarse que todos los alumnos realizaron el pago, la recaudación ascendería a 438,000 lempiras.
Durante las conversaciones sobre el caso también surgieron referencias a montos superiores a 620,000 lempiras y posibles inconsistencias en las liquidaciones presentadas.
Otra de las situaciones que las autoridades deberán esclarecer es el supuesto uso de una misma factura para justificar gastos con dos fuentes de financiamiento diferentes: los fondos del Trabajo Educativo Social y los recursos propios de los centros educativos.
Rodríguez recordó que las compras y contrataciones superiores a 100,000 lempiras deben respaldarse con tres cotizaciones, conforme a los procedimientos de contratación estatal. Asimismo, señaló que las facturas deben cumplir los requisitos fiscales y contar con el Código de autorización de impresión (CAI) correspondiente.
El director departamental advirtió que, si la documentación presentada no coincide con los gastos ejecutados, las autoridades podrían intervenir directamente los centros educativos para verificar cómo se administraron los recursos.
Rodríguez explicó que el incumplimiento de los procedimientos puede derivar en sanciones administrativas, suspensiones e incluso procesos judiciales, dependiendo de la gravedad de las irregularidades y de los montos involucrados.
El funcionario también señaló que las instituciones que presenten inconsistencias tendrán la oportunidad de subsanar y entregar la documentación correspondiente para que las autoridades puedan verificar si los informes coinciden con los gastos realizados.
Consultado sobre el caso del Instituto Técnico Alemán, que anteriormente estuvo bajo intervención, Rodríguez informó que la etapa de investigación ya concluyó y que actualmente se desarrolla el proceso administrativo para cerrar el expediente y remitirlo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, adelantó que durante la próxima semana espera contar con información más detallada sobre los centros educativos involucrados y los montos que están bajo revisión.
Como fueron mencionados por el Director Departamental de Educación, LA PRENSA buscó reacciones de algunos directores de los colegios mencionados por el funcionario. Se contactó a la directora del Centro Educativo Soledad Fernández Cruz, Alma Murillo, quien manifestó desconocer las situaciones señaladas por el director departamental de Educación.
Por su parte, Wilson Mejía, director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), rechazó los señalamientos y aseguró que los recursos del Trabajo Educativo Social son administrados por los estudiantes con el acompañamiento de un cuerpo de asesores del programa.
"Le repito, ese dinero lo manejan los alumnos con un cuerpo de asesores de TES. A última hora inventan cosas que no están en el marco de la ley, expresó Mejía.
El director agregó que, en lugar de emitir opiniones sobre el manejo de los recursos, las autoridades deberían aplicar los procedimientos que consideran necesarios para corregir cualquier irregularidad.
Su respuesta se produce luego de que el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, anunciara revisiones a las liquidaciones y advirtiera que podrían intervenir los centros educativos si encuentran inconsistencias en los informes financieros.
